17 DIC. 2014 Euskal gazteriaren aurkako makroepaiketa El fiscal retira cargos a 12 jóvenes pero insiste en negar las torturas El fiscal de la Audiencia Nacional española, Juan Antonio García Jabaloy, retiró ayer los cargos a 12 de los 28 jóvenes procesados en el macrojuicio que se desarrolla en el tribunal de excepción. Para el resto mantiene la petición de seis años de cárcel. Al exponer sus conclusiones dejó en evidencia que las imputaciones se basan exclusivamente en las declaraciones obtenidas durante la incomunicación, pero negó las torturas y trató de desacreditar las denuncias. Alberto PRADILLA MADRID Doce de los 28 jóvenes juzgados en el macroproceso que se sigue en la Audiencia Nacional española ya no se enfrentan a seis años de cárcel, después de que el fiscal, Juan Antonio García Jabaloy, retirase los cargos contra ellos. Tras ser arrestados, torturados (la mitad de ellos, los otros seis fueron detenidos en Iparralde) y pasar cerca de un año en prisión, Izaskun Goñi, Egoi Irisarri, Endika Pérez, Imanol Beristain, Ikoitz Arrese, Irati Tobar, Saioa Zubiaur, Ainara Ladrón, Aitziber Plazaola, Beñat Lizeaga, Jazint Ramírez y Xalbador Ramírez ya no se sentarán hoy en el banquillo de los acusados. En su turno de conclusiones definitivas, el representante del Ministerio Público no dio detalles sobre su cambio de parecer, centrándose en sostener 16 acusaciones que, como quedó claro en su exposición, se basan exclusivamente en las declaraciones obtenidas bajo tortura. Negar la existencia de los maltratos fue uno de sus objetivos y solo reconoció que el parte de lesiones de Irisarri le obligaba a retirar la acusación «para cumplir con la ley» y no porque existiese tormento. «¿Sabe usted que Zipotza Kultur Elkartea es una sociedad gastronómica?» «Para mí, no». Este diálogo entre Aiert Larrarte, abogado defensor, y uno de los peritos policiales que intervinieron antes del fiscal, simboliza cómo los agentes han querido forzar sus tesis. Ayer, por última vez en este sumario, los uniformados se dedicaron a acusar en base a elucubraciones sobre pegatinas, pañuelos o panfletos que vinculaban a Segi u «organizaciones satélites». La versión de la acusación Al llegar el turno del Ministerio Público, la tesis sobre la «instrumentalización» se vino abajo, ya que García Jabaloy aseguró que se centraría solo en el concepto de «militancia activa». ¿En qué se apoyó para sostener las acusaciones? En las declaraciones obtenidas bajo torturas y elementos hallados en domicilios (retiró los enseres incautados en los locales que fueron también registrados) como pegatinas, DVDs o carteles. Si la incomunicación es lo único que permite al fiscal mantener sus teorías, tenía que defenderla como prueba. Así que dedicó buena parte de su tiempo a, por una parte, negar los malos tratos y, por otro, recordar sentencias que avalan la validez de los testimonios en comisaría. Para ello tuvo que remontarse a fallos, por ejemplo, de 1996, que han sido ya superados por jurisprudencia más reciente. «Bajo ningún concepto hay el más mínimo indicio de que haya torturas», llegó a afirmar García Jabaloy, aferrándose al tiempo transcurrido entre la incomunicación y las denuncias presentadas. Olvidaba el togado que muchos de los jóvenes afirmaron haber sido sometidos a tormento ante el juez instructor, Fernando Grande-Marlaska. También intentó desacreditar a los peritos que elaboraron el protocolo de Estambul, insinuando que se trataban de informes ad hoc. Llegó a afearles que no visitasen las dependencias policiales y reiteró que, pese a que la ONU lo recomienda, no se trata de un proceso «vinculante». Entre las razones para mantener su petición de seis años de cárcel se enumeraron un panfleto que los policías reconocieron no comprender por no hablar euskara, dinero destinado a sufragar los gastos de otro juicio o testimonios de absueltos en el otro sumario. Hoy, la defensa expondrá sus conclusiones, que abogan por la libre absolución de los 16 jóvenes. «Las únicas pruebas se basan en el maltrato; es un escándalo» «Las únicas pruebas contra nosotros se basan en el maltrato y la tortura. Es un escándalo y algo inaceptable». Ainhoa Villaverde, una de las jóvenes imputadas, realizó una breve declaración de urgencia junto a Xabier Bidaurre nada más concluir la sesión. Ambos, en euskara y castellano, reiteraron, tal y como había quedado claro durante la intervención del fiscal, Juan Antonio García Jabaloy, que las únicas pruebas que sostienen la acusación son las declaraciones obtenidas durante el período de incomunicación en el que fueron torturados. «La incomunicación es un espacio de impunidad en el que se aplica sistemáticamente la tortura», denunció Bidaurre. Como han señalado a lo largo del juicio, los jóvenes censuraron el carácter «político» de las imputaciones y rechazaron la «legitimidad» de la Audiencia Nacional española para juzgarles. Mostraron su alegría por el hecho de que 12 de ellos salgan en libertad sin cargos y se reivindicaron como «militantes políticos», al tiempo que enviaban un recuerdo a Jone Amezaga, arrestada la víspera por la Ertzaintza en Gernika para cumplir un año y medio de prisión acusada de colgar una pancarta. Hoy, última jornada del juicio, diversos autobuses llegados desde Euskal Herria mostrarán la solidaridad con los encausados en el exterior de la sede del tribunal excepcional, que se ubica en San Fernando de Henares. Por su parte, Aralar emitió una nota en la que exigía el fin de todos las causas políticas. A.P.