Stop subcontratación. Por un sector de Intervención Social público

Tradicionalmente, la firma de un convenio sectorial es sinónimo de paz social y, a menudo, se acompaña de un periodo de reflexión y valoración de los acuerdos alcanzados. Tras la firma del convenio colectivo este mes de julio, se inicia un nuevo ciclo para el sector de Intervención Social de Bizkaia. A partir de este momento, se abre una ventana de oportunidad para reformular el modelo sectorial y no vernos abocados a un callejón sin salida en el futuro.

Desde ESK, si bien valoramos muy positivamente el acuerdo dentro de los límites del actual sistema, materializando algunos hitos que previamente parecían alejados de ser logrados, lo hacemos en la misma medida con respecto a los debates y reflexiones surgidas durante el proceso.

Tras más de dos años y medio de conflicto laboral, la debilidad de las costuras mostradas por un modelo de subcontratación generalizada de responsabilidades públicas ha posibilitado una profunda reflexión por parte de las propias trabajadoras y trabajadores de intervención social.

Dicho análisis ha venido de la mano de un salto cualitativo en cuestiones fundamentales que, aun siendo de valoración subjetiva, consideramos claves para el devenir del sector. Por un lado, la visibilización, capacidad de movilización y el florecer de un sentimiento de identidad por parte de las trabajadoras y trabajadores que nos refuerza de cara a futuras luchas. Por otro, como elemento clave en el que venimos incidiendo, el debate de fondo que ha ido emergiendo en las diferentes asambleas organizadas con respecto a lo finito del modelo actual y la necesidad de un cambio de perspectiva en lo que al sector se refiere, apuntando claramente hacia la publificación de este.

ESK empezó esta negociación con el convencimiento político de la necesidad de apostar por la publificación del sector y, tras el proceso de negociación y la firma del convenio, nos reafirmamos no solo desde una perspectiva política, sino que también desde el convencimiento de que la publificación es la única manera de dar viabilidad técnica al sector si queremos dar condiciones laborales equiparables al ámbito público.

El modelo actual está basado en el traslado de esa responsabilidad pública a las entidades privadas mediante una financiación pública insuficiente, con una patronal colaborativa y no exigente con la Administración. Como consecuencia, su falta de responsabilidad con los servicios tiene unos límites inaceptables para las profesionales del sector, una vez más en su mayoría mujeres, y para las personas usuarias de los servicios.

Como ya señalábamos, estamos ante una subcontratación generalizada de responsabilidades públicas llevada adelante por unas entidades que, en la mayoría de las ocasiones y por medio de voluntariado, nacieron para poner en funcionamiento servicios necesarios para la comunidad que no se cubrían desde la Administración. Décadas después, se han convertido en entidades usadas por la propia Administración para eludir responsabilidades en la calidad del servicio, abaratar costos y mirar para otro lado ante las incesantes necesidades a cubrir.

Necesidades y derechos de los innumerables rostros y realidades que atiende este sector, que van desde personas de tercera edad a jóvenes, personas autóctonas y migrantes, personas en situación de extrema vulnerabilidad, en situación de dependencia, mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia de género, entre otros muchos colectivos que, en diferentes momentos de la vida, requieren de un acompañamiento y un apoyo para que esta pueda ser vivida de forma digna.

Reiteramos que las tareas desempeñadas dentro del sector de Intervención Social son funciones de carácter público, financiadas por la Administración, pero gestionadas por un número cada vez mayor de entidades privadas. Esto no es una apreciación, sino una realidad que se traduce en unos datos alarmantes dado que, mientras que el 90% de los servicios son de titularidad pública, en su mayoría la gestión es privada con solo diez empresas públicas de un total de más de seiscientas.

Este modelo, cuyo objetivo final parece no ser otro que hacer negocio de los cuidados, redunda en un empeoramiento de las condiciones laborales, devalúa la labor profesional, y hace más evidente si cabe la escasa relevancia con que cuentan para la propia Administración los derechos de muchos de los colectivos que atendemos.

Como alternativa real para lograr transitar hacia un modelo público es fundamental cambiar el papel que juegan las entidades, luchando fratricidamente por los fondos insuficientes que las instituciones ponen a «concurso», hacia un rol reivindicativo que es esencial ante la falta de compromiso de la Administración. ¿Dónde quedaron aquellas aspiraciones de muchas organizaciones que nacieron con el objetivo de desaparecer tras conseguir que la Administración asumiera su responsabilidad?

Desde la vivencia de ESK en el sector de Intervención Social se ha comenzado una apuesta que nos une y nos unirá más en el futuro: la apuesta por unos servicios de calidad con personal público. Como trabajadoras y trabajadores sentimos que este proceso nos ha fortalecido y hemos realizado alianzas que nos hacen más visibles y dan valor a nuestro trabajo de cuidados. Desde el mundo feminista nos han apoyado y acompañado en todo momento y es que, entre otras muchas reivindicaciones, compartimos una que es esencial, un sistema público de cuidados que garantice nuestros derechos y los de las personas a las que atendemos.

Este es un camino abierto en este proceso de convenio que debemos desarrollar en los próximos años, es nuestra propuesta de sector, y como trabajadoras de este y delegadas y militantes de ESK nos seguiremos implicando al máximo para lograrlo.