Un joven estudiante y activista saharaui lleva diez días retenido en el aeropuerto de Loiu, según se conoció ayer. Las dos peticiones de asilo que ha cursado han sido rechazadas por el Ministerio del Interior español y en este momento corre peligro de ser expulsado hoy mismo a Marruecos, donde probablemente terminará encarcelado, como ya ocurrió con otro activista saharaui que fue expulsado de Tenerife y lleva desde entonces preso. En Loiu existe además el precedente de la expulsión de un joven egipcio a su país en noviembre pasado.

Este es un claro ejemplo de cómo funciona el Pacto sobre Migración y Asilo que firmaron los países de la Unión Europea el pasado mes de abril. El principal objetivo de ese acuerdo era acortar el procedimiento de asilo, de modo que se pudiera expulsar cuanto antes a las personas que demandan protección en la Unión Europea. Unos plazos más cortos generan indefensión, ya que recortan el tiempo para la presentación de pruebas, lo que dificulta enormemente la defensa de la demanda, como denunciaron ayer lo abogados que asisten al joven saharaui. Por otra parte, sin la firma de ese pacto, el Estado español ya destacaba como uno de los países que menos peticiones admite. Los datos de 2023, que Zehar Errefuxiatuekin hizo públicos recientemente, muestran que Madrid apenas aprueba el 12% de las peticiones presentadas, frente a un 42% de media en el conjunto de la Unión Europea. La deshumanización y la denegación de asilo -un derecho fundamental- tiene profundas raíces en el Estado español.

En este caso las autoridades españolas tienen una obligación añadida, no solo por su responsabilidad histórica en la actual situación del Sahara, sino también por la cobertura que dan a Marruecos en sus planes anexionistas. El régimen marroquí se ha distinguido por violar sistemáticamente los derechos humanos, no solo de los activistas saharauis, sino también de los migrantes que atraviesan el país o de los militantes de la oposición. En este contexto, expulsar al joven activista saharaui supondría colaborar con un régimen que no cumple los mínimos estándares democráticos.