La denuncia contra la firma de este producto especulativo fue presentada el 31 de mayo del año pasado por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, al entender que Banesto y La Caixa, así como la consultora Price Waterhouse (PWHC), que asesoró la operación y también está incluida en la demanda, hicieron una «mala interpretación» del contrato del denominado swap.

A partir de las 11.30, dos horas más tarde de lo que estaba previsto inicialmente, la sala nº 4 del Juzgado de Primera Instancia de la capital guipuzcoana acogerá hoy la primera de las sesiones de un juicio que se prolongará hasta el viernes. Esta mañana intervendrán, de manera sucesiva, el representante legal del Banco Santander (esta entidad absorbió a Banesto), el de Caixabank, el de PWHC y el de GHK. En representación del Consorcio tomarán la palabra su presidenta actual, Ainhoa Intxaurrandieta, y su director general, Antton Lete. Una vez concluída esta primera ronda, declararán en calidad de testigos Carlos Ormazabal, anterior presidente de GHK, cuya presencia ha sido solicitada por todas las partes; y Joxi Etxezarreta y Maite Etxarri, exdirector general y ex responsable financiera del Consorcio, respectivamente.

Con la puesta en marcha de este proceso judicial, GHK quiso dejar claro que el producto financiero que las entidades bancarias vendieron para dar cobertura a los contratos de crédito «está siendo indebidamente interpretado por la banca comercial, al margen de ser un producto inadecuado y altamente perjudicial» para el Consorcio; y que se hizo «bajo el negligente asesoramiento» de PWHC, al aconsejar a ambas partes, «sin considerar que estaba incurriendo en un conflicto de intereses».

500.000 euros mensuales en intereses

Para entender de donde viene la contratación de este swap, es importante citar un estudio financiero que los servicios técnicos de GHK realizaron en 2008. Este cifraba en 385 millones de euros la inversión necesaria para materializar las infraestructuras para el tratamiento de residuos del territorio. De esa cantidad, 319 correspondían al conjunto de infraestructuras proyectadas en Zubieta.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) accedió entonces a la concesión de una línea de crédito de 195 millones de euros, con la condición de que GHK contratara coberturas para afrontar el riesgo de las variaciones de los tipos de interés como medio para eliminar incertidumbres en la contabilidad de la sociedad privada de gestión pública.

No obstante, lo que debería haber sido un contrato de cobertura para evitar las variaciones de los tipos de interés y sus incertidumbres en la contabilidad acabó siendo un contrato de permuta financiera de tipos de interés (Interest Rate Swap). GHK considera que las entidades podrían haber ofrecido otros productos de cobertura que fuesen de mayor conveniencia para el consorcio. Tampoco PWCH se opuso a dicho contrato y no informó de la existencia de otras opciones de cobertura más ventajosas.

La firma la ejecutaron Ormazabal y Etxezarreta cinco días antes de las elecciones forales y municipales de 2011, y lo hicieron sin informar al Consejo de Administración. Tal y como publicó este diario hace un año, desde el mismo momento de la firma el acuerdo causó 5,7 millones de euros de minusvalía, cantidad que estaba comprometida aunque los créditos se cancelasen al día siguiente. Ormazabal dio instrucciones expresas de contabilizar el producto con valor nulo, ocultando la minusvalía generada.

Según informó Intxaurrandieta el día que interpusieron la denuncia, Banesto y La Caixa han procedido a liquidar las primas de estas permutas financieras con regularidad, independientemente de que no se esté utilizando la línea de crédito acordada con ambas entidades. Por el momento, solo se ha hecho uso de una parte del crédito solicitado, concretamente 9,7 millones. La presidente de GHK confirmó que en virtud de la interpretación que los bancos hacen del swap, se están cobrando intereses por valor de unos 175 millones.

A día de hoy, los intereses que asume mensualmente GHK ascienden a 500.000 euros, correspondientes a esos 175 millones de euros que se preveían invertir, cuando la parte proporcional en intereses a los 9,7 millones deberían ser 15.000 euros. Los contratos no informan del efecto que podría tener una cancelación anticipada del producto, aunque la banca lo cifra en 50 millones.