Un paso contra la impunidad legitimizadora
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Un total de 18 víctimas del GAL presentarán la semana que viene una querella contra el exministro de Interior español José Barrionuevo, al que acusan de un delito no prescrito de lesa humanidad. El punto de arranque de la iniciativa lo constituye la autoinculpación que, en un alarde de soberbia y arrogancia, el propio exministro realizó en una entrevista de 2022, en la que se erigió en uno de los responsables de la guerra sucia. «Yo mandé coger a Larretxea en Hendaia. ¿Era delito? Sí, sí», declaró sobre el intento de secuestro del refugiado Joxe Mari Larretxea, en paralelo al de Lasa y Zabala, en octubre de 1983, una acción por la que nunca ha sido investigado.
No es un paso fácil para las víctimas, para quienes las engreídas declaraciones de Barrionuevo ya supusieron una revictimización. Arrancar ahora un nuevo proceso judicial supone para muchas de ellas reabrir la herida, revivir lo pasado, invocar el dolor. Tener que hacerlo ante la Audiencia Nacional española, garantía de impunidad y pilar de la estrategia represiva en Euskal Herria, es un hándicap más, sabedores todos del complicado recorrido que cabe augurar a la querella en semejante tribunal de excepción. El paso es necesario, sin embargo, para que el caso pueda llegar a instancias internacionales, donde con tiempo, trabajo y recursos podría ampliarse el recorrido de la denuncia.
Aunque conviene no hacerse ilusiones sobre el resultado judicial de la querella, esta tiene otra dimensión que también hay que poner en valor. Tiene que ver más con la memoria que con la justicia. Barrionuevo se sabe impune y, por eso, quizá, se siente vencedor, lo que le lleva a tratar de legitimar crímenes de Estado en toda regla. Si sirvieron para ganar, piensa, están justificados. La iniciativa de sus víctimas sirve, en este sentido, para negar la mayor y mantener viva su voz en el relato coral sobre el conflicto armado. Ni la guerra sucia puede legitimarse ni tiene victoria alguna sobre la cual validarse. Los responsables de aquella estrategia contrainsurgente deben ser perseguidos siempre, allá donde exista la más mínima posibilidad de que rindan cuentas por sus crímenes.