Iñaki Goioaga y Haizea Ziluaga, dos de los abogados de los presos vascos que han emprendido la vía judicial contra la dispersión, detallaron la iniciativa ayer en Bilbo, acompañados de familiares de los represaliados. Son en torno a 50 en este primer bloque (presos enfermos y otros que sufren situaciones especialmente graves por edad o tiempo sumado en la cárcel). El resto de presos en el Estado español afectados por la dispersión, unos 315, se incorporarían posteriormente, pero la intención inicial es esperar a conocer la respuesta a estos recursos antes de incorporar otras tandas. En el Estado francés también habrá una iniciativa similar, por los canales correspondientes.

Antes que nada, los abogados salieron al paso de malinterpretaciones, haciendo hincapié, «para que quede claro», en que «lo solicitado por el Colectivo de Presos Políticos Vascos no es ningún beneficio penitenciario, sino el respeto de los derechos fundamentales y los derechos humanos». Y es que «no hay ningún precepto legal donde se pueda justificar la actual política de dispersión». Las quejas detallan todas las normas que se vulneran con esta práctica, desde reglamentos y leyes estatales a la Constitución española y varias normas internacionales.

«Lo que está en cuestión aquí es si se respeta o no el principio de legalidad, si estamos o no en un Estado de Derecho. En estos momentos la dispersion es indefendible, a no ser bajo criterios de crueldad o de venganza. Vamos a ganar este recurso, esa es nuestra ambición», dijo Iñaki Goioaga.

Esperando a la Fiscalía

Este segundo paso, añadieron, se materializa tras recibirse respuestas negativas a las primeras peticiones, formuladas ante la administración penitenciaria. Ziluaga y Goioaga destacaron que estos rechazos «se basan en criterios meramente políticos (por el hecho de que cumplen condena por pertenencia o relación con ETA y esta no se ha disuelto), son respuestas estándares y genéricas, y reducen las reivindicaciones del Colectivo de Presos Políticos Vascos a un problema meramente administrativo». En consecuencia, las defensas de los presos han declinado canalizar estas demandas de traslado a Zaballa por vía contencioso-administrativa y han acudido directamente a la Audiencia Nacional por vulneración de derechos.

Su primer punto de atención será ver la posición que adopte la Fiscalía, indicaron. Pero esperan que incluso en caso de que esta fuera negativa el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, imponga su función de «garante» de los derechos de los presos.

Entre los familiares presentes en la rueda de prensa destacaba Jone Artola, que sufrió un gravísimo accidente recientemente en Tutera cuando volvía de prisión con otros dos allegados. Una muestra viva y doliente de «lo inaceptable que es mantener la dispersión».