Barcina pacta con Madrid que el IVA de VW no se le compute como deuda
Yolanda Barcina vendió ayer un acuerdo sobre el IVA de Volkswagen alcanzado con Cristóbal Montoro como «histórico» y sin coste para Nafarroa. No obstante, cuando se preguntaba al Gobierno navarro sobre si el Estado había cesado en sus reclamaciones monetarias, todo eran evasivas. Según confirmaron a GARA desde el Ministerio de Hacienda, el verdadero acuerdo es un método para que no se le compute como «deuda» modificando la ley del Convenio.
El ministro de Hacienda y la presidenta navarra, tras varios desencuentros, se prestaron ayer a sacarse la foto para escenificar el fin del conflicto del IVA de Volkswagen. Yolanda Barcina habló de un «acuerdo histórico» que pone en valor el «carácter paccionado» de las relaciones entre Nafarroa y el Estado. «Es el Fuero, la esencia de Navarra, solidaria con el resto de España», aseguró Barcina. El ministro Cristóbal Montoro, por su parte, le siguió el juego, pero advirtiendo que hay letra pequeña. Cuando les preguntaron si el Estado había «perdonado» la deuda a Nafarroa, el ministro se volvió enigmático: «Será la ley la que dé sentido y certifique esta resolución».
De forma paralela, en Nafarroa comparecían la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Lourdes Goicoechea, y el portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin. «El acuerdo se plasmará esta tarde en el seno de la Comisión Coordinadora del Convenio, evitando así la vía contencioso administrativa y resolviendo la extinción de las supuestas obligaciones que el Estado reclamaba a Navarra, sin coste alguno para la Hacienda Foral», aseguró Goicoechea. La vicepresidenta añadió que, al término de la rueda de prensa, viajaría a Madrid a rubricar tan importante y beneficioso acuerdo. Precisamente el hecho de que el documento estaba sin firmar fue su principal argumento para no dar detalles.
Afortunadamente, el Ministerio de Hacienda español es menos opaco que la administración navarra. GARA se puso en contacto con el servicio de prensa que enmendó la plana al discurso oficial. La responsable del ministerio Ana Roch explicó que de lo que se trata es que ese dinero que el Estado reclama a Nafarroa no pueda ser contabilizado como «deuda» para este territorio. Según expuso, de seguir la reclamación por los derroteros del recurso ante el Supremo, esa cantidad «se tendría que plasmar como deuda». Por ello, lo que se ha acordado es crear «fórmulas técnicas para arbitrar en este conflicto». El acuerdo habla de «extinguir» la deuda y acto seguido de tramitarla a través de un «nuevo mecanismo» que se introduciría en el Convenio.
Evitar que sea considerado deuda no es mera terminología, dado que lo que se consigue es que no se descuadren las cuentas públicas, se dispare el déficit o revienten los indicadores macroeconómicos. En cuanto a cuánto asciende la reclamación en euros, hace tiempo que se descartaron los 1.513 millones. Según hizo público Barcina en una intervención bastante teatral en el Parlamento navarro el día del Debate sobre el Estado de la Comunidad, lo que Montoro le pidió en una negociación secreta fueron 800 millones de euros. Y de esto hace solo tres meses. Otros peritos rebajan la cifra a entre 600 y 700. El baile de números se justifica en los ajustes de IVA que hace anualmente Nafarroa con el Estado (cuando Nafarroa cobró de más a la hora de ajustar, el Estado se veía beneficiado, pero si eso ahora se corrige, los ajustes tendrían que rehacerse beneficiando a la Hacienda Foral). Por supuesto, ayer nadie entraba en cifras porque lo que se trataba era vender que la solución tenía un coste cero, aunque formalmente el ministro no lo ha confirmado. Habrá que esperar por tanto a que se conozcan los detalles del acuerdo, que deberían de hacerse públicos en breve.
De todos modos, el conflicto no se zanja con el pacto de la Comisión Coordinadora de ayer por la tarde. El asunto es de tal importancia que ha requerido de un cambio en la redacción de la Ley del Convenio. Según UPN, de este modo se reducirá la litigiosidad entre Nafarroa y el Estado en conflictos como el impuesto sobre la energía y el de depósitos bancarios. Todo ello implica modificaciones en el Convenio, que tiene rango de ley y que por tanto debe ser ratificada en el Congreso y en el Parlamento navarro.
Recabar apoyos para refrendar
Para el PP, aprobar la modificación en el Congreso no tiene mayor problema. No obstante, es dudoso que Montoro aguante el interrogatorio de los diputados manteniendo la versión de que ha renunciado a sus reclamaciones (que es la que quiere Nafarroa que mantenga). Y en el Parlamento navarro se necesita al PSN, cuyo mensaje ayer fue difícil de interpretar.
Su primera reacción llegó apenas dos horas después de conocerse la noticia. El PSN aseguró que el pacto es «positivo» a través de una nota con declaraciones de Santos Cerdán. «Siempre hemos defendido que Navarra no debe pagar cantidad alguna de las pretendidas por el Gobierno del PP. Por lo tanto, si se ha cumplido ese mandato popular, es buena noticia. El fuero es pacto, acuerdo, entre dos partes», aseguró el secretario de Organización del partido. Tres horas después, el PSN envió otra nota en términos opuestos, atribuidos también a Cerdán: «En este tiempo, el Gobierno de UPN ha sido incapaz de defender el autogobierno, y lejos de buscar la unión ofrecida por el resto de grupos parlamentarios para defender el Convenio y la autonomía fiscal ha ido por libre, siendo tutelado en todo momento por el Gobierno del PP». Por todo ello, el PSN ha pedido a Barcina que comparezca en la Cámara para explicar los pormenores del nuevo acuerdo.
El resto de formaciones optaron por tomar posturas prudentes mientras no se aclaren los detalles del acuerdo. EH Bildu teme «la letra pequeña» de este pacto y cree que puede acabar siendo «un fraude». Asimismo, considera que Nafarroa no debe pagar un solo céntimo. Uxue Barkos acogió «con cautela» el mensaje triunfalista de UPN, recordando que el acuerdo anterior (mayo de 2012) está ahora siendo revisado por la Audiencia Nacional. Mientras tanto, Izquierda-Ezkerra ve todo demasiado teatralizado, con tufo a escenificación preelectoral.
UPN, como es lógico, salió enseguida a celebrar y saludar el acuerdo. Habló el candidato José Javier Esparza -que llevaba sumido en el mutismo desde su elección a excepción de un artículo de opinión instando a recuperar el espíritu de la transición- para asegurar que «el acuerdo de hoy es fruto del tesón con el que UPN defiende el régimen foral de Navarra».
Toda la oposición acogió con escepticismo el pacto entre UPN y PP. La mayoría esperó a ver la letra pequeña para saber hasta qué punto se puede hablar de «coste cero» o ver si se incluyen en la modificación fórmulas que vayan en detrimento de la capacidad tributaria de Nafarroa.
Barcina aseguró ayer que, si este acuerdo sale adelante, Nafarroa dejará de tener encima esa «espada de Damocles» con la que el Estado puede amenazar la viabilidad económica del territorio en cualquier momento.
Si el acuerdo llega al Pleno del Parlamento en lectura única, los parlamentarios deberán votar bajo la presión de que, si no, el Gobierno seguirá adelante con el recurso ante el Supremo. El problema es que el acuerdo también introduce cambios en la capacidad tributaria de Nafarroa.
Y mientras, mutismo en la Sala de la Audiencia Nacional
Desde que un acta de inspección destapara que el Estado estaba asumiendo las devoluciones de un IVA que había cobrado la Hacienda navarra, el conflicto se ha bifurcado en dos ramas. Por un lado, está la reclamación de 1.513 millones de euros que ayer el Gobierno navarro vendió como resuelta «a coste cero». Esta cantidad se debe a lo presuntamente recaudado de más de 2007 a 2011 (las inspecciones de la Agencia Tributaria solo afectan a los últimos cinco años). No obstante, también se modificó el sistema de recaudación del IVA de Volkswagen para los próximos años, a través del acuerdo de mayo de 2012, por el cual Nafarroa seguía cobrando por los coches de VW pero tendría que compensar al Estado con 25 millones de euros anuales. Es decir, Nafarroa seguiría cobrando más de 200 millones de euros todos los años que no le corresponderían, según los criterios empleados por los inspectores de la Agencia Tributaria en el acta que originó el conflicto.
UPyD llevó a los tribunales este acuerdo y la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional estuvo deliberando sobre este tema anteayer y el martes de la semana pasada, sin que se sepa si han llegado a alguna resolución. En caso de que fallen en contra de los intereses de Nafarroa, cabría recurso ante el Tribunal Supremo. No obstante, un mal resultado para Nafarroa sería un golpe tan duro o más que la reclamación de los 1.513 millones de euros. Además de haberse generado otra deuda de casi mil millones, Nafarroa se quedaría sin esos 200 millones de ingresos ordinarios anuales.
Es posible que la modificación del Convenio que ayer se acordó entre Barcina y Montoro y que aún debe ser refrendada sea también una válvula de escape si el caso en la Audiencia Nacional se complica. De todos modos, interrogada al respecto, la vicepresidenta lo negó en redondo, asegurando que con Montoro solo se habla de los 1.513 millones.