El Gobierno peruano promueve la explotación intensiva de la Amazonía

El Parlamento peruano ha aprobado este año una reforma que permite legalizar las tierras ocupadas en la Amazonía. Los defensores ambientalistas denuncian que la ley promueve la deforestación y la agricultura intensiva. En una región sin apenas presencia del Estado, las economías ilícitas podrán expandirse.

Desde este 2024, las empresas madereras y agrícolas tienen menos dificultades para conti- nuar deforestando la Amazonía peruana. El pasado enero el Parlamento aprobó una modificación en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que, entre otras enmiendas, estipula la legalización de los terrenos ocupados que estén destinados a la explotación económica. Una declaración de intenciones de un Gobierno que, pese a las críticas de los y las ambientalistas, antepone la vertiente económica a la medioambiental. De hecho, las competencias han sido transferidas del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

«Esta ley estipula que la cesión de uso del suelo ya no es necesaria para deforestar y promueve la expansión agrícola. Básicamente, todo se vuelve más vulnerable, y habrá más concesiones, más monocultivo y más deforestación. Además, amenaza a los bosques de conservación comunales y a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario», resume Wilfredo Tsamash, presidente de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín, sobre esta normativa conocida entre sus detractores como «ley antiforestal».

César A. Ipenza, abogado especializado en delitos medioambientales que ha asesorado a dos ministros del Ambiente de Perú, destaca que esta ley permite que «actores privados se apropien de tierras públicas», y subraya dos de las reformas que introduce: «Una es definir el bosque solo desde una visión agrarista. Antes de esta ley, cuando se hacía el proceso de zonificación forestal de los bosques, participaba de forma vinculante el Ministerio del Ambiente, pero a raíz del cambio, quien tiene la voz cantante es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y no necesariamente tomará en consideración al Ministerio del Ambiente. El otro problema es la creación de zonas de exclusión para fines agropecuarios en las que no se requiere la zonificación forestal ni el análisis del suelo: se tomará una decisión sin ninguna herramienta técnica; es una forma de hacer borrón y cuenta nueva con los suelos deforestados».

Asesor externo del departamento de la Fiscalía que lucha contra los delitos ambientales y el crimen organizado en Perú, Ipenza asegura que las empresas legalizarán las irregularidades cometidas. «Las empresas han tumbado ese bosque sin tener la autorización e incluso han entrado en conflicto con algunos pueblos indígenas, en Ucayali particularmente. Todo este avance se demuestra con el del uso de imágenes satelitales cuando ingresaron, eliminaron el bosque y plantaron palma, por ejemplo. Estas empresas se ven beneficiadas por este tipo de normas y han presionado para impulsar la ley con el argumento de que beneficiará a los pequeños y pobres agricultores de la Amazonía», explica, y subraya el uso partidista que se hace del reglamento de deforestación cero de la Unión Europea, el EUDR, que estipula que Bruselas no importará productos que sean resultado de un proceso de deforestación.

La indignación es generalizada en Perú, donde el Ejecutivo tiene el índice de popularidad más bajo de la historia: nadie respeta a la presidenta, Dina Boluarte, connivente con el fujimorismo y acusada de enriquecimiento ilícito. Pero tampoco hay esperanza en que otros cambien esta dinámica en un país que basa su economía en la producción agrícola y la extracción de materias primas. «La ley dice que solo se aplicará en los terrenos que estaban [ocupados] antes de aprobarse, pero nuestra experiencia nos dice que volveremos a tener otros congresistas populistas como estos que digan ‘si se hizo antes, por qué no hacerlo nuevamente’. Y así, en cinco años, tendremos una nueva ley que permita la deforestación. Y esto tiene implicaciones penales. Según nuestro Código Penal, la gente puede ir a prisión por deforestar un bosque, pero esta norma facilita la impunidad: los procesos penales en curso se caerán ya que las empresas procesadas pueden ampararse en esta ley para no ser sancionadas», reconoce Ipenza, quien sostiene que el Gobierno prevé un récord en el número de tierras tituladas en Perú.

Esta polémica norma encontró reservas en un amplio espectro de la sociedad y en las propias autoridades públicas competentes, entre ellas la entonces ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, quien aseguró que «regulariza las actividades ilegales vinculadas a la deforestación, generando presión en el bosque en pie, emisiones de gases de efecto invernadero y acelerando la pérdida de nuestro patrimonio natural».

Por ello, porque atenta contra el ecosistema amazónico, organizaciones civiles que consideran esta ley inconstitucional tratan de impugnarla. Alegan, entre otras razones, que el derecho de consulta previa de las comunidades nativas no se implementó correctamente.

LA ALTERNATIVA AGROECOLÓGICA

La deforestación en Perú alcanzó durante la pandemia la cifra récord de 200.000 hectáreas, en parte porque muchas personas sin oportunidades en las ciudades regresaron a sus regiones y empezaron a talar el bosque para cultivar algo con lo que ganarse la vida. Las empresas, por supuesto, aprovecharon la coyuntura. Una vez superada la crisis del coronavirus, cada año se deforestan alrededor de 150.000 hectáreas de bosques en Perú. La actividad agropecuaria es la principal causante, pero son las autoridades las que pavimentan el camino para la deforestación al dar luz verde a la construcción de carreteras, que sirven para exportar los productos y facilitan el asentamiento de personas.

Una de las regiones más afectadas por la deforestación es Ucayali, en la Amazonía peruana, donde las actividades ilícitas no encuentran barreras desde que llegaron hace un siglo los caucheros. En el presente, atrae a personas que buscan oportunidades y concentra todos los males que deterioran la Amazonía: la agricultura intensiva, el cultivo de hoja de coca y la minería ilegal.

Félix Rengifo cree que los daños causados en la naturaleza durante tanto tiempo no pueden revertirse. «Muchas áreas están en constante expansión, la misma Pucallpa ha crecido exageradamente y los asentamientos humanos siguen creciendo en el linde de la carretera Federico Basadre. Como hay población asentada, es difícil revertir la situación», explica sobre la ciudad más poblada de la Amazonía peruana. «En Ucayali ha habido una perdida constante de biodiversidad y recuperarla es complicado: puedes recuperar el verdor en un área, pero no la biodiversidad. Hay proyectos de reforestación, pero solamente para especies forestales de importancia económica y comercial: es por la madera, y si hay captura de carbono, pues perfecto», añade.

Desde Agrosalud, un proyecto que combina salud y agricultura ecológica en decenas de caseríos en Ucayali, Rengifo encuentra la solución en el pasado y en el sentimiento de comunidad. «Tratamos de convivir como lo hacían antes. Por ejemplo, intentamos recuperar las mingas, que es un trabajo grupal en el que un organizador prepara todo, el desayuno, el almuerzo o la chicha, y los vecinos vienen a colaborar y trabajar en una misma chacra. Es una especie de favor que luego se tiene que devolver», explica Rengifo, quien trata de organizar «mingas para las labores de limpieza, poda, siembra y cosecha». Equivalente al auzolan en Euskal Herria.

En pleno siglo XXI, Rengifo quiere expandir la forma de producción característica de la Amazonía: cosechar para comer y dejar un poco para vender o intercambiar en los mercados; utilizar cultivos asociados y rotatorios y aprovechar los suelos inundables, esos que, tras la época de crecida de los ríos, sirven para cultivar en la época de vaciante o secano. «Tenemos cultivos permanentes de cacao, camu-camu y, en los últimos diez años, trabajamos los suelos ribereños o inundables, que son estratégicos para la conservación: son ricos en nutrientes y se pueden aprovechar cultivos temporales y especies forestales y frutales que aguanten este tipo de suelo. El camu-camu es una de ellas», explica Rengifo, quien recuerda que «estas áreas han abastecido de alimentos al casco urbano de Pucallpa durante muchos años».

En el presente, el monocultivo está erradicando la diversidad de frutos cultivados en la Amazonía, y la mayoría de los productos que consumen los locales no son ecológicos: los que cumplen los estándares internacionales son exportados. Rengifo apunta que las comunidades no tienen conciencia agroecológica y que el Gobierno, al requerir un alto precio para emitir los certificados ecológicos, entorpece cualquier avance. «La certificación no debería ser tan cara. Una persona puede trabajar de manera ecológica pero ¿quién paga su esfuerzo?», se pregunta, y lamenta que la legislación promueva la deforestación: «Hay una balanza que favorece la deforestación. Se demanda producir y generar economía y no se está apostando por conservar los bosques. Básicamente, la ley promueve la explotación de la tierra».