La gestión que hizo la exalcaldesa de Lasarte-Oria Ana Urchueguía (PSE) de las ayudas públicas destinadas a fondos de cooperación en Somoto (Nicaragua) será llevada a los tribunales. Así lo aprobó ayer en pleno extraordinario el Ayuntamiento guipuzcoano con los nueve votos a favor de EH Bildu, PNV, la plataforma ciudadana PCLO y el voto de la concejal no adscrita Marisa Zubiri. El PSE y el PP se abstuvieron. A la que fuera regidora del municipio durante 25 años se le acusa de presunta «prevaricación y malversación de caudales públicos».

Antes de la votación, no obstante, al texto que después fue aprobado se le sumaron dos apartados -estos también fueron sometidos a votación, con el mismo resultado que la votación final-. El primer punto contemplaba interponer la querella, además de contra Urchueguía, contra «cualquier otra persona que resultara responsable de actividad delictiva en relación» con las subvenciones a personas, entes, o instituciones radicadas en el municipio nicaragüense. «Actividades que presuntamente y sin perjuicio de lo que resultara en la investigación judicial podrían calificarse de prevaricación y malversación de caudales públicos», sostuvo el alcalde, Pablo Barrio (EH Bildu).

El segundo punto introducido otorga a Barrio la posibilidad de designar al efecto procuradores y letrados y realizar cualquier otra actividad que fuera necesaria a efectos de la querella.

Antes de la votación, la única concejal del PP, Vanessa Vélez, se encargó de caldear el ambiente, al acusar al gobierno municipal de falta de transparencia y de ser «una panda de sinvergüenzas». Vélez defendía que no podía emitir un voto sobre una querella cuyo contenido desconocía. No le bastó la explicación del alcalde, quien argumentó que el contenido era privado y que respondía a recomendaciones del abogado contratado para preparar la denuncia, Miguel Castells. No obstante, el primer edil adelantó que hay suficientes datos para sustentar posibles responsabilidades penales.

Barrio también le recordó a la concejal que toda la información y documentación en la que el letrado se ha basado para elaborar la querella obra en manos del resto de formaciones. Tampoco fue suficiente. Con el ánimo alterado, Vélez no se molestó en levantar la mano para posicionarse en la votación final. Ni a favor, ni en contra, ni para abstenerse. «He dicho que no iba a participar», argumentó.

Justificación de los votos

Ya en la ronda de explicaciones para justificar cada partido su posición, Juanjo Castro (PCLO) sacó sobre la mesa un montón de documentación que correspondía a uno de los proyectos que debían financiarse en Somoto. «Este proyecto del que os hablo lo he elegido al azar, y esto es lo que he encontrado» dijo, antes de demostrar con fechas y cifras «numerosas irregularidades». Balances que no coinciden, falta de informes iniciales y finales... «Los entonces responsables que no digan que lo desconocían, porque existen cartas firmadas pidiendo información, y se siguió enviando dinero. Y no hace falta ser técnico para comprobar lo que estoy exponiendo», dijo.

Desde el PNV, Estitxu Alkorta se felicitó porque el proceso fructificara, y preguntó al PSE por su abstención. «¿han pedido responsabilidades a Urchueguía?», preguntó, al tiempo que denunció que no solo no fue cesada, sino que fue ascendida para desempeñar la función de delegada de Lakua en Chile y Peru. De ese cargo fue destituida por el lehendakari, Iñigo Urkullu.

El PSE quiso dar la vuelta a la tortilla y en lugar de explicar por qué en ocho años no ha investigado nada, Jesús Zaballos situó la querella en una maniobra de cara a los comicios.