La aplicación desproporcionada por parte de la Ertzaintza de la «Ley Mordaza» contra la organización juvenil Ernai, a cuyos militantes se ha castigado con un montante de 290.500 euros a cuenta de dos protestas en Bilbo y en Gasteiz, es un caso evidente de persecución política. Para empezar, se les aplica una ley injusta y punitivista implantada hace una década por el PP, que debería estar derogada si el Ejecutivo de Madrid cumpliese su palabra y si el Gobierno de Lakua asumiese los mandatos democráticos de su Parlamento.

La fórmula utilizada por la Ertzaintza para castigar a los y las jóvenes independentistas, con un informe único y calcado para todos los casos y con la aplicación más rigurosa para una protesta pacífica, responde además a una pulsión política clara que nada tiene que ver ni con el orden público ni con la justicia. Por ejemplo, se castiga por igual cortar el tráfico que portar un cartel y la multa es la misma para las personas responsables de la protesta que para el resto de jóvenes identificados. Se les aplica el segundo tramo de la «Ley Mordaza» a todos y todas por igual, por el hecho de estar en la calle denunciando el encarcelamiento de Aitor Zelaia y Galder Barbado.

Hay que recordar que la condena contra estos dos jóvenes a cuatro años de cárcel por un delito de «depósito de elementos para la confección de aparatos explosivos e incendiarios» es un despropósito de principio a fin. Básicamente, están presos por ser vascos y jóvenes, y es lógico que se denuncie un proceso así. Empezando por el atestado de la Ertzaintza que luego no pudieron sostener en sede judicial, pasando por el juicio desarrollado en la Audiencia Nacional bajo una legislación de excepción y con pruebas ridículas, y terminado con una sentencia extemporánea y desproporcionada, esta causa es una gran injusticia.

MENTALIDAD REPRESIVA Y ERRORES DE CÁLCULO

En general, la sociedad vasca tiene un problema si no se puede protestar con normalidad contra injusticias así. Algunos dirán, «claro que pueden, pero se tienen que atener a las consecuencias». Siempre es positivo que los autoritarios se desenmascaren. Esa postura solo puede partir del desconocimiento de los hechos, de la mala fe o, simplemente, de estar contra derechos fundamentales como la participación política o la libertad de expresión. En lo concreto, es una despedida penosa por parte de Josu Erkoreka.

Atendiendo a la historia de la Ertzaintza, parece claro que el objetivo policial de esta operación es hipotecar a esa organización juvenil, condicionar su práctica política y criminalizarles. Ernai defiende la construcción de una Euskal Herria «libre, socialista y feminista», siempre desde la perspectiva del movimiento juvenil. Tras más de diez años de andadura, en el contexto del cambio de estrategia y del auge del independentismo de izquierda, se ha convertido en una estructura de politización para una parte importante de la juventud vasca, parte de un legado de lucha y, a su vez, con una cultura militante diferenciada y reconocible.

Si de verdad se sostiene que se ha abierto un nuevo ciclo político en Euskal Herria y que el independentismo de izquierda es uno de sus principales protagonistas, hay que atender a lo que le pasa a esa juventud. También a lo que hace y defiende.

Este castigo tiene un ánimo ejemplarizante y, sobre todo, paralizante. No lograrán esos objetivos, pero en el camino generarán unos costes, desviarán energías e inversiones, y desenfocarán un tanto la realidad. También provocarán una ola de solidaridad, cohesionarán a una comunidad y vincularán a más jóvenes a la lucha por la emancipación.

Nunca hay que dejar a policías a cargo de estrategias políticas. A la larga, aunque provoquen un daño injusto y cruel, siempre les sale el tiro por la culata.