Un pacto fiscal que no atiende a la justicia social

La coalición de Gobierno PNV-PSE cerró un acuerdo con Podemos para aprobar la norma foral que introduce algunas modificaciones en el sistema fiscal -conviene recordar que al principio ni siquiera la llamaron reforma fiscal-. El bipartito habría aceptado 27 enmiendas de Podemos que cambian ligeramente algunos límites sin modificar sustancialmente ninguno de los aspectos planteados por la propuesta inicial. En este sentido, es ilustrativo el tratamiento que recibirán las ganancias de los rentistas. La propuesta gubernamental bajaba los tipos a las rentas de capital hasta 60.000 euros -excepto a aquellos que obtienen menos de 2.500 euros que se quedaban igual- y los subía a las superiores a 120.000. El acuerdo no toca la reducción y lo único que hace es aumentar en un punto el máximo, que en la propuesta gubernamental se aplica a rentas superiores a 240.000 euros. Es difícil calificar como «giro a la izquierda» que la mayoría de las personas que viven de rentas y que aportan bastante menos que los trabajadores, paguen todavía menos.

En este sentido, no es extraño que tanto el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, como el secretario general del PSE, Eneko Andueza, mostraran su satisfacción por el acuerdo. Ortuzar, además, cargó contra EH Bildu y PP señalando que habían quedado solos y en el no. Se olvidó, queriendo o no, de Ezker Anitza-IU. El aún presidente del EBB dejó claro que todo el camino recorrido, desde que se constituyó la ponencia en Juntas Generales de Gipuzkoa y PNV-PSE acordaron las conclusiones con EH Bildu, ha sido un intento de desgastar a la oposición mientras trataba de sacar adelante otro paquete de deducciones que debilita todavía más la capacidad recaudatoria del sistema y, por tanto, su capacidad para financiar el gasto público y los servicios sociales. Tras el fiasco de la consulta de hace diez días, Podemos ha decidido no preguntar a su militancia para ratificar el acuerdo. Erró entonces, y yerra ahora.

Este apaño menoscaba la equidad y la redistribución de la riqueza. Para colmo, retrasa la necesaria reforma fiscal. No solo se ha perdido una oportunidad para avanzar hacia un sistema fiscal más justo, sino que además se sigue retrocediendo.