Puigdemont apura los plazos tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía

El BOE publicó ayer la norma aprobada el pasado 30 de mayo en el Congreso de los Diputados de Madrid. Restan como mucho dos semanas para el pleno de investidura en Catalunya y el juez tiene que escuchar a las partes antes de levantar las medidas decretadas contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

La norma conocida como Ley de Amnistía «para la normalización institucional, política y social» en Catalunya fue publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado español (BOE), trámite que certifica su entrada en vigor.

La medida, que el Congreso de Madrid respaldó en el pleno del pasado 30 de mayo con mayoría absoluta, nació de los pactos del PSOE con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, y su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023.

Una vez publicada la ley, los jueces y tribunales disponen de dos meses para aplicarla. Eso sí, ese plazo se detendrá si se eleva una cuestión a la Justicia europea. También se abre el plazo de presentación de recursos de inconstitucionalidad, y al menos el PP ya tiene anunciado que la impugnará.

Una de las cuestiones más candentes es el regreso de los exiliados, en especial el del expresident Carles Puigdemont. Para ello, el juez Pablo Llarena debe dejar sin efecto la orden de detención. El magistrado reiteró que mantiene vigente y activa dicha orden, y dio un plazo de cinco días a las partes (Fiscalía y defensa) para que se pronuncien.

TOPE, 25 DE JUNIO

Carlos Puigdemont, cabeza de lista por Junts en los recientes comicios autonómicos, anunció su intención de estar presente en el pleno de investidura, previsto para finales de este mes, pero solo restan dos semanas -la fecha tope es el 25 de junio- y se antoja complicado que Llarena haya resuelto para entonces.

El secretario general de esta formación, Jordi Turull, auguró que «comienza una nueva batalla que en un Estado social y democrático de derecho de verdad no haría falta». Las defensas jurídicas de los 37 encausados de ERC presentaron ayer mismo sus peticiones formales para reclamar que se les aplique esta ley.

Entre los encausados que piden la amnistía figuran el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras; los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó y Meritxell Serret; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, además de Anna Simó, Ruben Wagensberg, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, Natàlia Garriga o Xavier Vendrell.

Al igual que Llarena, otras salas que juzgaron a líderes independentistas solicitaron a las partes que se pronuncien. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dio 10 días para que le remitan los informes en relación a la causa por malversación por los preparativos del 1-O, que afecta a los cargos de ERC Josep María Jové y Lluís Salvadó y está pendiente de juicio, así como las condenas por desobediencia a Artur Mas, Quim Torra, el exalcalde y exconseller de ERC Bernat Solé y el exdiputado de la CUP Pau Juvillà.