El PNV alega diferencias léxicas para rechazar la acción conjunta con Sortu
El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha comunicado por escrito al de Sortu, Hasier Arraiz, su rechazo a la propuesta de la izquierda abertzale para compromisos comunes en materia de pacificación. La agenda incluía acuerdos sobre desarme, política penitenciaria, verdad, justicia y memoria. El PNV alega diferencias de «terminología» y dice estar dispuesto a seguir hablando. Sortu duda de su voluntad.
La posibilidad de un acuerdo entre PNV y Sortu (ampliable lógicamente a EH Bildu) que ayude al desbloqueo de los temas pendientes en materia de pacificación ha encallado. Anteayer se conocía públicamente la existencia de una propuesta detallada de la izquierda abertzale y ayer, apenas 24 horas después, llegaba la respuesta jelkide: no.
El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, se la trasladó por escrito a su homólogo de Sortu, Hasier Arraiz. Y posteriormente la difundió en varios medios, el primero Euskadi Irratia. En declaraciones posteriores a agencias de prensa, fuentes jelkides esgrimieron diferencias de carácter terminológico, aunque quisieron reflejar voluntad de continuar con el diálogo indicando que la agenda planteada por Sortu les parece válida.
El documento en cuestión, que no ha sido revelado por ninguna de las dos partes, incluye todas las cuestiones nucleares de la cuestión de la pacificación, bloqueadas en la actualidad en su mayor parte: desarme, política penitenciaria, verdad, justicia y memoria. En ella, la izquierda abertzale plantea cuáles son los compromisos concretos que está dispuesta a asumir para llegar a una colaboración constructiva con el PNV.
Llama la atención que la respuesta jelkide sustente el rechazo sobre cuestiones de carácter léxico (las palabras) y no sobre los compromisos a alcanzar (los hechos). «No es un documento válido como base para un acuerdo», indicaban fuentes del PNV en declaraciones a la agencia Europa Press que resumen la respuesta de Ortuzar a Arraiz. «Su enunciado, su redacción, su formulación y su contenido» reflejan para el PNV «un claro y preocupante retroceso en materia de paz y convivencia» por parte de la izquierda abertzale.
Sortu consideró, en una nota de prensa posterior, que la situación requiere «tomar compromisos y actuar con responsabilidad, sin exigir a los demás etxeko lanak. En este sentido, llevar a la izquierda abertzale a la posición y la terminología que quiere el PNV no es acuerdo, sino imposición. Creemos que las diferencias que el PNV pueda tener con el documento de Sortu son cosas que deben hablarse en una mesa con enmiendas o textos alternativos».
La cronología y la credibilidad
PNV y Sortu anunciaron en julio de 2013, con una reunión en la sede de la izquierda abertzale en Donostia, que abrían una nueva fase de relación La caracterizaban en la superación de los reproches mutuos del pasado y en la búsqueda sincera de puntos de acuerdo para el futuro.
Esta interlocución se ratificó después de ese verano con otra cita en Sabin Etxea. Desde entonces han seguido las reuniones puntuales, ya sin cámaras ni micrófonos, con un permanente cruce de diagnósticos pero sin cuajar en consensos.
Obviamente una de las materias omnipresentes en la mesa es la cuestión de las consecuencias del conflicto. Pero no ha habido resultados tangibles. Incluso la unidad de acción en la manifestación de Bilbo de enero de 2014, forzada por la redada contra los interlocutores de EPPK y la prohibición de la marcha ``Tantaz Tanta'' por parte de los poderes españoles, quedó como algo meramente puntual.
Sin embargo, en una reunión celebrada a mediados de este pasado mes de febrero el PNV trasladó a Sortu su voluntad de alcanzar un acuerdo en este ámbito, con una claridad y contundencia que sorprendió incluso a la izquierda abertzale dados los antecedentes. Poco después, el lehendakari, Iñigo Urkullu, se reunió con Etxerat por primera vez y ambas delegaciones hablaron de la posibilidad de iniciar una colaboración contra la dispersión carcelaria.
El PNV ofreció incluso a Sortu que redactara la propuesta de acuerdo. El partido que preside Arraiz no lo tuvo difícil porque ya disponía de un trabajo adelantado, por lo que hace en torno a una semana puso sobre la mesa del EBB una propuesta completa (incluyendo temas que no son habituales en la agenda jelkide como la desmilitarización) y que conllevaba compromisos detallados.
El partido que dirige Andoni Ortuzar se comprometió a responder esta semana, de modo que Arraiz citó expresamente el tema en una entrevista radiofónica anteayer. Explicó que estaban a la espera de un «sí o no». Tras ello ha llegado el «no».
Tanto la contradictoria trayectoria del PNV en esta mesa de diálogo como la insistencia en centrar los desacuerdos en cuestiones terminológicas hacen que no quede claro si esta vía tiene recorrido o no. Sortu duda de si el PNV realmente está dispuesto a buscar una unidad de acción, como dio a entender en la reunión de febrero, o quiere usar esta cuestión para otro tipo de objetivos, como lograr mejor posición ante las elecciones de mayo o desviar la atención de los escándalos de corrupción que le salpican estas semanas.
En la misiva, Ortuzar traslada a Arraiz dos veces que el PNV tiene «plena disposición» a abordar y acordar un nuevo documento, pero reclama a Sortu que el mismo «descanse sobre bases distintas» e incluya «un nuevo lenguaje».
Sortu remarca también su voluntad de diálogo y añade que «no desistiremos en el intento de dar solución a las consecuencias del conflicto», que incluyen exigencias «urgentes».
Interrumpida la visita de Jonan Fernández a Rafa Díez en prisión
A primera hora de la tarde de ayer la agencia Efe difundía un teletipo en el que afirmaba que el encuentro que el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua, Jonan Fernández, mantenía en la prisión cántabra del Dueso con el preso Rafa Díez Usabiaga fue interrumpido cuando el prisionero mostró un «documento político», algo que «está totalmente prohibido».
El teletipo -que citaba fuentes penitenciarias- añadía que el encuentro era «entre amigos», solicitado por el preso, que se desarrolló en euskara y que ambos interlocutores fueron informados de que estaba siendo grabado
Fuentes del Gobierno de Lakua desmintieron esta versión y añadieron que la rápida «filtración manipulada de lo ocurrido es un indicador muy revelador del significado de este incidente».
El propio secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, señaló que la reunión la había pedido él mismo en nombre del Ejecutivo y que se desarrollaba en un marco diferente a las visitas ordinarias. A la media hora, un funcionario, que decía hablar en nombre del director de la prisión, le dijo a Jonan Fernández que o entregaba las notas que estaba tomando o el encuentro quedaba suspendido. El secretario recordó que estaba allí en nombre del Gobierno y «por dignidad institucional» en esas condiciones daba por finalizada la visita.
Según las fuentes gubernamentales, en ningún momento se les comunicó que la cita sería grabada ni que estuviera prohibido tomar notas. Además, Rafa Díez en ningún momento mostró un «documento político» sino dos esquemas que sintetizaban su reflexión y opinión personal sobre la situación actual. El Gobierno de Lakua pidió la cita dentro de su interés por escuchar opiniones relevantes para mejorar la situación.
Recientemente fue el secretario general de ELA, Adolfo «Txiki» Muñoz, quien denunció la cancelación por parte de las autoridades de una visita a Arnaldo Otegi, preso igualmente por impulsar el cambio de estrategia de la izquierda abertzale, en la prisión de Logroño. En aquella ocasión, el motivo aportado oficialmente para denegar una conversación ya aprobada era que se había filtrado a los medios de comunicación. I.IRIONDO