Los presos lanzan la vía judicial contra la dispersión con 50 quejas personales
Un grupo de 50 presos, casi todos en situaciones especialmente graves, abre otra fase en la apuesta de EPPK por explorar la vía legal. Formularán quejas individuales y detalladas ante la Audiencia Nacional por las vulneraciones de derechos humanos que acarrea la dispersión. El Gobierno de Lakua y EH Bildu les respaldan.
Después de que las peticiones de traslado a Zaballa formuladas a sus respectivas cárceles hayan sido rechazadas o ni siquiera respondidas, los presos vascos han dado un nuevo paso adelante y llevan a los tribunales españoles las vulneraciones de derechos humanos que acarrea la dispersión. Los primeros en hacerlo serán una cincuentena de personas presas en el Estado español, entre las cuales se producen situaciones especialmente graves al hallarse enfermos, tener más de 70 años o llevar más de 20 en la cárcel.
Este paso, que da continuidad y profundidad al compromiso adoptado por Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK) hace un año, adopta una forma concreta: la queja ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, sito en la Audiencia Nacional y encarnado en el magistrado José Luis de Castro. Es el directamente interpelado dado que su función teórica es garantizar los derechos de los prisioneros, notoriamente afectados por la dispersión y sus efectos añadidos (clasificación en primer grado, aislamiento, limitación de comunicaciones...)
La respuesta debería llegar en días o semanas. Si fuera negativa, los abogados de estos presos apelarían ante otra instancia superior de la AN; la Sección Primera de la Sala de lo Penal, en la que se encuentra, entre otros, su máximo responsable actual, Fernando Grande-Marlaska. En esta instancia la respuesta podría dilatarse algunos meses.
Si el recorrido por la AN deparara resultado negativo, los presos no tendrían que acudir en este caso al Tribunal Supremo, sino que al ser una cuestión de derechos básicos llegarían directamente al Constitucional. Y su intención es apelar hasta Estrasburgo si fuera necesario. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya anuló la doctrina para alargar condenas, aunque para entonces habían pasado siete años de su implantación.
En estas quejas, cada preso expondrá con detalle su situación personal y las afecciones que provoca la dispersión tanto a él como a sus allegados. Se apuntan desde «la desestructuración familiar y desarraigo social y cultural» hasta el riesgo de accidentes en los viajes. Y se enumera una larga lista de vulneraciones legales, que van desde la Ley de Ordenación General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario a la propia Constitución española y a normas internacionales (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio Europeo de Derechos Humanos, resoluciones de la ONU...)
Arzuaga: «Proteger este paso»
El paso dado por EPPK cuenta con un respaldo político mayoriario y rotundo en Euskal Herria. Así, el portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, la calificó de «positivo» y destacó que con ello el colectivo cumple el compromiso que adoptó ante la sociedad vasca de afrontar el camino legal y hacerlo de modo individualizado. En términos similares se expresó la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uria (PNV).
Desde EH Bildu, el parlamentario Julen Arzuaga destacó que los presos «han cumplido su palabra» y llamó a «proteger y acompañar estos pasos desde el ámbito político». Añade que ello facilitará «humanizar las durísimas condiciones de vida» de estas personas y «avanzar en el proceso democrático».
«Organización aún no disuelta»
Paradójicamente, las mismas instancias españolas que tantas veces han reprochado a los presos vascos que actuaran como colectivo son las que han dado ahora respuesta colectiva a las peticiones individuales de traslado a Zaballa. Estas solicitudes fueron remitidas a las Juntas de Tratamiento de cada prisión entre marzo y julio y han ido teniendo respuesta en los meses sucesivos, aunque no en todos los casos (algunos ni siquiera han sido contestados).
Lo curioso es que, pese a tratarse de diferentes cárceles y localizaciones, en los rechazos se repiten los mismos argumentos, e incluso la literalidad de las expresiones. Por ejemplo, se alude en casi todos los casos a que los solicitantes «siguen teniendo relación con una organización que aún no se ha disuelto», en alusión a ETA. El argumento fijado por el Gobierno español para intentar sostener la dispersión. R.S.
PRIMER GRUPO
Enfermos (7)
Presentarán quejas Josetxo Arizkuren, Iñaki Etxeberria, José Ramón López de Abetxuko, José Miguel Etxeandia, Inma Berriozabal, Gari Arruarte e Ibon Iparragirre. Hay otros prisioneros enfermos, pero se hallan en prisión atenuada, en cárceles vascas (Txus Martin, Aitzol Gogortza) o en el Estado francés (Ibon Fernández Iradi). Su excarcelación se demanda por otros cauces judiciales.
+70 años (6)
Están actualmente en la cárcel pese a tener más de 70 años de edad Bixente Askasibar, Sebas Etxaniz, Pablo Gorostiaga, Karlos Trenor, Isidro Murga y Patxo Murga.
+20 años
Presentan esta queja para reclamar el acercamiento también los presos que llevan ya dos décadas consecutivas en prisión, debido a las consecuencias de la política de dispersión en este tiempo tan prolongado. Los abogados calculan que este grupo está integrado a día de hoy por una treintena de personas aproximadamente.
Portavoces (6)
En este primer grupo se incluye también a los miembros del grupo de portavoces de EPPK encarcelados en el Estado español. Se trata de Unai Fano, Idoia Martínez, Anabel Egues, Jon Olarra, Ainhoa Mujika y Xabier Alegría.
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