Las primeras noticias de la redada de la Guardia Civil en Euskal Herria llevaron aparejada también la avalancha de críticas desde el ámbito político, institucional, sindical, social y juvenil. La representación de la mayoría vasca denunció la operación.

El Consejo Nacional de Sortu compareció a las 12 del mediodía ante los medios de comunicación y su presidente, Hasier Arraiz, indicó que la redada «no es casualidad», sino una «respuesta de venganza» a la manifestación «multitudinaria» del sábado en Bilbao.

Añadió que la operación es parte de la «política penitenciaria criminal» del Gobierno español «cuyo único objetivo» es, a su juicio, «quitar todo tipo de apoyo al Colectivo de Presos Políticos Vascos».

Arraiz concluyó que «estamos, sin lugar a dudas, frente a un Estado terrorista, un Estado Quijote que ve gigantes donde solo hay molinos, que ve terroristas donde solo hay abogados, y que en lugar de ver militantes políticos ve peligrosos criminales aunque nuestras únicas armas solo sean el bolígrafo y el papel».

El PNV, por su parte, calificó de «inconcebible» que «tres años después de que ETA cesara en su actividad violenta, se mantengan actuaciones excepcionales basadas en el principio acusador de que `todo es ETA'. A través de un comunicado del EBB leído por Joseba Egibar, denunció también el juicio del sumario 04/08 que debía comenzar ayer.

En su escrito, el PNV sostiene que «la sociedad vasca está empeñada en construir un nuevo futuro de convivencia. Para conseguirlo, resulta imprescindible superar episodios como los acontecidos esta mañana, ya que recuperan un pasado de confrontación que los vascos creíamos olvidado».

También EH Bai, EA, Aralar y Alternatiba denunciaron la operación policial y mostraron su solidaridad con los detenidos, al igual que las organizaciones juveniles Ernai y Gazte Abertzaleak. Podemos EH, sin mencionar la redada, publicó un tuit asegurando que «Podemos siempre estará por la defensa de los derechos humanos para todos y en todo momento, y quien conculque esos derechos nos tendrá enfrente».

Lakua, molesta por no saberlo

El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, compareció ante los medios y, tras decir que no podía entrar al fondo de la cuestión por carecer de información, sí que hizo una descripción crítica de lo ocurrido. Pero lo que de verdad denunció fue «la absoluta falta de lealtad institucional del Gobierno español, al no haber sido informado en ningún momento sobre el desarrollo y ejecución de esta operación. Es inconcebible que el Gobierno español informe antes a los medios de comunicación que al Gobierno Vasco».

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, afirmó rotundo que la redada «da la medida real de cuál es el grado de democracia que hoy y aquí padecemos».

Lokarri, Bake Bidean y Eleak hicieron públicas también sus denuncias.

Reacción sindical

La operación policial incluyó la entrada y registro de la sede de LAB en Bizkaia, y ambas intervenciones fueron denunciadas por Ainhoa Etxaide, secretaria general del sindicato.

ELA hizo público un duro comunicado en el que insta a su base a sumarse a las movilizaciones y pide a las instituciones vascas que lideraran una dinámica plural y convergente de defensa de todos los derechos.

STEE-EILAS, ESK y CNT denunciaron las detenciones y se solidarizaron con los afectados.