La vivienda no puede seguir siendo un problema

No nos vamos a andar con rodeos: la vivienda es uno de los principales problemas de nuestra época. Un 25% de la ciudadanía vasca piensa que la vivienda es el principal problema de Euskadi en contraposición al 10% que eran en 2021. También el CIS de marzo sitúa la vivienda como el quinto problema (con un 7,3%) para las vascas y vascos tras la sanidad, el paro, los problemas políticos y la crisis económica.

Basta un vistazo a los datos para entender por qué: según el propio gobierno vasco, el 82% de los y las vascas carece de ingresos para emanciparse. De un año para otro el precio del alquiler libre ha subido un 5%, alcanzando los 1.036 euros en Donostia. La CAV es una de las seis comunidades que superan los 1.000 euros de media de alquiler de un piso de 80 metros cuadrados (1.288 euros). En la actualidad, y de media, los hogares vascos destinan el 41,1% de sus ingresos a la renta, once puntos por encima de lo deseable, según la mayoría de expertos.

Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Bueno, las causas son variadas y es difícil hacer un único diagnóstico, pero sí hay algunas cuestiones clave:

En primer lugar, la vivienda se ha entendido como una inversión y un bien de mercado, en lugar de como un derecho. Es decir, se ha primado la compraventa, la especulación y la construcción por encima del acceso de la población a un techo digno.

No estamos hablando de sectores más o menos amplios de las clases medias que adquirían una segunda vivienda como forma de inversión o ahorro. Estamos hablando de fondos de inversión privados, la mayoría de ellos extranjeros, que buscan por encima de todo maximizar beneficios. Su entrada en el mercado inmobiliario se ha traducido en subidas abusivas de alquileres y, en el peor de los casos, en desahucios: en el 2023 se produjeron 26.000 desalojos con orden judicial, la mayoría de ellos en viviendas en alquiler. Otro ejemplo: en Donostia se destina el 10% de la vivienda en alquiler a uso turístico.

A todo esto hay que sumar la inacción de buena parte de los poderes públicos, que solo ahora y de forma parcial se han empezado a tomar en serio el problema. Pero lo cierto es que seguimos sin limitaciones reales en el precio de los alquileres o hipotecas; sigue habiendo desahucios y tampoco se ha hecho nada por aumentar el número de viviendas públicas a precios asequibles que puedan servir para bajar el precio de la vivienda; por ejemplo, en el 2023 apenas se construyó vivienda pública en Euskadi.

Y cuando se ha hecho algo, como la aprobación de la Ley de Vivienda a nivel estatal, el PNV la ha impugnado en el Tribunal Constitucional. Pero es que no solo han torpedeado la ley estatal (exactamente igual que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular), sino que tampoco han desarrollado la Ley de Vivienda de Euskadi, que lleva muerta de risa en un cajón desde el 2015. Llama la atención como el PNV utiliza el autogobierno: en lugar de defender los servicios públicos de calidad o garantizar derechos, prefiere ejercer esas competencias en vivienda para beneficiar a unos pocos.

¿Qué hacer?

En primer lugar, es imprescindible que desde las distintas fuerzas políticas e instituciones se deje algo claro: la vivienda es un derecho, no un bien de mercado. Parece fácil decirlo, pero hay cargos electos a los que algo tan simple se les olvida: la vivienda no es un activo de ahorro, una inversión o un negocio. La vivienda, la vivienda decente y digna a un precio asequible es algo imprescindible para que podamos tener vidas plenas. Nadie puede crear un proyecto de vida, formar una familia o desarrollarse plenamente yendo de piso en piso y con miedo de acabar en la calle por no poder afrontar la próxima subida del alquiler.

Dicho esto, no hay una única solución a un problema complejo, con numerosas aristas y que requiere de medidas coordinadas entre diferentes comunidades autónomas y niveles de la administración. Pero desde Euskadi se pueden hacer, hoy mismo, un buen número de cosas para ir facilitando el asunto:

Primero, paralizar la proliferación de pisos turísticos en la CAV y empezar a suprimirlos, como ya han anunciado que harán en Barcelona. Esto permitiría, por ejemplo, aumentar en un 10% las viviendas alquilables en Donostia.

Segundo, aumentar el número de viviendas disponibles. Hay una doble forma de hacerlo: llenando las viviendas vacías; en Euskadi, según el consejero de vivienda, hay 50.000 viviendas vacías. Pero también es urgente aumentar el parque público de vivienda: lo ideal es que al menos el 20% de las viviendas en Euskadi sea público, con un precio regulado capaz de afectar a la oferta y la demanda.

Tercero, limitar el precio de la vivienda. Es muy sencillo, exactamente igual que se limitó el precio de las mascarillas en lo peor de la pandemia para poner fin a los desmanes del mercado, se tiene que fijar un máximo al precio de la vivienda. Estamos ante una situación de urgencia y hay que actuar acorde a las circunstancias. De la misma forma, urge prohibir los desahucios de forma efectiva y real.

Cuarto, tomarse en serio el problema: urge que, en los próximos presupuestos vascos, se dote de financiación suficiente al pacto de vivienda. No se pueden separar los pactos de país en materia de vivienda (o de salud) de los debates presupuestarios.

Decía hace poco el ministro Pablo Bustinduy que, en el Estado español, «[...]la vivienda se ha convertido en el principal factor diferenciador de clase. Tener acceso a una vivienda [...] determina unos horizontes de vida diferentes que si no puedes». Pues bien, ya es suficiente. Es urgente garantizar que todas tenemos acceso a una vivienda digna. Que podamos tener horizontes vitales dignos. Que tengamos asegurados unos estándares mínimos por el mero hecho de ser ciudadanos. Que se garantice nuestra libertad (nadie puede ser un ciudadano libre si no tiene un techo sobre su cabeza). Que, en resumen, la vivienda no puede seguir siendo un problema. Porque nuestra vida y nuestro futuro importan mucho más que los beneficios de unos pocos.