El curso de la UPV-EHU «Humanizar la prisión, esperanza y reto para el modelo penitenciario vasco» era una oportunidad para conocer de primera mano la visión de la nueva consejera de Justicia de Lakua, María Jesús San José, sobre la cuestión de las cárceles y las personas presas. Esta área de su consejería es delicada, tiene importancia y trascendencia. Por eso, y porque el balance previo era razonable, ha sorprendido que el PSE demandara esa cartera y que el PNV la entregara. En un Ejecutivo que peca de extenso, las necesidades y un punto de inconsciencia han podido llevar a este reparto. Con sus complejidades, este es un terreno donde hay consenso y una gestión eficaz, algo a salvaguardar cuando se deben cerrar frentes, no abrir nuevos.

En la apertura del curso, fue llamativo que San José centrase gran parte de su discurso en las personas condenadas en relación con ETA, cuando tan solo son un 10% de la población reclusa y responden a una excepcionalidad judicial y a una realidad psicosocial incomparable. Que su primer acercamiento al tema retome una retórica pasada, marcando condiciones más allá de lo que dice la ley y priorizando criterios subjetivos, es frustrante. Más aún cuando en la anterior legislatura, tras lograr la transferencia de las prisiones, comenzó un camino que todas las partes afectadas consideran limitado pero fructífero. Entre otras cosas, el cambio de rumbo y la apuesta por un régimen de semilibertad ha supuesto limitar la excepcionalidad y dar avances en la salvaguarda de los derechos de todas las personas presas, de sus familias, y también de las víctimas. Queda mucho por hacer, tal y como señaló en este curso el hasta ahora responsable, Jaime Tapia.

El jurista vasco fue crítico con el punitivismo, mientras que el responsable estatal de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, recordó que el Estado español es «el cuarto país de Europa que más tiempo mantiene a la gente en prisión», algo que se ha que revisar. Existe una sintonía y un consenso transversal basado en los derechos humanos y en una visión no vengativa de la Justicia. Los Gobiernos de Gasteiz y Madrid y las fuerzas políticas deben profundizar en esta línea.