El Departamento de Vivienda del Gobierno de Gasteiz informó ayer de que ha activado el procedimiento para declarar el municipio de Errenteria zona residencial tensionada. Responde así a la petición que en febrero hizo el Ayuntamiento de la localidad, que se convierte en el primero de los 43 municipios que cumplen los requisitos que establece la Ley por el Derecho a la Vivienda -que acaba de ser avalada por el Tribunal Constitucional- para ser declarados zonas tensionadas. Este instrumento tiene como principal objetivo limitar el precio del alquiler, aunque incluye asimismo otros mecanismos como los planes de acción con el objeto de estimular la oferta de vivienda asequible.

Una decisión encomiable del equipo de gobierno de Errenteria, que tomó la iniciativa para tratar de encauzar una situación que no hace sino empeorar, como certifican todos los datos que se publican. El informe del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (Coapi) señalaba hace unos días que la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido prácticamente en un 30%. Al mismo tiempo, apuntaba que los alquileres están en máximos, con un alza del 6,6% en Gipuzkoa y del 9,3% en Donostia. Subidas que también se registran en la compraventa de viviendas, con un aumento del precio del metro cuadrado entre el 4% y el 7%. Unos porcentajes algo más bajos que los que ofrece el INE español para Hego Euskal Herria, pero que, en cualquier caso, marcan una tendencia muy clara. Además, esos incrementos en los precios se producen a pesar de que el número total de ventas es bajo, lo que viene a certificar que la vivienda se ha convertido en un buen negocio, en una inversión lucrativa a costa de un derecho fundamental.

El presidente de la Coapi calificaba la situación como de «inaccesibilidad» y apuntaba que la causa es que en su momento se dejó la vivienda al mercado. Y en un mercado libre son los poderosos los que marcan la pauta, ya sean fondos de inversión o plataformas de alquiler turístico. Por eso es tan importante para garantizar el derecho a la vivienda que el ejemplo de intervención pública de Errenteria se extienda.