La coalición de Gobierno y EH Bildu aprobaron ayer la Ley Foral de vivienda asequible, un paquete de medidas que permitirán aplicar medidas innovadoras en vivienda. Algunas están muy vinculadas al despliegue de los topes de alquiler en zonas tensionadas (como la creación de registros de grandes tenedores o la actualización del régimen sancionador), pero las medidas más destacadas están más relacionadas con el diseño de las viviendas protegidas y las pautas para nueva construcción.

Uno de los cambios principales y del que toma el nombre «asequible» la iniciativa es la creación de una nueva tipología de alquiler protegido con un precio intermedio entre el actual y el de mercado. Esta categoría aspira a cubrir la necesidad del colectivo demandante que, aunque no puede acceder a los precios actuales, tampoco se encuentra situación de emergencia social.

En paralelo se impulsa un nuevo modelo de colaboración público-privada para la construcción de nuevas viviendas, basado en la constitución de empresas mixtas al 50% con socios privados de manera que se compartan los beneficios o las pérdidas.

La normativa fue aprobada con los mismos apoyos con los que llegó. Salió en su defensa Daniel López, de Contigo-Zurekin, coalición que lidera la consejera de Vivienda. El parlamentario defendió la necesidad de intervenir en el mercado e incidió en que la ley incluye importantes mejoras, como la inclusión de la figuras del «acoso inmobiliario» y sanciones para otras conductas discriminatorias.

El PSN aseguró que la normativa aspira a revertir la situación de desregulación en el mercado y de «sálvese el que pueda». Y remarcó el avance que supondrá un registro de grandes tenedores.

Por parte de EH Bildu, Mikel Zabaleta dejó para más adelante las medidas concretas, dado que la norma tiene que trabajarse ahora en comisión. En su discurso, explicó que la vivienda no sube o baja únicamente en función de la oferta y la demanda, sino que su doble condición de bien necesario y activo financiero que se revaloriza hace necesaria una regulación específica para evitar la especulación.

Geroa Bai, en su turno, aseguró que la ley sentará las bases de un «compromiso firme» para revertir la situación creada en torno a la vivienda.

En la bancada de la derecha -que votó en contra- Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien hizo gala de las medidas intervencionistas que, en su día, creó UPN (bolsa de alquiler, el banco de suelo...). Sánchez de Muniáin afeó al PSN que reniegue de la política que desarrolló con ellos. Por su parte, Isabel García Malo (PP) puso como ejemplo Madrid y dijo que la solución pasa por impulsar los macroproyectos que ahogó la crisis de 2007 (Gendulain, Etxabakoitz, Donapea), donde se podrían construir 35.000 viviendas.