EDITORIALA

Crecen los ataques a la libertad de expresión

El pasado 22 de septiembre varios miembros de la organización juvenil Ernai se encadenaron y cortaron el tráfico en la Subdelegación del Gobierno español en Bilbo y en la comisaría de la Ertzaintza de Gasteiz para protestar por el encarcelamiento de Aitor Zelaia y Galder Barbado, condenados por la Audiencia Nacional española. En aquellas protestas, la Policía autonómica identificó a 133 jóvenes, a los que ahora se les ha impuesto multas que van desde los 1.500 hasta los 2.500 euros y que en conjunto suman 290.500 euros. Los portavoces de la organización juvenil anunciaron que recurrirán estas sanciones por vía judicial.

Ernai calificó de «desproporcionadas» las multas y señaló que se trata de un ataque directo contra la organización juvenil con el que buscan hipotecar su actividad política para que el proyecto independentista no avance. Es evidente que detrás de esta desmesurada sanción hay una decisión política del Departamento de Seguridad del Gobierno de Lakua de arremeter contra la juventud independentista de izquierdas y de condicionar su acción política, utilizando además una ley que ha sido ampliamente cuestionada porque amenaza seriamente los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, amén de proporcionar una alta discrecionalidad a la Policía. La multa contra Ernai vuelve a confirmar que la Ley Mordaza es un arma contra la disidencia política que el Gobierno de Lakua ha aprendido a utilizar con profusión y destreza contra cualquier disidencia.

La desproporcionada sanción a la organización juvenil se enmarca en un contexto más amplio de ataques al derecho a la libertad de expresión que se están extendiendo a lo largo del continente. No solo son las declaraciones de Ursula von der Leyen a favor del «pre-bunking», una forma fina de decir censura previa, sino que esta misma semana un seminario académico celebrado en la UPV/EHU ha sido objeto de presiones -que han sido atendidas por el propio rectorado de la Universidad- para que se eliminara una comunicación de un debate académico. El discurso del poder se resquebraja y la respuesta consiste en atacar la libertad de expresión.