Por un orden basado en el derecho internacional

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido ayer en Manila por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), donde está siendo investigado por un crimen contra la humanidad a raíz de la campaña contra las drogas que llevó a cabo entre 2016 y 2022. En ese periodo, policías y escuadrones de la muerte mataron extrajudicialmente a unas 27.000 personas, según la cifra de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. La mayoría fueron jóvenes de entornos urbanos empobrecidos.

Aunque la detención también tiene que ver con las luchas de poder en el seno del país asiático, en concreto con la pugna entre las familias Marcos y Duterte, las organizaciones por los derechos humanos celebraron el arresto como «histórico». Sin duda lo fue. De hecho, a la espera de nuevos acontecimientos, es inevitable observar el caso a la luz del genocidio en Gaza, por el cual la misma CPI emitió, a instancias de Sudáfrica, órdenes de arresto contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de defensa, Yoav Galant.

El caso filipino es importante por varias razones. Por un lado, el proceso siguió adelante pese a que Filipinas abandonó la CPI en 2019 por decisión del propio Duterte. Es una buena noticia que los vulneradores de los derechos humanos rindan cuentas al margen de la adhesión o no de su país al Estatuto de Roma. Por otro lado, está la cuestión del doble rasero achacado a menudo a este tribunal. Frente a la jungla de la ley del más fuerte, el derecho internacional es uno de los pocos baluartes para los más débiles. Especialmente en una época en la que se pretende sustituir ese derecho internacional por un indefinido «orden basado en normas», a la vez que se dinamitan las bases de la diplomacia y la resolución de conflictos. La CPI es uno de los grandes pilares de este precario sistema en permanente crisis, pero la falta de implicación de las grandes potencias -ni EEUU, ni China ni Rusia forman parte, por ejemplo- lo ha convertido en un tribunal que enjuicia principalmente a personas de países empobrecidos. Aun así, hay que defenderlo. La beligerancia que muestran los poderosos contra este tribunal es un indicador más del valor que tiene.