El Tribunal Supremo español acordó ayer que los exmiembros del Govern condenados o acusados de malversación no pueden acogerse a la amnistía. De este modo, el juez instructor Pablo Llarena decidió mantener las órdenes detención contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, que se hallan exiliados. A su vez, el magistrado Manuel Marchena se negó a levantar la inhabilitación que pesa sobre Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

Pensar que se trata de un debate jurídico sobre lo que pone en la Ley sería absurdo. La voluntad del legislador de amnistiar toda causa relacionada con el proceso soberanista catalán era más que evidente, como recoge el voto particular que se opone al auto de Marchena y como recordaron ayer desde el propio Gobierno español. Es, simple y llanamente, la constatación de que el estamento judicial español no tiene empacho en ignorar la ley con tal de mantener lo que entiende que es su labor suprema, por encima de cualquier tipo de consideración jurídica y constitucional: salvaguardar la unidad de un Estado español que identifican con su retrógrada escala de valores y castigar de forma ejemplar y vengativa a todo quien la desafíe. Es una rebelión togada que se expresa, además, en términos soberbios y arrogantes, ya que los jueces, lejos de intentar ganar tiempo acudiendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como se esperaba, optan directamente por hacer su propia interpretación y criticar con dureza, de paso, la aprobación de la Ley por parte del Congreso. Luego se hacen los indignados cuando se critican decisiones judiciales desde la arena política.

La decisión del TS pone negro sobre blanco el problema existente con los jueces en el Estado español. Al PSOE debería hacerle reflexionar sobre la idoneidad del pacto que acaba de firmar con el PP para repartirse el CGPJ a partes iguales, ignorando a la mayoría de investidura. Será difícil tomarse en serio el plan de regeneración democrática que anuncia con pompa Pedro Sánchez si no hay mención alguna a la amenaza para la democracia que supone el poder judicial español.