Piden más control en las grandes obras públicas, como la del TAV, en Nafarroa

La denuncia de que en las obras del TAV en Nafarroa se viven situaciones de esclavitud ha llegado al Parlamento de la mano de AHT Gelditu y LAB, a petición de EH Bildu y Contigo-Zurekin. Inko Iriarte, responsable de Salud Laboral del citado sindicato, reclamó ayer un mayor control de las grandes obras públicas por parte de las administraciones tras presentar un escenario plagado de conculcaciones de derechos laborales.

Iriarte destacó al respecto que en las obras del TAV prima la precariedad y que es un espacio que se encuentra fuera del control sindical. Señaló que las adjudicaciones a grandes empresas se modifican a través de subcontrataciones que tienen trabajadores llegados de países empobrecidos que no conocen sus derechos. «No tienen a dónde ir a presentar sus quejas. No saben siquiera que existe la Inspección de Trabajo», explicó. De hecho, los doce muertos en las obras del TAV en Euskal Herria eran originarios de países empobrecidos.

En este entorno, no se presentan denuncias. Las pocas que existen se han registrado tras producirse un accidente. «Reflejan condiciones muy duras», constató Iriarte.

SIN SANCIONES NI INSPECCIONES

El responsable de LAB añadió que el Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL) no tiene capacidad sancionadora y que esta corresponde a la Inspección de Trabajo, dependiente del Estado y que solo tiene diez inspectores para toda Nafarroa. «Hay una decisión política de dejar tranquila a la patronal y de crear un espacio de impunidad», destacó. De este modo, en un accidente registrado recientemente en otro punto de las obras del TAV, en Oskotz, ni siquiera se permitió a la Policía Foral llegar al lugar para realizar el atestado.

Junto a ello, el representante sindical subrayó que las herramientas existentes son inútiles y recordó que el delegado territorial de prevención que recoge el Plan de Empleo no ha vigilado las obras del TAV.

«Es el hábitat perfecto para que actúen algunos empresarios y todo ello desde la promoción pública. Es necesario aumentar los controles», insistió Iriarte.

En nombre de AHT Gelditu, Enea Andueza y Bea Arana destacaron que las conculcaciones de derechos laborales que se dan en las obras del TAV están relacionadas con el impulso de una macroinfraestructura basado en un modelo depredador.

En el turno de los grupos parlamentarios, Adolfo Araiz, de EH Bildu, destacó la gravedad de la denuncia y apoyó la necesidad de ampliar el control de una obra adjudicada por el Estado, pero sobre la que el Gobierno navarro también tiene responsabilidad. «Hay que poner coto a esta situación», expuso.

La posición de Javier Esparza (UPN) fue, por contra, la de acusar de mentir a los comparecientes, vinculándoles a «la Coordinadora del No». Señaló que «mentisteis en el pantano de Itoiz y estáis mintiendo en el TAV. No me lo creo».

Javier Lecumberri (PSN), tras mostrar su apoyo al TAV, animó a acudir a los tribunales a denunciar esta situación, igual que Pablo Azcona (Geroa Bai), que se mostró favorable a que haya un seguimiento.

Irene Royo (PP) también defendió el TAV y señaló que se trata «una obra pública que debe someterse a la legislación». Abogó, además, porque la Administración «investigue ante la mínima sospecha».

Miguel Garrido (Contigo-Zurekin) denunció que «la explotación laboral sigue existiendo» y añadió que «no se puede eximir de responsabilidad a las administraciones».