Una burda mentira

El exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera ha vuelto a justificar la guerra sucia de los GAL en un programa de prime time de TVE y ha sido muy criticado por ello, pero nadie ha dicho nada sobre la burda mentira en que ha basado dicha justificación. Una mentira, repetida durante décadas, que consiste en pretender que los asesinatos reivindicados usando las siglas GAL sirvieron para lograr la colaboración francesa contra ETA.

Nada más lejos de la realidad, porque dicha colaboración estaba conseguida de antemano e incluía que las autoridades francesas hicieran la vista gorda ante la guerra sucia de los GAL. Algo que es bien fácil de deducir con el simple recurso de repasar la hemeroteca del diario «El País», empezando por una reseña sobre una reunión secreta celebrada en París.

Esa reunión tuvo lugar durante el verano de 1982, antes de que el PSOE ganara las elecciones y Felipe González fuese proclamado presidente del Gobierno, y en ella una delegación de altos dirigentes de dicho partido solicitó a los entonces primer Ministro y ministro del Interior socialistas franceses su colaboración en la lucha contra ETA.

Dieron así inicio a unas fecundas relaciones en las que, según supo «El País» de fuentes del propio PSOE, su estrategia fue elaborada por el presidente del partido, Ramón Rubial, que ya había apuntado con anterioridad la posibilidad de recurrir a la guerra sucia, y el entonces secretario general del PSE-PSOE, Txiki Benegas.

Por parte francesa tuvo un protagonismo especial el embajador francés en Madrid, Pierre Guidoni, miembro honorario del PSOE y gran amigo de Felipe González. Un hombre de peso en el PS y sin duda clave, junto con el presidente Mitterrand, en el acuerdo secreto franco-español de colaboración adoptado a finales de 1983, justo cuando empezaron a actuar los GAL.

Fue precisamente Guidoni el primero en sacar a colación dicho acuerdo en una significativa tribuna, «Un página de historia», publicada por el diario «El País» el 23 de enero de 1995. Una tribuna en la que arguyó que era del todo imposible que Rafael Vera y el Ministro del Interior en la época de los GAL, José Barrionuevo, tuvieran nada que ver con los atentados terroristas reivindicados usando dichas siglas, porque ambos eran plenamente partícipes de aquel acuerdo secreto.

Según él, «habría sido demencial» que las autoridades españolas estuvieran tras los GAL, porque «el primer resultado habría sido retrasar, sin duda durante varios años, la entrada de España en Europa. ¿Unos GAL, antes de 1983, cuando los dos Gobiernos no se hablan, no se reúnen? Se hubiera podido entender. En 1983 sería idiota y tremendamente peligroso. Y tremendamente peligroso por idiota».

Guidoni afirmó también que «Si hubiera habido una vinculación -por escondida que fuera- con los GAL, lo habríamos sabido. No podíamos no saberlo. Y la cooperación habría quedado inmediatamente interrumpida». Ahora bien, basta con repasar lo sucedido a finales de 1983, cuando empezaron a actuar los GAL, para ver que las autoridades francesas no pudieron no saber que el Estado español acababa de iniciar una nueva campaña de guerra sucia en Iparralde. La tercera.

¿Y qué hicieron? Exactamente lo mismo que al inicio de la segunda campaña, desarrollada entre 1978 y 1981. Tras los dos primeros asesinatos, lejos de protestar ante las autoridades españolas, empezaron a tomar contundentes medidas contra los refugiados vascos, lo cual apunta claramente a una responsabilidad compartida, franco-española, en el diseño y ejecución de dichas campañas de guerra sucia.

Años después de que Guidoni escribiera aquella esclarecedora tribuna en «El País», el mismo diario publicó, el 24 de junio de 1998, una intervención de Felipe González en la que el expresidente volvió a recurrir a los mismos argumentos para rechazar de plano que las autoridades españolas tuviesen nada que ver con los GAL. Además, para corroborar la imposibilidad de dicha implicación, ofreció datos concretos sobre las fechas en que se elaboró el acuerdo secreto, justo cuando empezaron a actuar los GAL. Y también sobre las consecuencias inmediatas de dicho acuerdo: múltiples medidas policiales y administrativas contra los refugiados vascos.

González y Guidoni argumentaron a la perfección por qué era una locura pensar que Barrionuevo y Vera pudiesen estar involucrados en la guerra sucia pero, para su desgracia, después quedó judicialmente probado que ambos estuvieron metidos hasta las cejas en ello. Y no cuando según Guidoni era plausible, antes de 1983, sino precisamente cuando según él era tan ilógico y absurdo, cuando alcanzaron aquel acuerdo secreto franco-español de colaboración.

Los dirigentes del PSOE no eran, desde luego, unos dementes, y si actuaron como actuaron solo pudo ser porque contaban con el acuerdo de Mitterrand y otros dirigentes relevantes del PS. Sin su acuerdo, tenían mucho que perder y poco que ganar, como explicaron a la perfección Guidoni y González. Ahora bien, con el acuerdo francés sí que tenían mucho que ganar y muy poco que perder... si no hubiesen cometido tantas chapuzas.

En todo caso, lo que es imprescindible es que un mecanismo independiente investigue a fondo todo lo que sucedió entonces. Una investigación que se debe a todas las víctimas como Segundo Marey quien, antes de morir, pidió «aclarar toda la verdad de los GAL, para que las víctimas de esas siglas dejen de sufrir». Porque, como él mismo resaltó, «No hay nada más horrible que desconocer la verdad».

Quienes niegan que la guerra sucia en Iparralde fue terrorismo de estado puro y duro, no sólo se niegan a que un mecanismo independiente investigue al respecto. Encima, se dedican a dar lecciones de ética mientras se niegan a reconocer a las víctimas del terrorismo de estado que no pueden presentar pruebas irrefutables; en especial, a las de la tortura. Y lo hacen sabiendo de sobra que es inherente al Estado el procurar a toda costa no dejar pruebas de las vulneraciones de Derechos Humanos que comete, y que tiene ingentes medios para ello.

¿Es ese su suelo ético?