«Muchas víctimas sienten que su mejor reparación es saber lo que ocurrió»

Abogada y especialista en derechos humanos, Paula Gaviria está desde enero de 2012 al frente de la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, una labor titánica en un país como Colombia, con más de seis millones de víctimas, miles de desaparecidos... Uno de los principales retos es la reparación de las víctimas en medio del conflicto, según afirma en esta entrevista a GARA. Considera que «independientemente de las discusiones en Cuba, el compromiso de todos debe ser con la paz. Es importante que sepamos qué nos ocurrió, cómo afecta a nuestro presente y qué podemos hacer para tener un mejor futuro». «No es aceptable que una madre no sepa dónde está su hijo; que una niña crezca sin su padre. Todo eso tiene que acabar», enfatiza.

¿Cuáles son los retos más inmediatos que afronta?

En la Unidad siempre hemos considerado que uno de los retos más difíciles y acuciantes es el de reparar a las víctimas en medio del conflicto armado. Esto tiene que ver con las garantías de no repetición de los hechos que causaron la victimización y con el tema económico. Durante este gobierno, hemos reparado a 388.973 víctimas. Imagina cuánto podríamos lograr si dedicáramos a la atención y reparación buena parte de los recursos que ahora se destinan a la guerra. Avanzaríamos mucho más rápido.

De todas formas, el Estado no podía esperar para atender a sus víctimas y en la Unidad queremos y debemos seguir consolidando el trabajo que se inició cuando el presidente Juan Manuel Santos aprobó la Ley de Víctimas en 2011, realizando nuestra labor de coordinadores del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y así llegar al mayor número de víctimas posible, haciendo un trabajo firme, completo, adecuado, diferenciado con cada persona.

¿Qué dimensiones adquieren la reparación, el derecho a la verdad y la no repetición en el actual contexto, con unos diálogos de paz en marcha y en plena discusión sobre las víctimas?

La Unidad para las Víctimas está muy ilusionada con los diez principios acordados para el punto de víctimas en la mesa de negociación, porque sientan unas bases de reconocimiento y dignificación para ellas. Precisamente, el derecho a la verdad es uno de los apartados fundamentales en la agenda de discusión de La Habana. De hecho, hay muchas víctimas que sienten que su mejor reparación es saber lo que ocurrió (por ejemplo, en el caso de los familiares de desaparecidos).

Otras personas quieren que no se repita la discriminación y la persecución a los que se vieron sometidos. Los grupos de sindicalistas o periodistas, con los que venimos trabajando en procesos de reparación colectiva, son una clara muestra de ello.

Por eso, involucrarse en la reparación es fundamental. El Estado dio el primer paso, que queremos que acompañe toda la sociedad. Las propias víctimas están realizando sus propuestas sobre cómo quieren desarrollar el proceso y esto es fundamental para que el acuerdo final tenga el mayor consenso y respaldo posible por parte de ellas.

¿La reparación va más allá de una hipotética acción penal?

Sí, por supuesto. Tal como está planteada en Colombia, que es uno de los casos más avanzados del mundo, la reparación es integral y, por eso, tiene cinco componentes: las medidas de satisfacción, que tratan de restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido; la rehabilitación, que busca el restablecimiento de las condiciones físicas y sicosociales de las víctimas; la restitución de tierras, predios o bienes, para aquellas personas que fueron despojadas o se vieron obligadas a abandonarlos; la indemnización por vía administrativa, que consiste en una compensación económica; y, por último, las garantías de no repetición, que son acciones del Estado para garantizar que los hechos no vuelvan a ocurrir.

Es decir, la reparación integral va más allá de un cheque. Queremos que las personas potencien sus capacidades y disfruten de unas condiciones mejores que las que tenían cuando les sucedió el hecho victimizante.

En el informe «Basta ya», del Centro Nacional de Memoria Histórica, se destaca la «sevicia» con la que han actuado los actores armados, incluyendo a personal del Ejército. En él se describen masacres, secuestros, torturas, violaciones, descuartizamientos... ¿Cómo recuperarse de tamañas heridas?

Hay algo que los colombianos debemos entender y es que lo que le pasó a seis millones y medio de víctimas nos pasó a todos como sociedad. Colombia ha vivido demasiado dolor en los últimos 60 años. Tenemos que darnos la oportunidad de tener un país mejor. Por eso decía que la reparación va más allá de lo económico: tiene que ver con el restablecimiento de derechos, con la dignidad, con lo sicosocial, con recuperar los lazos con mis vecinos...

Hay una apuesta muy importante de la Unidad para las Víctimas, que consiste en la «reparación colectiva» de, hasta la fecha, 219 comunidades, organizaciones y grupos fundamentales para la construcción de democracia. Entre ellas están comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, de mujeres, políticas...

Se han conseguido logros antes impensables. Por ejemplo, hace unos años un pueblo al norte del país llamado Chibolo vivía atemorizado por los paramilitares de alias «Jorge 40». Las autodefensas (AUC) se reunían en un local que convirtieron en su centro de operaciones durante más de 20 años y expulsaron a la población. En 2013 logramos que la comunidad regresara y aquel antiguo centro de reuniones paramilitares adquirió un nuevo significado; es ahora donde los pobladores se juntan para tomar decisiones en común. Eso permitió reconstruir el tejido social, recuperar la confianza de la gente hacia el Estado e iniciar procesos de restitución de tierras. Recuperarse de esas heridas lleva su tiempo, pero las víctimas están demostrando día a día que sí se puede.

De la lectura del citado informe, sorprende el alto grado de acciones atribuidas a «grupos no identificados». ¿Cómo se puede materializar en esos casos el derecho a la verdad?

Según la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una víctima no tiene la obligación de identificar a su victimario cuando presenta su declaración para ser incluida en el registro oficial. No podemos obligar a la víctima a decirlo, en el caso de que lo sepa y quiera reservárselo por miedo, vergüenza u otro motivo. Y en el caso de no saberlo, el Estado tiene varias iniciativas, como las del Centro de Memoria Histórica, que realiza una labor incansable de investigación.

La reparación se está dando independientemente de quién haya sido el victimario. Es muy difícil responder todos los porqués de las víctimas y por eso las medidas de reparación varían. Quizá no sepamos el nombre del grupo guerrillero o paramilitar que en un momento puntual obligó a una familia a desplazarse, pero sí sabemos que debemos cubrir las necesidades de esas personas y entender si ellas quieren regresar o prefieren asentarse en un nuevo sitio y acompañarlas en el proceso.

¿Cómo poner a las víctimas en clave de solución e impedir su instrumentalización?

En Colombia, las víctimas están siendo cada vez más visibilizadas. Esto ha sido fundamentalmente gracias a ellas, que han reclamado sus espacios de participación. Exigen y defienden sus derechos, lo que es positivo para la sociedad en general. Las víctimas siempre serán parte de la solución, porque una Colombia en paz no puede hacerse sin ellas.

Por otro lado, ahora contamos con 900 mesas municipales, departamentales, distrital y nacional. donde las víctimas eligieron a sus representantes de manera democrática. Allí hay representantes de todos los hechos victimizantes (homicidio, desplazamiento, secuestro, violencia sexual...) y de lo que en la Unidad llamamos «enfoques diferenciales»: mujeres, adultos mayores, población LGTBI, niñez y adolescencia... Incluso los actores armados que les hicieron daño son muy diferentes. La gran variedad de víctimas hace que sea más difícil que alguien trate de manipularlas.

¿Ve cercano el día en que no haya más desaparecidos en Colombia, en el que sus familiares sepan qué les pasó y dónde reposan sus restos? ¿Qué medidas se requieren para eso?

Gracias al proceso de negociación entre el Gobierno y las FARC, y los principios acordados ahora con el ELN, Colombia ve más cerca el día en que no haya nuevas víctimas, pero eso requiere de la voluntad y el compromiso de toda la sociedad colombiana. No es aceptable que una madre no sepa dónde está su hijo; que una niña crezca sin su padre. Todo eso tiene que acabar. Después de muchas décadas de conflicto, sabemos que será un proceso largo, pero estamos trabajando para que ese día llegue lo antes posible.

Con la Fiscalía, estamos realizando actos de entrega de restos a familiares de desaparecidos. Son momentos muy emotivos, que permiten a los familiares comenzar a elaborar el duelo. También ha habido algunos victimarios que han pedido perdón públicamente o han dado a conocer dónde se encontraban desaparecidos. Es necesario que los órganos ejecutivo, legislativo y judicial sigan profundizando en las investigaciones, la resolución de estos delitos, el acompañamiento sicológico a los que perdieron a sus seres queridos y todas las medidas que les correspondan según sus competencias.

Otro de los puntos clave es la construcción de la confianza. Para que las víctimas puedan expresar sus experiencias más íntimas y, en su caso, identificar a los autores necesitan confiar y garantías de que no sufrirán una nueva victimización. ¿Qué pasos se han dado desde su Unidad en ese sentido?

Uno de los grandes logros de la Unidad para las Víctimas en sus tres años de vida es la reconstrucción de confianza en el Estado. Desde el comienzo, ha sido un proceso que ha ido de la mano entre las instituciones y las víctimas. Los trabajadores y trabajadoras de la Unidad hablan con sinceridad, sin crear expectativas que no puedan cumplirse, y conscientes de que no estamos haciendo favores o repartiendo limosnas: estamos ayudando a restaurar los derechos que alguna vez fueron vulnerados.

Además, estamos capacitando constantemente a los funcionarios que reciben las declaraciones de las víctimas, para que tengan en cuenta los aspectos sicológicos, los procesos vitales según la edad, la cosmovisión de los grupos étnicos... Por ejemplo, en el caso de las personas víctimas de violencia sexual, es especialmente importante que expresen si prefieren que los atienda un hombre o una mujer. Así lo estamos haciendo. Ha sido un proceso paulatino en el que los funcionarios han demostrado que están cualificados, conocen su trabajo y les gusta ejercerlo, a pesar de las dificultades.

También se está desarrollando un trabajo incansable en cuestiones de seguridad. Por ejemplo, en el caso de la reparación colectiva a periodistas, la Unidad para las Víctimas ha facilitado y acompañado encuentros con la Unidad Nacional de Protección.

¿Qué aporta en el actual contexto el Marco Jurídico para la Paz y en qué considera que puede flaquear a tenor de la experiencia vivida respecto a la desmovilización de paramilitares?

Las víctimas siempre han reclamado su derecho a la verdad, la justicia y la reparación y es lo que el Estado debe proporcionar, en el actual contexto de justicia transicional. El Marco Jurídico para la Paz ha traído consigo mucho debate entre diferentes actores. En este sentido, nunca debemos perder de vista la importancia que tiene para la sociedad el reconocimiento de culpa por parte de los victimarios, así como el proceso de reintegración de quienes han estado envueltos en algún delito en el marco del conflicto armado. Estoy segura de que este gobierno no va a permitir una paz con impunidad. No nos olvidemos que las víctimas son actores fundamentales de la política pública y que el propósito final es la reconciliación.

¿Se corre el riesgo de cerrar en falso las heridas?

Este gobierno está siendo muy cuidadoso y responsable, ya que la propia Ley de Víctimas establece que se trata de un proceso gradual y progresivo. Es decir, para que podamos llegar al mayor número de víctimas posible, debemos planificar la inversión, establecer prioridades (mujeres jefas de hogar, por ejemplo) y no generar falsas expectativas. Cuanto más integral sea la reparación, más seguridad tendremos de que no reaparecerán viejas heridas. Por eso le damos tanta importancia a medidas como el apoyo sicosocial o la reparación colectiva, que es vital para reconstruir el tejido en las comunidades más afectadas. Por otro lado, la participación de las víctimas está siendo primordial durante todo el proceso, precisamente para evitar esto que menciona y generar la mayor legitimidad posible con respecto a la política pública que les atañe.

¿Considera factible impulsar experiencias de reconciliación en medio de la confrontación?

En los últimos meses se ha desarrollado una iniciativa llamada Reconciliación Colombia en la que las víctimas, los victimarios, el sector privado, las comunidades campesinas, grupos de mujeres y otros actores muy diferentes han intercambiado opiniones sobre cómo aportar al futuro de Colombia.

En la Unidad para las Víctimas somos testigo de encuentros muy exitosos entre víctimas y desmovilizados, victimarios; jóvenes que pertenecieron a grupos armados durante su infancia ahora ayudan como voluntarios a otros adolescentes en su proceso de reintegración en la vida civil. Esos pequeños ejemplos nos demuestran que individualmente también podemos lograr mucho.

¿Qué ocurriría en una hipotética ruptura del proceso de La Habana con los procesos de memoria y reconciliación?

Gran parte de los colombianos confiamos en que las negociaciones de La Habana serán exitosas y vemos que se han alcanzado avances como nunca antes en nuestra historia, especialmente al colocar a las víctimas del conflicto como un eje central del diálogo. En cierto modo, la reelección del presidente Santos es un voto a favor de la propuesta del Gobierno de acabar el conflicto de manera negociada, y también un llamado a los actores armados a que abandonen la violencia y busquemos el modo pacífico de ponerle fin al conflicto y a la aparición de nuevas víctimas.

Es imposible predecir qué ocurriría en Colombia de romperse las negociaciones actuales, pero independientemente de las discusiones que se adelanten en Cuba, el compromiso de todos debe ser con las víctimas, con la paz. Es importante que sepamos qué nos ocurrió, cómo afecta a nuestro presente y qué podemos hacer para tener un mejor futuro.

A nivel internacional, hay múltiples experiencias en cuanto a reparación y reconciliación. ¿Qué elementos se podrían importar a Colombia de experiencias vividas, por ejemplo, en los procesos de paz de Irlanda del Norte o Sudáfrica?

Aunque el proceso de reparaciones de Colombia en medio de un conflicto armado es único en el mundo, hemos mirado atentamente a las experiencias de otros países. Uno de los aportes que nos interesa son los espacios de participación creados para que las víctimas expresen sus sentimientos, opiniones... y se conozca la verdad de los hechos.

En Chile o Perú, se recurrió a los mecanismos de priorización, con el fin de que la reparación económica diera alcance en primer lugar a aquellos más vulnerables. En Timor Oriental, hubo ejemplos de reuniones donde las víctimas contaban sus testimonios y, acto seguido, los victimarios pedían perdón y reconocían su responsabilidad, de modo que se convertían en audiencias de reparación simbólica. Debemos aprender tanto de lo negativo como de lo positivo. Hasta la fecha, hemos reparado a algo más de 388.000 personas (más que lo alcanzado por Chile, Guatemala o Sudáfrica) y somos conscientes de que, con responsabilidad y mucho esfuerzo, llegaremos a más. Sabemos que hay quienes querrían que fuéramos más rápido, pero lo principal es hacerlo bien.

El presidente Santos ha reconocido la responsabilidad del Estado en el conflicto armado...

Es un hecho sin precedentes. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos reconoció la existencia de un conflicto armado, a las víctimas que ha dejado la guerra durante más de 50 años y la necesidad de repararlas si queremos alcanzar un país justo y en paz. Esto es fundamental en la historia de Colombia, porque los gobiernos anteriores jamás lo habían hecho. Que el presidente reconociera la responsabilidad del Estado mostró la voluntad de reconciliación. Ha sido el Gobierno quien ha dado el primer paso cuando aprobó la Ley de Víctimas en 2011, creó nuevas instituciones para ponerla en marcha (Unidad para las Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras y Centro de Memoria Histórica) y comenzó la reparación integral haciendo que más de 50 entidades nacionales conformaran un sistema para atender a las víctimas.

El propio informe «Basta ya» es una iniciativa de memoria liderada por el Estado a través del Centro Nacional de Memoria Histórica. Pero además, en colaboración con otras entidades se han alcanzado varios logros: Cerca de 50.000 víctimas han recibido atención sicosocial o han sido vinculadas al programa de atención en salud integral y sicosocial del Ministerio de Salud; del programa de viviendas gratuita, el 70% será asignado a población desplazada, a día de hoy se han asignado 45.000 soluciones de vivienda a esta población; más de 2.000 víctimas recibieron becas a través del Fondo de Reparación en Educación Superior a las Víctimas, creado por el Ministerio de Educación e ICETEX; más de 12.000 ciudadanos colombianos han podido definir su situación militar gracias a la exención del servicio militar obligatorio para víctimas del conflicto, en colaboración con el Ministerio de Defensa...