Un ex relator de la ONU culpa a los jueces de la impunidad en el Estado
Giza Eskubideen Behatokia celebró ayer un acto en Iruñea en el que intervino Fabián Salvioli, expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU y exrelator. Aseguró que hay legislación de sobra en el Estado español para perseguir los crímenes de lesa humanidad antes y después del franquismo y acusó a los jueces de no querer hacerlo conscientemente.

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Con motivo de la conmemoración hoy del Día Internacional del Derecho a la Verdad, Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (GEB) celebró un acto en Iruñea que contó con la presencia de Eneko Etxeberria (hermano del desaparecido José Miguel Etxeberria, ‘Naparra’), la experta en Derecho Internacional Iratxe Urizar y Fabián Salvioli, expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU y, hasta hace un año, Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, Reparaciones y Garantías de No Repetición del Consejo de Derechos Humanos de esta institución.
Salvioli estuvo muy crítico con los jueces españoles, a los que acusa de haberse democratizado aún menos que policías y militares tras la muerte de Franco. Sostiene que hay legislación de sobra para saltarse la Ley de Amnistía, tanto en el plano internacional, como dentro de la ley de Memoria Democrática y en la propia Constitución.
El experto acusó a los jueces españoles de no perseguir los crímenes de lesa humanidad, simplemente, porque no quieren hacerlo.
«Claro que hay jueces y juezas comprometidas, pero en términos generales la Justicia continúa funcionando como si el Derecho Internacional sobre derechos humanos no existiese y como si la propia Constitución española no existiese, porque ahí están el Artículo 102 o el Artículo 96 que dan la base para hacer lo que hay que hacer», manifestó.
A juicio de Salvioli, esto supone un gran problema «porque es a través de los jueces de un Estado donde debemos canalizar la garantía de nuestros derechos». Los tribunales internacionales, explicó, no alcanzan para resolver los casos individuales, porque esto supondría que tendrían que resolver todas las injusticias del mundo y eso, sencillamente, es imposible.
REPARACIÓN SIN ENCONTRAR AL CULPABLE
Salvioli defendió que la reparación a las víctimas, incluida la económica, debe de estar desligada de un proceso penal contra el autor del crimen. Usó como ejemplo el caso de Srebrenica y Ratko Mladic: «¿Ustedes se creen que si no se llega a atrapar a Mladic de verdad sus víctimas no merecían reparación?».
Asimismo, sostuvo que todas las personas, independientemente de sus actos, tienen derecho a esa reparación hayan sido «terroristas o panaderos», porque «a nadie se le repara por ser terrorista, sino por ser víctima de una vulneración de derechos humanos».
En el acto en el Hotel Tres Reyes cargó contra aquellos que dicen que la búsqueda de justicia por parte de las víctimas es una suerte de «revanchismo». Salvioli señala que es rotundamente falso, pues lo que buscan es que se dé una «respuesta civilizada» al crimen que sufrieron.
En otro orden de cosas, el experto respaldó las leyes de reconocimiento que existen en la CAV y en Nafarroa. Reconociendo que son imperfectas, indicó que en su experiencia viajando a países de todo el mundo ha comprobado que los pasos relevantes se dan así. «Tenemos que apoyar donde se puede avanzar e insistir después en lo que falta».
Salvioli, por otra parte, sostuvo que la búsqueda de verdad y reparación no debería dejar de lado la vía penal. Lo hizo con un argumento singular, explicando que aunque las víctimas no busquen expresamente que los responsables de las vulneraciones sean juzgados, esto «no exime la obligación del Estado de investigar por su cuenta».
Porque, en su opinión, cuando se habla de «reconciliación» esta palabra no significa, por ejemplo, que una víctima de ETA y una víctima de torturas por parte del Estado deban hacerse amigas. La reconciliación, para el Derecho Internacional, pasa por que la sociedad recupere la confianza hacia un Estado que ha «subvertido su misión» al vulnerar derechos de la ciudadanía en lugar de protegerlos.
LEY DE SECRETOS OFICIALES ILEGÍTIMA
Salvioli abogó por la derogación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 en el Estado español, porque «una ley de secretos oficiales no puede amparar cosas que no responden a la actuación normal de un Estado. Y un Estado no está para cometer crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, ninguna ley puede proteger eso».
Precisamente, la derogación de la Ley de Secretos Oficiales en el Estado español fue una de las demandas concretas que realizó Eneko Etxeberria en la introducción del acto. «Un Gobierno progresista no puede seguir defendiendo este muro», manifestó.
FALTA UNA LEY ESTATAL DE RECONOCIMIENTO DE VÍCTIMAS
Iratxe Urizar repasó la actividad que ha desarrollado GEB desde su creación y la pelea que ha llevado a cabo en el ámbito internacional en la defensa de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Euskal Herria.
Urizar recordó que los primeros reconocimientos tuvieron que llegar desde instancias internacionales, pero celebró que en los últimos años se hayan dado importantes pasos en Euskal Herria. Si bien, reconoció que la asimetría entre víctimas de una violencia y otra violencia sigue estando patente, entre otras cosas, porque falta «la verdad judicial».
En este sentido, y con respecto al franquismo, Urizar enumeró que en el Estado español se han planteado 120 querellas para tratar de superar el muro de la Ley de Amnistía, pero que 115 no se admitieron a trámite por la existencia de un «búnker judicial negacionista».
Dos de esas cinco que han pasado el filtro, las han planteado desde GEB. Y ahora respaldan una tercera de víctimas del GAL contra el exministro José Barrionuevo.
Por otro lado, defendió como avances claves las leyes de víctimas que se han aprobado en la CAV y Nafarroa para la etapa posterior, si bien la que afecta a Araba, Gipuzkoa y Bizkaia tiene una limitación temporal y solo alcanza hasta el período de 1978-1999.
En su opinión, aunque mejorables, estas leyes y los reconocimientos que se han obtenido gracias a ellas están teniendo «un efecto sanador».
«Sin embargo -dijo Urizar-, no hay contraparte estatal. Es decir, tenemos leyes autonómicas que están reconociendo y a buena marcha a estas víctimas de la violencia del Estado, pero el principal agente que ha provocado las víctimas ni tiene una ley ni se ha pronunciado al respecto».