Los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF) afirmaron haber tomado varias localidades a 400 kilómetros al norte de Adis Abeba. Al mismo tiempo, han unido fuerzas con el Ejército de Liberación de Oromo (OLA), que se ha apoderado de localidades más al sur, a lo largo de la carretera que conduce a la capital etíope.

«Si las cosas continúan en la dinámica actual, entonces (Adis Abeba) es cuestión de meses, si no de semanas», aseguró el portavoz de OLA, Odaa Tarbii, quien añadió que la caída del primer ministro, Abiy Ahmed, es «una conclusión inevitable».

El Gobierno niega cualquier avance rebelde, pero el martes declaró el estado de emergencia en todo el territorio y las autoridades de Adis Abeba pidieron a los residentes que se organicen para defender la ciudad.

Iniciado en noviembre de 2020, el conflicto en Tigray ha experimentado un cambio dramático en los últimos meses y ha estado marcado por numerosos abusos, «algunos de los cuales pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad», advirtieron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía.

En una investigación conjunta mencionan ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros, violencia sexual, y saqueos, cometidas por todas las partes implicadas en el conflicto. El Ejecutivo etíope ha aceptado con «reservas» los resultados de la investigación como base para compensar a las víctimas y tomar medidas preventivas, pero los rebeldes tigriños la han considerado «defectuosa».

En un año de guerra, miles de personas han muerto, unos dos millones se han visto desplazadas y el norte de Etiopía se ha sumido una grave crisis humanitaria, con varios cientos de miles de personas al borde de la hambruna.