La noche del domingo al lunes, el Ejército de Israel bombardeó el campamento de refugiados situado en el barrio Tal al-Sultan de Rafah, un lugar que no se había ordenado evacuar. El ataque mató a varias personas y provocó un gran incendio al prender las tiendas de plástico en las que dormían los refugiados. Los equipos de rescate contabilizaron al menos 50 personas muertas, la mayoría mujeres y niños. Al margen de la nula credibilidad de las habituales excusas del Ejecutivo israelí, el bombardeo realizado con premeditación, alevosía y nocturnidad, no tenía otro objetivo que aterrorizar a la población palestina para que abandone su hogar.

El ataque se produjo apenas 48 horas después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara a Israel el «cese inmediato» de la ofensiva militar sobre Rafah, lo que significa que el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha dejado bien claro a la comunidad internacional que no piensa hacer caso ni de las resoluciones ni de los tratados internacionales, y mucho menos respetar los derechos humanos. Israel no piensa detener el genocidio contra la población de Palestina. En este contexto, la decisión de Noruega, Estado español e Irlanda de reconocer el Estado de Palestina es un paso positivo, pero que llega muy tarde y tiene un efecto muy limitado. Reconocer a Palestina y, a pesar de la barbarie, seguir manteniendo relaciones diplomáticas normalizadas con Israel no se sostiene. Es necesario ir un paso más allá para detener el genocidio. De momento, desde que comenzó la operación de Gaza, solamente Bolivia, Belice y, a principios de mayo, Colombia han roto relaciones diplomáticas. Una decisión que también puede tomar la Unión Europea dejando sin efecto el acuerdo de asociación con Israel, un pacto comercial preferencial vinculado al respeto a los derechos humanos. Y, por supuesto, detener todos los envíos de armas a Tel Aviv.

La actuación del Ejecutivo de Israel no deja lugar a dudas sobre sus intenciones genocidas en Palestina. El constante desprecio a las instituciones internacionales y a los derechos humanos exige a la comunidad internacional tomar con urgencia medidas de presión mucho más contundentes.