Resulta bastante obvio que una persona que ha dejado de pagar las cuotas de su hipoteca por falta de ingresos no podrá hacer frente a la factura de un abogado para defenderse ante las demandas de la entidad financiera. Sobre esta base, el Colegio de Abogados de Bizkaia impulsa desde hace varias semanas la justicia gratuita para los afectados por la hipoteca, para lo que pide que «se haga una interpretación más amplia y flexible de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita».

Son las palabras que empleó el abogado Luis María Cordero, miembro del Colegio, durante un taller que la institución ofreció a los letrados sobre el papel del abogado del deudor hipotecario ante las ejecuciones hipotecarias. El objetivo del taller, celebrado el pasado mes de mayo, fue ofrecer a los abogados herramientas para defender de forma efectiva a los afectados. «Hasta ahora, la función del letrado había sido meramente informativa. Es necesario que los abogados apuesten por estrategias de defensa que permitan reequilibrar las posturas del banco y del deudor», señaló Cordero.

Desde el Colegio de Abogados se incide en la importancia de una buena defensa para empujar a los bancos a aceptar saldar la deuda a cambio de la entrega del piso -dación en pago- o para que, una vez perdida la propiedad del piso, el deudor pueda quedarse en la vivienda a cambio de un alquiler razonable. No dudan en señalar, además, que la legislación actual no protege a los afectados. En palabras de Cordero: «El sistema judicial no puede servir, como ha venido ocurriendo hasta la fecha, como un instrumento utilizado por las entidades para intentar cobrar una deuda que saben no van a poder cobrar y condenar al deudor de por vida, sino para otorgarles a estos últimos una segunda oportunidad».

La importancia de la actuación de los abogados, según Cordero, radica en que «es el único agente que puede modificar, en el contexto actual y hasta que se modifique la legislación, la situación de los deudores”.

En su comparecencia, Cordero también mencionó las iniciativas como el servicio de mediación del Gobierno de Lakua, que calificó de «interesante», ya que ofrece «la posibilidad de conceder una vivienda de alquiler protegido a quienes se vean en riesgo de exclusión social». Sin embargo, según el miembro del Colegio de Abogados, la medida es claramente insuficiente, ya que «la negociación queda sujeta tan solo a los supuestos en que existan recursos de la familia para renegociar la deuda y dependiente de la voluntad de la entidad bancaria». Además, añade Cordero, «ofrece una visión solo económica del problema, omitiendo la parte legal y jurídica».