Entre los años 2007 y 2011, un total de 7.833 familias vieron su hipoteca ejecutada en Hego Euskal Herria, un proceso que, en la mayoría de los casos, suele acabar con la pérdida de la vivienda. La cifra da todavía más miedo si observamos el global del Estado desde el inicio de la crisis. Según la misma fuente, que no es otra que el Consejo General del Poder Judicial, son 349.438 las ejecuciones hipotecarias firmadas hasta el año pasado. Conviene recordar, además, que cada ejecución hipotecaria y cada desahucio no afectan a una sola persona, sino a todo un núcleo familiar, lo que eleva la cifra de afectados a cientos de miles.

Tras la orgía de hipotecas firmadas durante los primeros años de la pasada década, la explosión de la burbuja inmobiliaria y la espectacular tasa de desempleo han condenado a miles de familias a no poder pagar las cuotas de su hipoteca. Todo el peso de unas leyes que no conocían han caído ahora sobre ellas, junto al estigma de no poder mantener su casa y del ya muy manido «vivir por encima de sus posibilidades». Sin negar esta parte de responsabilidad, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) señalan que la principal responsabilidad debería caer sobre las entidades financieras y las instituciones públicas, que han empujado a la sociedad a un modelo de acceso a la vivienda a través de la hipoteca. Una estrategia que viene de lejos, dibujada ya en 1957 por el entonces ministro falangista de la vivienda, el bilbaino José Luis Arrese: «Queremos un país de propietarios, no de proletarios».

Tras liberalizar y estigmatizar el mercado del alquiler, las facilidades para firmar una hipoteca empujaron durante décadas a las familias hacia la propiedad, endeudándose con las entidades financieras a través de contratos con mucha letra pequeña. Precisamente, es esa letra pequeña la que cae ahora sobre aquellos que no pueden hacer frente a su hipoteca.

De un día para otro, los afectados ven cómo la entidad financiera de turno firma la ejecución hipotecaria, tras lo cual la vivienda es subastada a través de un opaco proceso en el que la propia entidad acaba quedándose con la casa, normalmente pagando un 60% del precio de tasación. Este proceso implica que el afectado pierde su vivienda, pero no acaba de saldar la deuda con el banco, por lo que, de un día para otro, es desahuciado y se queda con una deuda a la que, obviamente, no puede hacer frente; los intereses por impago de dicha deuda, además, se disparan mes a mes, condenando al afectado a lo que se denomina como una «muerte financiera».

La PAH denuncia que esto es posible gracias a una ley perversa que permite especular con la vivienda en el mercado privado, olvidando el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, al tiempo que exige a los poderes públicos que elaboren las normas para hacer efectivo este derecho y que regulen el uso del suelo para evitar la especulación. Por lo tanto, la responsabilidad de la situación, según los afectados, recae a partes iguales entre las entidades financieras y los poderes públicos.

Ambos responsables indican, al contrario, que hacen lo que pueden. Desde Lakua se subraya el servicio de mediación puesto en marcha este mismo año, mientras que el Gobierno español se escuda en el real decreto impulsado por el ministro de Economía, Luis De Guindos, que «invita» a las entidades a negociar. Desde las entidades financieras se limitan a señalar que se han acogido a ambas iniciativas. Desde la PAH, sin embargo, señalan que no es mucho más que una trampa, ya que más del 90% de los afectados no puede acogerse a las condiciones del decreto De Guindos, mientras que el porcentaje de éxito de las mediaciones es muy limitado y queda a expensas de la buena voluntad de las entidades financieras, introduciendo en el proceso un elemento de gran arbitrariedad.

Más allá de la mediación, que puede resolver casos concretos, la PAH plantea un cambio de modelo que recoge en la Iniciativa Legislativa Popular puesta en marcha el pasado mes de abril y que recoge los tres puntos básicos reclamados por los afectados: la dación en pago -es decir, saldar la deuda con la entrega de los pisos-, la paralización de los desahucios -permitiendo a los afectados quedarse en la vivienda a través de un alquiler social- y la aplicación retroactiva de los dos puntos anteriores.