Unas declaraciones de 2013 de un dirigente de Podemos redescubiertas ahora han devuelto a la memoria colectiva vasca un asunto que lleva tres décadas pendiente de abordarse a nivel oficial. Esta era la frase de Juan Carlos Monedero que ha motivado la querella del mayor sindicato policial (CEP), por la que probablemente deberá declarar en un tribunal: «Se empezó a distribuir heroína por parte de la Policía en los lugares donde había una juventud más conflictiva y más peleona. Y de repente apareció heroína en el País Vasco, en Madrid, en Valencia, en Barcelona... en sitios donde la gente podía optar por salidas políticas. Era mejor que se metiera en la heroína».

La vinculación de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) con la brutal entrada de las drogas, principalmente heroína, en el entorno de la juventud vasca en los años 80 es una sospecha permanente y que incluso tiene certificación oficial. Se trata del informe elaborado en 1989 por el entonces fiscal jefe de la Audiencia de Donostia, Luis Navajas, que puso la cuestión en su punto de mira. Sin embargo, el contenido del documento apenas trascendió y acabó guardado bajo llave, sin que nadie volviera a abrir ese cajón. Los atentados de ETA contra traficantes sirvieron como excusa añadida para dar carpetazo al tema, hasta hoy.

El origen del problema se sitúa a finales de los 70 y principios de los 80. La heroína entró con enorme fuerza en los hábitos de consumo de drogas de la juventud vasca. Lugares como el extrarradio de Donostia (Altza, Herrera...), Errenteria, Hernani, Pasaia, Elgoibar, Arrasate, Bermeo, Bilbo (el barrio de Otxarkoaga), la Parte Vieja de Iruñea, Sakana o Gasteiz se convirtieron en epicentro de la lacra. Sus efectos fueron devastadores. Muchos de estos jóvenes perdieron la vida por sobredosis o tras infectarse de sida.

Dos cubos de jeringuillas

Xabier Arana, investigador del Instituto Vasco de Criminología, ha centrado parte de su trabajo en el análisis de este fenómeno, que conoció de primera mano desde su labor en Askagintza. Remarca a GARA lo convulso de la época y la dificultad de extraer conclusiones con claridad dado que, según explica, se trata de «un fenómeno que se construyó sin datos».

«No tengo números exactos sobre la gente que falleció -admite-, pero fue algo muy serio. Hay autores que se atreven a decir que casi una generación. A mí me parece excesivo, pero en aquella época había pueblos donde mucha gente conocía en diferentes portales personas con problemas por consumo de heroína». Y cita un ejemplo personal: «En Altza (Donostia) un sábado, a modo de acto de protesta, llegamos a recoger dos cubos llenos de jeringuillas».

A mediados de los 80 el problema era ya muy ostensible, sobre todo en las localidades y barrios antes mencionados. «En esa época, 'la droga', en singular, ocupaba el primer lugar entre las preocupaciones de la sociedad española, detrás del paro y el llamado `terrorismo'. Fue un momento duro de fuerte reconversión industrial, pérdida de puestos de trabajo...», recuerda Arana. A su vez, el desconocimiento en torno al tema y su irrupción de la noche a la mañana pilló desprevenidas a las instituciones, que no sabían cómo afrontar el problema.

Xabier Arana apunta dos fenómenos que hicieron la cuestión visible. Una era la relacionada con la seguridad ciudadana, es decir, cuando la necesidad de consumo derivó en una cascada de atracos en bancos y cajas, joyerías, boutiques... El otro, cuando los jóvenes empezaron a manifestar síndromes de abstinencia en plena calle y ni siquiera sabían adónde acudir.

El «Informe Navajas»

No tardaron en surgir evidencias de la falta de implicación de las FSE para atajar el problema. Arana constata que la droga no ocupaba espacio entre sus prioridades. Ello, unido a que Gipuzkoa era un territorio atractivo para los traficantes por su ubicación estratégica, hizo que la irrupción de la heroína fuera más tremenda aún en este herrialde. Surgieron voces que apuntaban a una relación entre el tráfico de drogas y las FSE, con el foco puesto en el macrocuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.

De los rumores se pasaría a algunas constataciones judiciales en forma de sentencias contra mandos o agentes del acuartelamiento. Pero fue el llamado «Informe Navajas» el que dio más cuerpo a esta teoría, si bien finalmente no hubo una investigación que concluyera en la aclaración de los hechos y sospechas que en él se recogían.

De hecho, según recuerda Arana, Luis Navajas envió el informe al fiscal general del Estado, pero este no lo registró, sino que decidió recogerlo personalmente y abordarlo como algo totalmente confidencial. «El 'Informe Navajas' es una realidad de finales de los 80, basado en miembros de la Policía que aseguran que hay pruebas más que suficientes para afirmar que algún sector de los responsables de las FSE está implicado en el contrabando de drogas y tabaco», resume Xabier Arana un cuarto de siglo después.

Unido a ello, el investigador desempolva dos acontecimientos «sonoros» que muchos lectores guardarán aún en la memoria: los casos de «la coca de Irun» y «el hachís de Hondarribia», dos alijos de cerca de una tonelada de peso. La detección de una descompensación muy grande y sospechosa entre dos momentos de la operación de Irun, que apuntaba claramente a una sustracción de la droga por parte de las FSE, se atribuyó a un pesaje inadecuado, «pero hay datos más que suficientes para sospechar que cierta cantidad volvió al mercado», recalca Arana.

El escándalo tuvo una secuela muy conocida: la condena en Donostia al grupo Negu Gorriak a pagar 15 millones de pesetas de la época a Enrique Rodríguez Galindo, máximo responsable de Intxaurrondo, por su tema ``Ustelkeria''. El Supremo la revocó años después, pero fue un aviso a navegantes. Galindo afirmaba que se atacaba su «honor».

Gipuzkoa era territorio abonado para el tráfico de drogas por dos motivos. Por un lado, la ubicación a la orilla del mar y cerca de la frontera hacía que el territorio fuera «muy apetecible». Por otro lado, la convulsa situación política, con unos años de fuerte actividad armada de ETA y también de guerra sucia con los GAL como mayor exponente, hacía creíble que «la Policía estaba encargada de otros asuntos, fundamentalmente de la lucha contra ETA. Con todo esto, se crearon las condiciones para que quien quisiera trabajar este tema tuviera resquicios para hincarle el diente», concluye Arana.

En estos años aparecen algunos casos en que agentes de las FSE son implicados e incluso condenados por narcotráfico, pero «fueron tapados prácticamente por la prensa y las penas que se les impusieron resultaron simbólicas. Eso sí se puede decir».

Los datos objetivos o probados fueron escasos, por un lado, y por otro las señales recogidas por Navajas no tuvieron un seguimiento judicial ni político, de manera que el expediente general sobre la relación entre las FSE y la droga quedó pendiente. Los elementos objetivos concretos fueron situados como excepciones: por ejemplo, que Máximo Blanco, número dos del cuartel de Intxaurrondo en la época de Enrique Rodríguez Galindo, fuera detenido por presunta relación con una operación de narcotráfico y por cobrar dinero de traficantes de droga.

Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, hombres de la guardia pretoriana de Galindo y condenados ya en el siglo XXI por los secuestros y muertes de Joxean Lasa y Joxi Zabala, también pasaron por los tribunales por estos motivos de «delincuencia común». Y Arana aporta otro dato: «Joaquín Navarro Estevan [juez ya fallecido] dijo que era notorio que en Intxaurrondo se ejercía el narcotráfico, la distribución de droga, y que se llegaban a organizar atracos».

También resulta significativa la respuesta del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, a la pregunta del entonces diputado de EA Joseba Azkarraga sobre este tema. El fiscal eludió completamente entrar en las sospechas y alertó de la «gravedad» de «introducir dudas sobre la honorabilidad de quienes tienen por misión luchar contra el terrorismo». Luego esgrimió que «hay que mantener, por virtud de la presunción de inocencia y de los derechos que goza cualquier ciudadano, incluso si es teniente coronel de la Guardia Civil, que la sociedad está correctamente defendida frente al narcotráfico y al terrorismo».

Publicación y ataques

La escasa información que salió a la luz sobre el contenido del «Informe Navajas» vino recogida en el primer ejemplar -no llegó a publicar más- de la revista ``Crisis'', en 1993. En dicha publicación se recogían extractos del dossier, que comenzaba explicando que la información adjunta era relativa al «foco de corrupción interna detectada en la Comandancia de Gipuzkoa». Exponía que se «dispone de algunas confidencias que señalan un exceso en el patrimonio particular del teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo». Y afirmaba, asimismo, tener información sobre «la existencia de una asentada corrupción de miembros del Cuerpo en Gipuzkoa». Galindo era intocable entonces, y seguiría así hasta que a mediados de los 90 recibiera el fajín de general de manos del Gobierno del PSOE. La condena por el «caso Lasa-Zabala» no llegaría hasta 2000.

Poco más se supo del informe, de sus conclusiones y de las pesquisas realizadas. Las muertes de José Antonio Santamaría Tigre y José Manuel Olarte Plomos a manos de ETA avivaron las sospechas sobre la vinculación de las FSE y el tráfico de drogas, dadas las conexiones de ambos. En sus declaraciones, Monedero lanza una pregunta meramente retórica: «¿Por qué ETA empezó a asesinar a dealers?».

Ni Navajas tiró más de la cuerda, ni el resto de la Justicia lo hizo. El juez de Donostia Fernando Andreu -ahora magistrado de la AN- asumió la investigación, pero sin resultado alguno. Un «contrainforme» de Intxaurrondo cerró la grieta. Y así aquel expediente abierto hace casi 30 años sigue oculto hoy día bajo una espesa niebla, incluso después de que ETA haya dejado de atentar definitivamente. Una nebulosa que oculta también las muertes de cientos de jóvenes vascos durante una década, sin duda la más convulsa de 40 años de conflicto armado.