Médico y doctor en sicología social, Carlos Martín Beristain tiene una amplia experiencia en el trabajo con víctimas de conflictos armados en América Latina , Euskal Herria y el Sahara. Fue coordinador del informe «Guatemala Nunca Más» y ha trabajado como asesor en diversas comisiones de la verdad. En noviembre presentó en Bogotá el informe «La verdad de las mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia», de la Ruta Pacífica de las Mujeres y en cuya elaboración participó como asesor.

Un total de 35 entidades -empresas, organizaciones sociales, de cooperación internacional y medios de comunicación- han impulsado el proyecto Reconciliación Colombia -del que GARA informó en su edición del jueves-. En la entrevista Beristain reflexiona sobre el concepto reconciliación y su aplicación en el contexto colombiano y sobre la reconstrucción de la memoria histórica en medio del conflicto.

¿Qué dimensiones adquiere la reconciliación en un conflicto?

Debería ser entendida como un proceso para reconstruir las relaciones sociales fracturadas por la violencia, pero tiene significados diferentes. En términos políticos, significa poder reconstruir relaciones políticas entre quienes han estado enfrentados o sentar las bases de esa relación en un acuerdo político. Para los perpetradores debería suponer hacer cuentas con el pasado, reconociendo su participación en la violencia contra la población civil. Para las víctimas supone antes que nada un reconocimiento de su dolor, de su dignidad y de su derecho a la verdad, justicia y reparación. En algunos casos puede haber una reconstrucción de la convivencia entre víctimas y victimarios en contextos en los que se da una convivencia en el medio local. Eso a veces se da y son experiencias muy importantes, con un fuerte soporte emocional e impacto colectivo. Pero no podemos ver en esto el espejo de la reconstrucción de una convivencia, porque eso lo podrán hacer ciertas personas en contextos determinados y de forma absolutamente voluntaria porque es parte de su proceso de reconstrucción, pero no debería ser impuesto políticamente, como ha sucedido en Colombia con el caso de los paramilitares en el marco de la ley Justicia y Paz y en virtud de la cual impusieron condiciones económicas para que las víctimas aceptasen el retorno a las comunidades de los paramilitares, lo que a mi juicio es inaceptable. Hay también otra reconciliación de corte más social que consiste en enfrentar la verdad que se ha negado durante largo tiempo. En una guerra se miente mucho y así ha sido en Colombia.

De la lectura del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia sobre el impacto del conflicto armado sorprende la gran cantidad de acciones atribuidas a grupos armados no identificados.

Hay varias razones para ello. Por una parte, muchas de las víctimas todavía tienen miedo de hablar. Cuando en el contexto del informe «La verdad de las mujeres» les preguntamos quién fue el perpetrador, algunas dijeron no sabían y otras reconocieron que sí sabían pero que no querían decirlo porque aún tenían miedo o los victimarios seguían muy cerca. Para que una comisión de la verdad funcione se necesita un ambiente de distensión que permita a las víctimas hablar con cierta tranquilidad.

Por otra parte, el modus operandi de muchos victimarios ha sido ocultar su identidad; vestirse de paramilitares cuando eran sectores del Ejército, o actuar como si fueran de otro grupo armado. Esto lo han hecho casi todos los actores armados para crear confusión.

Creo que no solo se debe investigar la responsabilidad en hechos puntuales sino también los mecanismos que han hecho posible ese horror a gran escala, el cual no se consigue llegando a un sitio y matando sin más sino poniendo unas condiciones para que eso sea posible. Eso ha hecho que en la última década y media en Colombia se hayan vivido horrores a una escala enorme. Su investigación es una tarea pendiente en Colombia.

¿Es factible impulsar experiencias de reconciliación en medio de la confrontación armada?

Es posible hacerlo de forma limitada y sin poner en peligro a las víctimas. Un aspecto negativo que ocurrió con la ley de Justicia y Paz es que 26 víctimas y líderes de víctimas que habían participado en las audiencias con los paramilitares fueron asesinadas posteriormente. El Estado debe poner las condiciones para que ese proceso no se convierta en una nueva forma de victimización.

En todas las situaciones de violencia, la gente ha desarrollado maneras de reconstruir la convivencia, de enfrentar el dolor, de buscar a los desaparecidos... cosas que generalmente no esperan a que haya un acuerdo de paz. Si uno analiza el caso de Perú, cuando llegó la comisión de la verdad muchos procesos de reconstrucción de las relaciones en el ámbito local ya se habían dado hacía tiempo con el retorno seis u ocho años antes de los desplazados internos. Eso depende de las condiciones y del espacio que hayan tenido las comunidades para reconstruir la convivencia.

En Euskal Herria, fue uno de los impulsores de la experiencia Glencree, un encuentro entre diferentes víctimas. ¿Bajo qué criterios se organizan encuentros de este tipo?

Se necesita un ambiente de protección y de seguridad para quien participa en ese tipo de iniciativas, que son fácilmente manipulables políticamente. Esa estrategia de protección es necesaria para que puedan caminar sin publicidad, y para que la gente pueda participar con total libertad y voluntariamente. Otra condición fundamental es que eso tenga sentido para quien participa. No es un proceso para llevar a nadie que no quiere. No puede ser una cosa pensada desde fuera como un experimento. Una tercera condición es la confianza. No se pueden hacer si no existe una fuerte relación de confianza con quien facilita ese espacio, la metodología y acompaña esas actividades. No se pueden organizar porque el simple hecho de que haya partidas económicas para ese tipo iniciativas.

¿Qué aportan estas iniciativas a quienes participan en ellas?

En general, lo que sabemos de experiencias en diferentes partes del mundo conducidas de esta manera que te he comentado, es que generan una fuerte movilización emocional. Hablar de la experiencia propia, aunque sea en un contexto protegido, moviliza toda esa afectividad negativa, pero bien conducido puede ayudar a tener una imagen más compleja de la realidad, a superar estereotipos e imágenes rígidas que se tienen respecto al otro y a las víctimas del otro lado -lo que uno piensa que el otro siempre ha tenido o es de una determinada manera o se merecía la acción-. En algunos casos también contribuyen a generar empatía, a ver que me puedo poner en los zapatos del otro y que lo que le ha pasado a esa persona también me ha ocurrido a mí. Esto genera un cuestionamiento de la propia posición; confrontarnos con el dolor y el sufrimiento de cosas que no hemos querido ver nos pone en cuestión a nosotros mismos o a nuestros grupos de referencia.

Otro de los efectos positivos es el papel educativo de muchas de estas personas en su medio personal o familiar, donde pueden hablar de una manera menos estereotipada, más rica y más sensible de lo que les ha pasado a otras víctimas. Ese es un efecto gota a gota. Al menos en todas las experiencias en las que he participado, a nivel político siempre ha habido quien ha dicho `no es el tiempo para esto, no hay condiciones', pero muchas víctimas han demostrado que sí es el tiempo de hacer y de poner unas bases diferentes para la convivencia y la paz.

Centrándonos en Colombia, ¿qué ocurriría ante una eventual ruptura del proceso de La Habana con los procesos de memoria puestos ya en marcha ?

Es un trabajo que hay que hacerlo porque nada va a empezar solo después de la firma de un acuerdo de paz. Si tenemos una sociedad civil preparada para ese proceso será mucho más positivo e irá más lejos. Es algo que ya está pasando en Colombia. Eso demuestra que en Colombia el tejido social no ha quedado totalmente destruido como ha ocurrido en otros conflictos. Un poema de Casaldáliga dice que `siempre es tarde después de tantos muertos, de tantos años de guerra, pero es el único tiempo que tenemos y si empujamos puede amanecer pronto'. Y esa es la dinámica en la que está mucha gente en Colombia. Obviamente, el proceso de paz tiene muchos enemigos y se requiere de un acuerdo no solo con las FARC sino también con el ELN. También es necesario un acuerdo que ponga en cuestión el modo en que se hicieron las cosas con los paramilitares porque el control paramilitar en muchas regiones del país sigue siendo evidente. El paramilitarismo no es un capítulo cerrado. La esperanza de muchos de los que estamos trabajando con la sociedad colombiana es que se proceso no se quiebre, sino que avance. Cuantas más experiencias haya en este sentido, éstas serán un viento a favor para que nadie pueda patear la mesa.

¿Cuáles son las claves para esa reconciliación en Colombia?

La ampliación del proceso de paz a todos los actores armados; una decisión política del Estado de someterse al escrutinio y a la evaluación de la responsabilidad que ha tenido en la violencia en el país y no esconderse en la adjudicación de las violaciones a la guerrilla o los paramilitares como si el Estado no tuviera nada que ver. Creo que la reflexión por parte de las FARC y el ELN de su responsabilidad en las violaciones cometidas contra la población civil -en eso se ha ido dando una cierta evolución en los últimos meses en al menos en las declaraciones en la mesa de La Habana- y creo que se necesita un gran acuerdo general que ponga las bases de la paz en un nuevo consenso social porque los sucesivos proceso de paz que ha habido en los últimos 30 años se han visto como meros procesos de desmovilización de ciertas estructuras o de carácter individual. Son necesarias reformas estructurales del Estado, del nivel de desigualdad y tener en cuenta los derechos de las víctimas.