Cárcel para tres defensores de los derechos humanos de los presos vascos y restricciones a la labor de siete abogados, que se suman a los otros cinco letrados con limitaciones para ejercer su trabajo y otra persona vetada para realizar cualquier actividad de solidaridad con los prisioneros. Este es el balance de la operación que la Guardia Civil comenzó el lunes y por la cual ayer declararon doce ciudadanos vascos ante la Audiencia Nacional española.

A última hora de la tarde, el juez Eloy Velasco ordenaba prisión incondicional para Jon Mintegiaga, Fran Balda y Javier Carballido, a quienes acusa de «quebrantamiento de la medida cautelar respecto a la prohibición de las actividades de Herrira, financiación del terrorismo, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y delito contra la Seguridad Social». Por la mañana, los abogados Aiert Larrarte, Ainhoa Baglietto, Atxarte Salvador, Kepa Manzisidor, Jaione Karrera, Ane Ituiño y Alfontso Zenon habían quedado en libertad aunque con cargos y sometidos a la restricción de su labor jurídica en las prisiones.

El auto firmado por Velasco (que está fechado a 16 de enero, es decir, mañana) deja claro que lo que se persigue es, sencillamente, la solidaridad con los presos vascos. Y el delirante argumento es que los encarcelados financiaban a Herrira, una organización suspendida por él mismo y que no existe desde setiembre de 2013, cuando su propio juzgado la prohibió tras detener a 18 personas, entre los que se encontraban Balda y Mintegiaga. Es el hecho de que ellos mantengan su compromiso con la solidaridad hacia los presos lo que la convierte en delictiva, a través de una supuesta e increíble «continuidad».

En concreto, la imputación es recoger fondos con los que se sufragaría la asistencia tanto jurídica como médica. Básicamente, la misma imputación formulada tras la redada contra la asociación pro derechos humanos. Es decir, que insiste en vincular a Herrira, que no existe desde que fue vetada, con lo que denomina «frente de cárceles de ETA» y considerar que las actividades de apoyo a los presos (en las que incluye a los abogados y al colectivo médico Jaiki Hadi, así como las manifestaciones a favor de sus derechos) forman parte de esta estrategia.

Dinero de Sare como prueba

Como añadidos, Velasco incluye lo que considera «captación de fondos» tras la suspensión de Herrira. Un apartado en el que sitúa las donaciones realizadas tras la manifestación del 10 de enero, la colocación de un puesto en la Azoka de Durango o el Kalera Rock. Hace un año, tras la suspensión de la marcha de Tantaz Tanta, la mayoría política y social convocó una masiva protesta, mientras que este ha sido Sare quien ha liderado la iniciativa contra la dispersión. Dos realidades que el juez decide no tomar en cuenta.

El auto reconoce que las bolsas con dinero incautadas en la sede de LAB llevaban el logotipo de Sare. La propia asociación presentará un recurso para que le devuelvan los fondos, destinados a sufragar la marcha. Sin embargo, Velasco insiste en ligar el botín sustraido por la Guardia Civil directamente con ETA, asegurando que personas imputadas en el sumario contra Herrira participaron en su recogida y, realizando un triple salto mortal en el tiempo hasta setiembre de 2013, asegurar que de la documentación hallada en aquel momento podía apreciarse un «posible pago a la estructura del frente de cárceles» de la organización armada mediante «asistencia económica, jurídica y de salud». Todas ellas, actividades que el juez termina definiendo como «actos ilegales de apoyo a ETA». Como detalle, la cifra de 102.000 euros, que es el montante total incautado, según el auto, lo que evidencia la importancia para las FSE del asalto a LAB, de donde se los agentes se llevaron 90.000.

La resolución también hace mención a lo que GARA publicó en junio: que se estaba fraguando una redada contra abogados. Lo califica como «posible operativo» pero nada dice de que, tras aquellas revelaciones, los letrados se pusieron a disposición del juzgado. Precisamente el hecho de que se perpetrasen los arrestos en lugar de citar a personas que habitualmente pasan por la Audiencia Nacional fue una de las denuncias formuladas, al mediodía, por Jone Goirizelaia. Todavía no se conocía que el juez enviaría a prisión a Mintegiaga, Balda y Carballido.

Con los abogados recién puestos en libertad, remarcó que el objetivo del operativo no era perseguir inexistentes delitos, sino «abogados ejerciendo su labor profesional, que es lo que se quiere impedir». Solo así se entienden las limitaciones impuestas al trabajo diario de doce togados que se materializan en un «no» a las visitas «organizadas» (sin detallar a qué se refiere) pero sí a las «concretas», lo que implica, en el fondo, una grave vulneración del derecho a la defensa.