El PP no quiere que los documentos del Congreso sobre tortura se conozcan

Más de dos años de trabajo sobre torturas en Euskal Herria encerrrados a cal y canto en algún archivo del Congreso español. La Cámara Alta guarda bajo llave los dictámenes y los testimonios recogidos en la comisión de investigación puesta en marcha durante su primera legislatura.

En dos ocasiones, Amaiur ha solicitado los informes. En ambas se ha rechazado la petición. La primera, parapetándose en la forma, argumentando que no existe diario de sesiones. Es cierto, ya que aquellos trabajos nunca llegaron a pasar por pleno, pese a que, según la prensa de la época, para junio de 1981 ya estaba ultimado el informe final. En un segundo intento, la coalición abertzale reclamó las actas y los audios. Segunda negativa. En este caso, amparándose en la Ley de Patrimonio Histórico Español. El Estado, que no aplicó ninguna de las recomendaciones, trata de convertirse así en supuesto garante de los derechos de unos detenidos a quienes no aplicó ninguna garantía en el momento del arresto, cuando fueron torturados. Ni las conclusiones se debatieron ni las recomendaciones se aplicaron. Ahora, 33 años después, tampoco hay voluntad que los testimonios salgan a la luz.

La «Comisión de Investigación sobre Presuntos Malos Tratos a Detenidos del País Vasco», que así se bautizó el órgano cuando inició sus pesquisas el 28 de diciembre de 1979, era también el primer comité de estas características que se ponía en marcha en las Cortes. Que el Congreso, a petición del PSOE, se interesase por el trato de los arrestados en Euskal Herria fue consecuencia del secuestro del diputado de UCD Javier Rupérez, reivindicado por ETA (pm). Así lo certificó el fallecido Juan Mari Bandrés, entonces diputado de Euskadiko Ezkerra en Madrid. En sus conversaciones con el periodista Raimundo Castro para su ensayo biográfico «Memorias para la paz», publicado en 1998, Bandrés era tajante: «Se abrió una comisión investigadora de malos tratos, algo que tenía que haber hecho el Congreso sin que nadie se lo pidiera y que hubo que hacerlo a raíz de ese secuestro». Como UCD, con Adolfo Suárez ocupando la Moncloa en aquel momento, no quería escenificar la negociación con la organización armada, fue el PSOE quien llevó la voz cantante. Lo reconocía el diputado de esta formación Gregorio Peces Barba el 26 de noviembre de 1979, en el momento de presentar el proyecto. «Esta iniciativa puede ser un elemento en favor de la liberación de Rupérez», aseguró.

Dos semanas después, el diputado de UCD era liberado y el Congreso cumplía, en principio, con su parte del trato. En un primer momento, presididios por Gregorio Peláez Redajo (también del partido liderado por Suárez), 34 diputados formaron parte del comité. El número se redujo en los diversos subgrupos que desarrollaron sesiones tanto el colegio de abogados de Bizakia como en el de Gipuzkoa, visitando también cárceles como Herrera de la Mancha o Carabanchel. Participantes como Joseba Azkarraga recuerdan que entre los testigos se encontraba Tomás Linaza, torturado en el cuartel de La Salve tras su detención el 14 de mayo de 1981. Otro de los presentes, José Antonio Maturana (PSE), asegura no recordar nada de aquellas sesiones. «Han pasado más de 30 años», señala. Al parecer, fue José Bono, posteriormente presidente del Congreso en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encargó de recoger las actas y las grabaciones de una de las sesiones y entregarlas a las Cortes.

23-F y cambio de nombre

Aquellas no fueron las únicas entrevistas. Otra sesión de trabajo tuvo lugar en mayo de 1980 y en ella declararon más una decena de personas de Bizkaia. Se celebró en la antigua sede del colegio de abogados, en la calle Lersundi de Bilbo, y entre quienes prestaron testimonio se encontraba Txema Rojo, que había sido excarcelado meses atrás. Él fue uno de los primeros detenidos en aplicación de la Ley Antiterrorista y en la Salve sufrió «electrodos, golpes y flexiones», entre otros tormentos. «Pasamos de uno en uno y respondimos a las preguntas que formulaban», explica.

«Jamás llegó a cumplir su misión», reconocía Bandrés a Raimundo Castro. El exdiputado de EE asumió que a lo único que se dedicó la comisión fue a «recopilar muchos datos y tomar muchas declaraciones». Entre las visicitudes del comité está su cambio de nombre, que no parece casual. De hacer referencia explícita a los «presuntos malos tratos en el País Vasco» pasó a denominarse «Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos». Fue el 25 de febrero de 1981, dos días después de que el coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpiese en el Congreso escenificando un frustrado Golpe de Estado. Antes, el día 17, Joxe Arregi moría tras sufrir brutales torturas.