Las fotos proporcionadas por la propia Comisión Europea fueron elocuentes. En una mesa, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, rubrican el acuerdo mientras la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, preside la escena, asegurándose de que ambos firman donde corresponde. Con el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Unión Europea se quita una molestia incómoda de encima, Pedro Sánchez gana oxígeno pero enfada a sus socios, y Alberto Núñez Feijóo marca perfil propio dentro de las movidas aguas de la derecha española.

Tras cinco largos años de bloqueo provocado por el PP, los dos principales partidos españoles acordaron finalmente ayer la composición del nuevo órgano rector del poder judicial, del que formará parte, a propuesta del PSOE, Esther Erice, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa e integrante de Jueces y Juezas para la Democracia.

El acuerdo, firmado en Bruselas, llegó el mismo día en el que los negociadores conservadores, socialdemócratas -entre ellos Pedro Sánchez- y liberales acordaron un nuevo reparto de los grandes cargos comunitarios, con la alemana Ursula von der Leyen al frente de la Comisión, el portugués António Costa en el Consejo y la estonia Kaja Kallas como jefa de la diplomacia. Los Estados y la Eurocámara deberán validar ahora el acuerdo.

Según lo publicado, los 20 vocales del CGPJ fueron propuestos a partes iguales por PP y PSOE, lo que podría dar especial relevancia al voto de calidad del presidente del órgano, que será elegido por los propios vocales y que ayer se aseguraba que todavía no estaba decidido.

Además del desbloqueo del CGPJ, que entre otras cosas tiene pendiente el nombramiento de casi cien jueces, Bolaños y González Pons también acordaron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el pretendido objeto de «reforzar la independencia» de jueces y juezas, así como el nombramiento de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. El elegido para el puesto fue el conservador José María Macías.

CRÍTICAS GENERALIZADAS DE LOS SOCIOS

El acuerdo en exclusiva entre PP y PSOE, más propio de décadas pasadas, provocó un evidente malestar en el seno de la mayoría de investidura. Desde EH Bildu señalaron que el CGPJ es «la máxima expresión de la justicia española y de su evidente sesgo antidemocrático» y que una renovación «pactada exclusivamente con el PP no arreglará ese carácter» ni «resolverá el problema de fondo». Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, mostró su sorpresa porque un pacto así haya llevado tanto tiempo, aseguró que nadie les había avisado de nada y apuntó que no van a «votar a nadie».