El 28 de diciembre del pasado año, el EPPK anunció su intención de aportar al proceso en la dirección señalada por el Foro Social de Euskal Herria, concretamente aceptando que su proceso de excarcelación, y en primer lugar su traslado a Euskal Herria, se lleve a cabo utilizando cauces legales. No es, por tanto, algo sorpresivo el hecho de que hayan comenzado a presentar quejas individuales ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Menos aún cuando en el mes de marzo procedieron a cursar peticiones individuales de traslado a Euskal Herria y a prisiones próximas en el caso de los encarcelados en el Estado francés, y los que padecen enfermedades incurables y mayores de 70 años, la libertad condicional o prisión atenuada. Todas aquellas peticiones fueron denegadas, lo que no fue óbice para que algunos intentaran disimular su escasa implicación en el proceso de resolución responsabilizando a los propios presos de la vulneración de sus derechos. Y no sorprende esa decisión porque era un compromiso anunciado.

Sin embargo, es un nuevo paso que deja sin argumentos -si es posible más aún- al Gobierno del PP y a quienes defienden una política penitenciaria que no tiene sustento jurídico ni de ningún otro tipo y responde al impulso vengativo, toda vez que vulnera clara y alevosamente los derechos de las personas presas. Una política que forma parte de una actitud de motivación política, camuflada en un espurio cumplimiento de la ley. De su ley, la que les lleva a proteger a cargos franquistas y torturadores reclamados por la Justicia argentina.

Otro paso de los prisioneros vascos que debe ser respaldado por los agentes y las instituciones de este país, desde un punto de vista tanto humano como político y social, porque el fin de la dispersión es una demanda de esta sociedad que, a su vez, reclama el compromiso de todos para avanzar en el proceso de resolución y paz. Un compromiso que los presos vascos no solo dijeron asumir, sino que además están demostrando.