La ONU documenta violencia sexual y machista sistemática de Israel en Gaza

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado (creada en 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU) ha añadido nuevas pruebas de los actos genocidas perpetrados por Israel contra la población palestina desde octubre de 2023.

Las matanzas masivas, los ataques deliberados a población civil y a hospitales, el desplazamiento forzoso de la población han ido acompañados de distintas formas de violencia sexual y machista.

Mujeres y niñas se cuentan entre las principales víctimas de los abusos israelíes. «Las evidencias recogidas revelan un terrible incremento en la violencia sexual y de género», destacó la jurista sudafricana Navi Pillay, presidenta de la comisión, antigua jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI) y jefa de Derechos Humanos de Naciones Unidas entre 2008 y 2014.

«ESTRATEGIA DE GUERRA»

El informe denuncia que este tipo de violencia no son desmanes aislados de las tropas, sino que constituye «una estrategia de guerra de Israel para dominar y destruir al pueblo palestino».

El texto constata las denuncias que presos palestinos ya han formulado en numerosas ocasiones, como violaciones a detenidos y tratos humillantes en centros de detención, redadas y controles, obligando a las víctimas a desnudarse o a ser fotografiadas y filmadas en circunstancias degradantes.

Una de las víctimas de esta violencia sexual fue el médico Adnan al-Bursh, jefe del departamento de ortopedia en el que fuera el principal hospital de Gaza (Al-Shifa), detenido en diciembre de 2023 durante el asedio israelí a la instalación y que murió en prisión en abril del año siguiente, tras sufrir maltratos.

Como en cada acto genocida israelí, la impunidad ha sido un elemento fundamental para que continúen estas prácticas, lo que según Pillay debe ser contrarrestado con investigaciones en las que participen «el TPI o tribunales nacionales, ya sea con arreglo a legislaciones de sus países o ejerciendo la jurisdicción universal».

«DELITO DE EXTERMINIO»

El informe denuncia que las fuerzas israelíes han destruido también de forma sistemática numerosas instalaciones de salud sexual y reproductiva en Gaza, mientras paralelamente se bloqueaba la llegada de medicamentos y equipos necesarios para garantizar el bienestar de embarazadas, mujeres en el parto o en posparto.

En consecuencia, «mujeres y adolescentes han muerto por complicaciones durante el embarazo o el parto», algo que puede ser considerado el delito contra la humanidad de «exterminio».

«Las autoridades israelíes han destruido en parte la capacidad reproductiva de los palestinos en Gaza como grupo, incluidas medidas para impedir nacimientos, una de las categorías de los actos genocidas en el Estatuto de Roma y la Convención sobre el Genocidio», señala.

Los ataques a las infraestructuras sanitarias han afectado a unas 540.000 mujeres en edad reproductiva, señala el informe, que recuerda que hace apenas un año solo dos de los 12 hospitales de Gaza para la salud sexual o reproductiva seguían funcionando, y que se han cuadruplicado los abortos espontáneos.

Otros ataques denunciados fueron el que en diciembre de 2023 se dirigió contra la mayor clínica de fertilidad de Gaza, que destruyó 4.000 embriones, y el perpetrado un mes antes contra un centro de mujeres víctimas de maltrato.

En ese último caso, un tanque disparó contra la planta del edificio donde se alojaban estas mujeres y algunos de sus familiares, y los soldados dejaron pintadas con insultos contra ellas en las paredes.

La comisión también documentó casos en los que mujeres y niñas de todas las edades, incluso embarazadas, fueron objetivo directo de francotiradores, algo que también define como un crimen contra la humanidad y de guerra. Cita el caso de una mujer embarazada a la que un soldado israelí mató de un disparo cuando se aproximaba al hospital de Al-Awda, en diciembre de 2023. Su cadáver no fue recuperado hasta unos 20 días después, en estado de descomposición.

Este tipo de ataques no son excesos de las tropas, sino que se ven alentados por declaraciones de oficiales y políticos israelíes que conminan a no hacer distinción entre civiles y militantes armados, «considerando a todos cómplices que debían ser exterminados sin importar la edad o el género».

Un tercio de los muertos en Gaza (unos 48.000 registrados, pero en realidad decenas de miles más) han sido mujeres y niñas.

Hamas subrayó que la investigación confirma que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha tomado medidas que «constituyen flagrantes crímenes de guerra y actos de genocidio en toda regla», y denunció «el desprecio y la nega- ción» de esos crímenes por parte de la comunidad internacional, llamando a «romper el ciclo de silencio e inacción».

Por su parte, Netanyahu se colocó de nuevo en el papel de víctima acusando a los investigadores de «atacar a Israel con acusaciones falsas».

El régimen sirio presenta su nueva Constitución

El nuevo régimen sirio presentó ayer su Constitución, con la como fuente de ley, la fe musulmana del presidente y un capítulo sobre derechos y libertades «en equilibrio con la seguridad». El texto, que firmó el presidente interino, Ahmed al-Sharaa, contiene 44 artículos que servirán de marco del nuevo régimen al menos durante un periodo «de transición» de cinco años.

Con todo, el islam como la fuente de la ley y la fe musulmana del presidente sirio eran aspectos que ya estaban recogidos en la Constitución de 2012 de Bashar al-Assad. Por lo que caben desde un Estado teocrático hasta un régimen más occidentalizado similar a Turquía.

Se prevé incluir un capítulo especial «sobre derechos y libertades, y crear un equilibrio entre la seguridad comunitaria y los derechos y libertades», además de respetar el principio de separación de poderes y la libertad de prensa, aspectos con los que Al-Sharaa quiere lograr su principal objetivo, que las potencias occidentales levanten las sanciones contra Siria.

El documento también establece que la Asamblea Popular «tiene el derecho de interrogar a los ministros» y, aunque con limitaciones, mantiene un fuerte poder del presidente, incluido «un poder excepcional de declarar Estado de emergencia». La redacción final ha excluido la posibilidad de que la Asamblea destituya al jefe del Estado, como se apuntaba inicialmente.

Abdul Hamid al-Awak, miembro del comité que redactó la declaración, afirmó que se «garantiza la independencia del Poder Judicial» y se prohíben los tribunales de excepción.

La norma asume el compromiso del Estado de «preservar la unidad de la tierra y el pueblo» sirio y «el respeto a las particularidades culturales». A este respecto, la Administración autónoma kurdo-árabe del noreste de Siria criticó que se haya excluido a las minorías. «Carece de las normas de la diversidad nacional siria y de la participación real de los componentes nacionales de Siria. Por lo tanto, expresa una vez más la mentalidad individualista, que es una extensión del Estado anterior que existía en Siria y contra el que se levantó el pueblo», deploró.

La declaración pone en cuestión el pacto alcanzado esta misma semana por Damasco con las Fuerzas de Siria Democrática para integrar las instituciones civiles y militares de los kurdos en el Estado sirio y que recogía también la garantía «de todos los derechos constitucionales para los kurdos».GARA