«Pretium doloris» para víctimas del terrorismo del PSOE-PSE-EE

En Octubre de 1982 Felipe González Márquez ganó las elecciones españolas, y recuerdo su joven, sano y atrevido aspecto al entrar en el palacio de la Moncloa con sus tres hijos y su mujer. Ciertamente, Felipe González debería ser una pieza clave para el futuro y las sociedades española y vasca le exigían resolver los complejos problemas que nos acechaban a través de todos los medios democráticos a su alcance. Es decir, en un Estado de Derecho solo el uso de aquellos medios, instrumentos, mecanismos y metodologías aplicados desde el camino del bien podían tener legitimidad.

Recuerdo aquel otoño del 1982 cuando íbamos a visitar a mi hermano Joxi Zabala, refugiado político vasco, a Bayona, y hablábamos del futuro de nuestro pueblo y de su vuelta a Tolosa en un futuro cercano. Parecía que nuestra historia podría cambiar para mejor, aunque, desafortunadamente, ocurrió todo lo contrario.

Por supuesto, en mi casa la política nunca había sido un tema prioritario hasta la huida de mi hermano a Iparralde (perteneciente al estado francés). Pues en mi casa, en aquella esperanzadora época, como en la mayoría de los hogares del territorio peninsular, existían dos prioridades claramente diferenciadas y representadas por mis padres. Por un lado, la filosofía de mi padre, humilde trabajador que nos intentaba inculcar la importancia de comenzar a trabajar desde muy joven para conseguir dinero necesario para poder prosperar en la vida. Mientras, por otro lado, la filosofía de mi madre estaba enfocada al esfuerzo que cada uno de nosotros debíamos realizar por dominar diferentes disciplinas del saber. Para mi madre estaba claro que los estudios, ya fueran profesionales o universitarios, eran lo que nos haría avanzar como personas de bien con más recursos propios para poder hacer frente a todo aquello que nos pudiera suceder en la vida. Afortunadamente, gracias a mis padres nos fuimos decantando cada uno de nosotros por un futuro sabio y digno.

Desgraciadamente, pronto nos dimos cuenta que las cosas comenzaban a cambiar pero no para mejor. Los elevados índices de paro no descendían, comenzaban a quebrar muchas empresas que durante una floreciente época industrial habían atraído a personas de otras regiones españolas a Euskal Herria y la represión policial en las calles intentando persuadir a los descontentos jóvenes que no veían un futuro digno estaban a la orden del día.

La realidad a la que se tuvo que enfrentar el primer Gobierno socialista no era fácil de gestionar, pero para eso tenía a muchos ministros licenciados en Derecho como Enrique Múgica Herzog, ministro de Justicia, o el propio González y Alfonso Guerra, ambos abogados laboralistas. ¿Cómo personas expertas en Derecho que tenían que resolver los problemas que nos acechaban pudieron quebrantar las leyes y delinquir en los diferentes ámbitos político, económico y social haciendo caso omiso a los Derechos Humanos y a todas las libertades propias de una democracia europea?

Es cierto que el terrorismo ejercido por la banda armada ETA estaba muy presente en el día a día de la sociedad, pero para actuar contra ETA en Euskadi estaba la fracción política del PSE-EE con otros licenciados en Derecho como Ramón Jaúregui, Txiki Benegas, Jesús Eguiguren, u otros oficios como Mario Onaindia, García Damborenea, y posteriormente Rosa Díez y demás socialistas vascos que formaron parte de la segunda legislatura socialista. ¿Cómo si eres una persona íntegra con unos sólidos valores y principios de bien y de lo correcto se puede seguir perteneciendo a un partido que condena y al mismo tiempo niega en público los brutales crímenes de miembros de su partido y en privado los festeja brindando con champán y fumándose un puro? Todo esto sucedió tal y como lo cuentan, en privado, personas que ostentaron altos cargos dentro del PSE-EE en aquella época pero, de momento, públicamente no ha transcendido.

Intento examinar objetivamente el pasado para investigar dónde estaba el germen del mal que llevó a esas personas a dejar de lado el lógico raciocinio y pasar a cometer acciones ilegales que públicamente rechazaban porque política y éticamente no eran correctas y, por lo tanto, no se podían defender ni llevar a cabo desde ningún proyecto político. Esas personas de doble moral se creyeron sus propias mentiras y tejieron sabiamente una red institucional apoyada por todo aquel ser humano sin escrúpulos que callaba sabiendo todo lo que de ilegal practicaban sus compañeros de partido. Al final, la sinrazón del terrorismo de una banda armada y la doble moral de los políticos que ampararon el terrorismo de estado (el mayor veneno que puede existir para la sociedad es el terrorismo institucional), a pesar de condenarlo, desalentaron, desmotivaron y desprestigiaron todo un sistema de valores nobles y éticos que cuesta mucho conseguir y muy poco perder o destruir.

Como ser humano maltratado, sólo espero que algún día el pretium doloris que nos deben todos aquellos políticos e individuos que una y otra vez nos calumniaron, nos humillaron nos hirieron en lo más profundo de nuestro ser mintiéndonos y alargando nuestro calvario durante casi 12 años ocultando el paradero de Joxi y Joxean, respondan ante el Tribunal pertinente que debe garantizar que en un Estado de Derecho se cumplen las normas y Leyes propias de una Democracia avanzada.

Por tanto, como bien escuché en la lectura del Manifiesto de la Democracia Global firmado y defendido por intelectuales de diferentes países, entre ellos España, con Daniel Innerarity, o EEUU, con Noam Chomsky entre otros, mi más añorado deseo es que ese alto tribunal ejerza y exija la debida Justicia Transicional por esos execrables crímenes cometidos desde el amparo total y absoluto del poder político socialista. Tal y como me señalaron los intelectuales que participaron en la divulgación de ese manifiesto, «el caso Lasa y Zabala» es la historia más vergonzosa, triste, dolorosa ocurrida en un país europeo democrático y debe ser ejemplarmente juzgada para que ningún gobierno democrático del mundo repita esa actitud irresponsable de los socialistas.

Debe quedar claro, por el bien de toda la humanidad, que un país gobernado por unos corruptos individuos, hasta ahora no juzgados por la responsabilidad de sus delitos no puede esperar que esos seres humanos desaparezcan de la faz de la tierra sin responder con la misma igualdad ante la justicia y respondan ante la ley por todos aquellos delitos que en vida y bajo su responsabilidad sucedieron en su país. A eso le llamo yo avanzar desde los principios de ese Manifiesto por una Democracia Global cada vez más necesario y respaldado por toda una mayoría de prestigiosos intelectuales europeos y del mundo. Aun así, solo deseo que cada vez las cotas de democracia que nos merecemos se vislumbren claramente y, por un lado, comience a abrirse una brecha contra la impunidad del poder político a través del buen hacer de jueces, médicos forenses, funcionarios de diferentes instituciones del Estado y mientras, por otro lado, los tribunales internacionales lleven adelante las competencias para las que han sido diseñados, es decir, aplicar las leyes internacionales en aquellos países donde el grado de democracia indica que los ciudadanos están desprotegidos por el abuso de poder de su clase política dominante.

Creo que de esta forma la transparencia de la democracia ayudará a toda la ciudadanía a recuperar la fe en los valores necesarios para avanzar por la senda del bien común y la esperanza en la bondad del ser humano íntegro, digno de compasión y claro diferenciador de lo correcto y de lo incorrecto, ya que, como siempre repito cuando doy mi testimonio, «ninguna causa justa puede ser defendida por métodos injustos».

Por tanto, el Gobierno socialista de Felipe González debe pasar a la historia por ser el primer gobierno español juzgado por un alto Tribunal Internacional, ya que los tribunales nacionales no garantizaron la imparcialidad debida al juzgar crímenes de estado cometidos por funcionarios públicos socialistas y FSE.