La de ayer fue la segunda huelga general de funcionarios a la que se ha enfrentado María Chivite. La anterior tuvo lugar en 2023, pero sin el respaldo de Afapna, que esta vez sí que se ha sumado al llamamiento compartido por LAB, CCOO, ELA y UGT. El Gobierno aseguró que el seguimiento fue bajo, del 13,79% en el conjunto de la Administración y del 4,38% en el Servicio Navarro de Salud, en la ya habitual guerra de cifras con las centrales, que se mostraron «contentas» con el seguimiento».

La jornada de movilizaciones comenzó en el Complejo Hospitalario donde tuvo lugar una concentración de sanitarios que, a causa de los servicios esenciales del 100%, tenían mucho más complicado sumarse al resto de las convocatorias.

En paralelo, los funcionarios se concentraron junto a los Edificios Inteligentes y en la Plaza del Euskara de la Txantrea. Desde allí, a las 10.30 horas salieron en columnas para confluir frente al Palacio de Navarra, sede del Gobierno.

El comunicado conjunto leído en ese momento exigía al Gobierno el compromiso de que el texto del nuevo Estatuto llegue al Parlamento, como tarde, en enero de 2026, así como «una planificación económica» para sufragar esta actualización del Estatuto y la carrera profesional de cara al año próximo.

También demandaron que se reserven fondos en los presupuestos para la reducción de la temporalidad al 8%, incrementar los salarios en función del IPC de Nafarroa y dimensionar las plantillas.

Asimismo, exigieron que la nueva Ley de Salud blinde los servicios públicos y «vele por las condiciones laborales de toda la plantilla, poniendo fin a las desigualdades sociales».

Por otro lado, incluyeron el compromiso de «apartar de las negociaciones a quien obstaculice e impida que el proceso llegue a buen término».

PROCESO DE APROBACIÓN

El acto del mediodía se cerró con un agradecimiento «a todas las personas aquí presentes y a todas aquellas que han tenido que quedarse tras la pegatina de servicios mínimos».

La movilización central de la jornada se efectuó por la tarde, cuando una gran manifestación unitaria partió desde El Bosquecillo para acabar en el Paseo Sarasate, junto el Monumento a los Fueros.

Iosu Arraiz, de LAB, explicó a los periodistas que los sindicatos están dispuestos a seguir movilizándose «todo lo que sea necesario para volver a negociar con el Gobierno el compromiso que ellos mismos adquirieron con nosotros». «Lo curioso de esta movilización es que tiene un compromiso con los sindicatos de la Mesa General y con los socios del Gobierno», apostilló.

«Las reivindicaciones estrella de hoy son la renovación del Estatuto de la Función Pública, puesto que el actual se acerca ya a cumplir 40 años», concretaron los convocantes.

En este sentido, remarcaron que la promesa del Gobierno fue el de sacar adelante el Estatuto en esta legislatura, por lo que, teniendo en cuenta los plazos habituales de una iniciativa así en el Parlamento, el texto debería llegar antes de enero del año próximo para que el compromiso se cumpla.

Por su parte, la consejera de Interior y Función Pública, Amparo López, afirmó que la jornada se desarrolló con «normalidad» y que «los servicios públicos están funcionando». Además, mostró su respeto al derecho a la huelga.