Salvador Illa es president de Catalunya. Lo es gracias al desgaste que la represión posterior al 1 de Octubre ha provocado en el independentismo. La falta de una estrategia clara por parte de este movimiento y la división entre sus diversas fuerzas y líderes ha desmoralizado a su base social. En consecuencia, muchas personas que apoyaron el procés se abstuvieron el 12 de mayo, y las fuerzas independentistas perdieron la mayoría de las últimas legislaturas. Illa ha sido elegido gracias a un acuerdo de investidura con ERC que implica un pacto sobre la financiación, una demanda histórica de las instituciones catalanas. Seguramente, el PSC ganó los comicios también gracias a la Ley de Amnistía que el PSOE acordó con Junts para investir a Pedro Sánchez. Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sabotea esa norma y, con el objetivo de imponer su agenda reaccionaria al poder legislativo y ejecutivo, insiste en detener y procesar a Carles Puigdemont. Este no se rinde, y tras siete años de exilio, ayer se presentó en Barcelona.

La aparición de Puigdemont, su discurso y su nueva fuga muestran una vez más las costuras del Estado de derecho en el Estado español, pero también las del independentismo. El respeto a la institucionalidad y al procedimiento parlamentario mostrado por el presidente del Parlament, el también represaliado Josep Rull, indica que la insumisión no se va a extender. Es hora de desmantelar las consecuencias de la represión, de hacer efectiva la amnistía para todas y cada una de las personas encausadas injustamente, desde Puigdemont hasta el último manifestante. De repensar la estrategia, y plantear relevos. Tal y como señalan algunos, Illa fue «el primer defensor del 155», pero también es el último interlocutor de la amnistía. Su incumplimiento es responsabilidad de jueces reaccionarios. Que los dirigentes del PSOE, ni en Madrid ni en Barcelona, defiendan esa norma con una mínima convicción alienta a las fuerzas autoritarias y da un sesgo de veracidad a sus discursos, por lo demás delirantes.

No hay operación jaula viable contra la voluntad democrática de un pueblo. Hay que dar con la llave.