En el pleno celebrado el 26 de febrero, el Ayuntamiento de Arrigorriaga aprobó -con los votos de EH Bildu, PSE y Ezker Batua, la abstención del edil del PP y la oposición del PNV- una moción en la que se instaba a que la institución ejerciera acciones legales para depurar responsabilidades en todo lo que ha rodeado la construcción de la nueva sede consistorial. Ahora se trata de definir cómo llevar a cabo ese mandato a punto de finalizar la actual legislatura.

La primera fuerza de la oposición no ha esperado a esa resolución, y tras investigar con detenimiento el expediente, ha denunciado por prevaricación al anterior alcalde.

Todo arranca en 2008, cuando echa a andar el proyecto para cambiar la ubicación del Consistorio, que se bautiza como Udalbarria. El primer edil, el jeltzale Alberto Ruiz de Azua, con el beneplácito del actual regidor y entonces delegado de Proyectos Estratégicos, Asier Albizua, contrató por 65.000 euros anuales a Otxandio Team, empresa del exalcalde de Basauri Roberto Otxandio (PNV), para dirigir el proyecto.

Se justificó por los problemas de accesibilidad del viejo inmueble, proponiendo transformar las antiguas escuelas en una sede moderna. La infraestructura ha costado a las arcas públicas alrededor de 6 millones de euros entre la redacción del proyecto, obra civil, contrataciones externas y préstamos.

Las irregularidades, según apunta EH Bildu, comenzaron desde la propia contratación de la empresa que iba a redactar el proyecto. En octubre de 2008, sin informe de los técnicos municipales, a instancia de Albizua, decidieron adjudicarla a la firma Emilio Puertas por 2,6 millones, cuando se contaba con un presupuesto inicial de 5 millones. Entonces, el presidente de la Mesa de Contratación, el edil jeltzale Iker Iglesias, apuntó la posibilidad de estudiar modificaciones del proyecto inicial, que se traducía en «copiar» de otra propuesta la idea de construir una planta subterránea.

Lo sorprendente es que, en el transcurso del debate de la moción en febrero, Asier Albizua continuó defendiendo que se adjudicase la redacción del proyecto y la dirección de obra sin concurso, basándose «en la complejidad técnica» de la misma. Se olvidó el actual primer edil y anterior responsable de Proyectos Estratégicos que la Mesa de Contratación del Ayuntamiento ni siquiera pidió informe a la Oficina Técnica sobre los proyectos al tratarse de «valoraciones subjetivas».

Queja de un arquitecto

Un arquitecto que participó en el concurso advirtió de que no era normal que no existiese un precio fijado en el pliego, que se adjudicase por la mitad de lo que se había valorado la obra y que se penalizara la idea de habilitar despachos cuando el pliego técnico así lo hacía. En noviembre, el edil de Proyectos Estratégicos propone modificar el proyecto e incluir más despachos en la segunda planta.

En diciembre, una vez formalizado el contrato, Albizua añade tres nuevos cambios y aumenta su coste.

En abril de 2009, el Pleno aprueba la obra por 4,68 millones de euros, incluyendo la construcción de una planta de sótano y la habilitación de catorce plazas de aparcamiento. Y en junio, se adjudica el proyecto. Un mes después, la interventora y el secretario redactan un informe en el que advierten de la ilegalidad de haber otorgado directamente la dirección de obra, cuando su coste supera los 100.000 euros -183.200 más IVA-, ya que tenía que seguirse un procedimiento reglado.

Trece días después de ese informe desfavorable, el alcalde aprueba la propuesta de dirección de obra para Emilio Puertas. Esa firma remite en enero de 2011 un informe de liquidación por valor de 4,7 millones, con un desfase de 436,753,90 euros que justifica por la subida del IVA y en precios contradictorios. En abril, la interventora informa que solo quedan 91.545,03 euros de la partida destinada a Udalbarria, ante lo que el alcalde solicita una subvención a la Diputación.

La respuesta de la institución foral recuerda que el Ayuntamiento sabía desde 2009 del incremento del IVA y que los precios contradictorios se podrían haber contemplado en el proyecto inicial. Por ello, la Diputación vizcaina deniega a Arrigorriaga la subvención y obliga a pedir un préstamo.