Racismo institucional, una cuestión nada excepcional

Un joven es requerido para un registro al que no se opone, lo cual no mitiga la agresividad de los policías, y pregunta por la razón del cacheo. Ello es motivo para ser golpeado, pisoteado y conducido a comisaría. Sucedió en Nafarroa, y es uno de los dos casos que ilustran el informe anual de SOS Racismo sobre denuncias en el Estado español. No se trata de casos aislados, ni en el Estado ni en Nafarroa. El informe refiere 569 denuncias relacionadas con incidentes racistas o discriminatorios, solo durante el pasado año, de los cuales un 34% está relacionado con el racismo institucional y el resto con conflictos y denegaciones de prestaciones y servicios tanto públicos como privados.

Esa casuística refleja «el efecto en el día a día de los discursos que aparecen en la esfera política, mediática y redes sociales», que da cierta apariencia de normalidad al racismo y la discriminación. Resulta más grave y preocupante si cabe que esa «normalidad» tenga aceptación en las instituciones. La predisposición al abuso y desprecio hacia las personas racializadas por parte de los cuerpos policiales, actitud recurrente, denota en sus responsables, en el mejor de los casos, desidia y nula preocupación al respecto. El racismo policial supone el 83% de los 215 incidentes de racismo institucional, lo cual, afirma SOS Racismo, «merece una reflexión como sociedad», toda vez que ese tipo de hechos se repiten en todos los territorios implicados en el informe, y le dedica uno de los dos capítulos monotemáticos que incluye en él; el otro analiza el racismo en el ámbito del empleo doméstico y de cuidados.

No son hechos aislados, sino la manifestación más cruda de «una violencia estructural o cultural». En efecto, no se trata de un fenómeno nuevo, pero sí pendiente de ser abordado en profundidad, y con premura. Estos casos interpelan a las instituciones en general, pero también a la ciudadanía, que debería percibirlos como ataques contra parte de ella misma, al igual que las normas que en vez de impedirlos los facilitan. Una vez más resulta inevitable referirse al modelo policial, a cuyo cambio también alude SOS Racismo en su informe.