Operaciones de limpieza étnica en Rafah, al sur, y Beit Hanoun, al norte

El Ejército israelí lanzó ayer de nuevo una ofensiva sobre Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde rodeó el barrio Tel al-Sultan y forzó el desplazamiento de miles de personas. Muchas otras quedaron atrapadas en la operación militar.

El lanzamiento de folletos desde drones precedió al cerco total de la zona antes de llevar a cabo nuevos ataques contra los atrapados y los que huían.

El organismo de defensa civil de Gaza alertó del peligro inminente para la vida de más de 50.000 personas en una zona al oeste de Rafah después de ser atacada por las fuerzas israelíes.

Israel presenta los avisos lanzados en folletos como una forma de reducir las víctimas civiles pero Naciones Unidas insiste en que las órdenes de expulsión forzosa incumplen el derecho Internacional.

De hecho, los ataques israelíes no tienen en cuenta las víctimas civiles, cuyo registro superó ayer los 50.000 muertos desde octubre de 2023, según el recuento oficial.

El número real puede ser hasta cuatro veces más si se tienen en cuenta los desaparecidos bajo los escombros -unos 10.000-así como las muertes causadas por el hambre y la enfermedades provocadas de forma deliberada, según organizaciones médicas internacionales.

En la medianoche del sábado aviones de guerra israelíes dejaron una treintena de muertos más en ataques contra Jan Yunis y Rafah. En la operación de ayer se sumaron decenas más.

En la primavera de 2024, el Ejército israelí ya llevó a cabo una ofensiva a gran escala sobre esta ciudad fronteriza con Egipto, donde se habían concentrado cientos de miles de desplazados por los combates más al norte. Rafah fue entonces la «línea roja» que EEUU dijo poner a Israel en su ofensiva. Sin embargo, el Ejército israelí arrasó la ciudad, forzó a sus habitantes a huir, cerró su puesto fronterizo y el entonces presidente Joe Biden se olvido de la advertencia y siguió enviando armamento y municiones a su aliado.

Desde entonces ya no hay advertencias y la mayor matanza de niños en la historia de Israel, la ruptura del acuerdo de tregua, el hambre, y los planes declarados de limpieza étnica caen sobre Gaza sin consecuencias para Israel.

En la zona costera de Mawasi, que Israel califica de lugar «seguro», también bombardeó ayer tiendas de campaña que albergaban a familias desplazadas. Allí mató a al menos a dos personas y varias resultaron heridas.

Uno de los fallecidos fue el miembro del buró político de Hamas Salah al Bardaweel, esposa. Se trata del tercer miembro del buró político de la formación muerto desde que se reanudaron los bombardeos masivos.

A la vez, el sábado tropas israelíes comenzaron otra operación terrestre en Beit Hanoun, en el extremo norte de Gaza, una de las zonas que pretende vaciar dentro del plan de ocupación.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó el viernes al Ejército «expandir las zonas de seguridad», incluido el redespliegue de tropas en nuevos puntos del enclave que serían «anexionados».

OFICINA PARA EXPULSAR A LOS PALESTINOS

El Gobierno israelí expone sus planes de limpieza étnica sin disimulo, aunque con eufemismos. Así, el gabinete de seguridad aprobó el establecimiento de la que denomina «dirección de migración», un organismo que gestionará la «transferencia» de los palestinos de Gaza a terceros países.

Este nuevo organismo estará dirigido por el ministro de Defensa, que se encargará de «preparar y facilitar el tránsito seguro y controlado de los residentes de Gaza para su salida voluntaria a terceros países».

Katz sostiene que está «sujeto al derecho israelí e internacional», pese a que la ONU ha advertido en numerosas ocasiones de que «toda deportación de territorio ocupado está prohibida», y de que Israel hace tiempo que ignora la legislación internacional.

«Estamos trabajando con todos los medios para implementar la visión del presidente estadounidense (Donald Trump) y permitiremos que cualquier residente de Gaza que quiera mudarse a un tercer Estado lo haga», afirmó Katz, en referencia al plan de Trump para tomar el control de la Franja de Gaza y «reconstruirla» después de expulsar a su población.

CISJORDANIA

En paralelo a Gaza, el Gobierno israelí extiende también la anexión y la limpieza étnica en Cisjordania. Ayer aprobó la legalización de trece nuevas colonias, que serán reconocidas a partir de ahora como «municipios» dentro de la Administración israelí. Varias de estas colonias se sitúan al oeste de Ramala, una está situada al este de Jerusalén y otras al sur de Belén, entre otros puntos.

La oficina del ultrasionista ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, destacó que esta decisión de la Administración de Asentamientos que dirige «se suma a la aprobación de decenas de miles de viviendas en Cisjordania y supone otro importante paso adelante hacia la normalización y regularización de los asentamientos». «En lugar de escondernos y pedir perdón estamos alzando la bandera, construyendo y colonizando. Es otro paso crucial para una soberanía real en Cisjordania», defendió.

Hamas condenó las declaraciones racistas de Smotrich, que busca «imponer una política de hechos consumados y consolidar la ocupación colonial de nuestra tierra».

En Cisjordania viven unos 700.000 colonos judíos y el Derecho Internacional considera un crimen de guerra la colonización de territorios ocupados militarmente.

La colonización es simultánea al desplazamiento forzado en masa de la población. Más de 44.000 palestinos han sido desplazados desde principios de enero en el norte de Cisjordania; más de la mitad de la zona de Tulkarem.

Durante la noche del sábado los soldados obligaron a familias y barrios enteros de esta ciudad a abandonar sus hogares con muy poco tiempo de antelación, por lo que solo pudieron huir con lo que pudieran llevar en sus manos.

La infraestructura civil de Tulkarem, al igual que la de Jenin, ha sido dañada o destruida por más de 40 días de asalto militar israelí.

El Gobierno israelí agudiza la crisis interna

La deriva autoritaria del Gobierno de Benjamin Netanyahu dio otro paso ayer con la puesta en marcha del mecanismo de moción de censura contra Gali Baharav-Miara, la fiscal general del país. Netanyahu había acusado varias veces a Baharav-Miara de exceder sus competencias y obstaculizar sus tareas de gobierno. La fiscal, por contra, defiende que lo que ha hecho es «presentar al Gobierno los límites de la ley». Acusó al Ejecutivo de «actuar al margen de la ley y de intentar silenciar el sistema de asesoría legal», poco antes de la votación unánime de la moción de censura. «La moción solo busca promover la lealtad a la cúpula política y el poder ilimitado del régimen, como parte de un proceso más amplio para debilitar al poder judicial y disuadir a toda la cúpula profesional», denunció.

En busca de la lealtad sin fisuras, en los últimos meses, Netanyahu se ha deshecho de varios altos cargos con ceses o dimisiones.

El cese de Baharav-Miara debe ser ratificado por un comité asesor, aún pendiente de varios nombramientos que citará a la fiscal general. Tras ello , el Gobierno podrá destituirla oficialmente, un proceso que podría tardar meses. Este procedimiento se suma a la destitución, esta misma semana, del jefe del servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet), Ronen Bar, cuando su agencia investigaba a Netanyahu y a su entorno por supuestos vínculos con Qatar, y le había acusado además de desoír las advertencias de seguridad antes del 7 de octubre.

Mientras tanto, la Policía israelí cargó contra manifestantes que intentaban romper las barricadas de control cerca de la residencia privada de Netanyahu en Jerusalén. Empezaron a organizar una sentada y a ellos se sumaron familiares de prisioneros en Gaza que denuncian la reanudación de los ataques en la Franja como una sentencia de muerte para los cautivos.GARA