«Las enfermerías de la prisión tienen la consideración de centros de salud de atención primaria. No hay tratamiento hospitalario». Así de tajante contesta Ángel Yuste cuando el entrevistador le recuerda que la Fiscalía requirió al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que determinase si es posible que Iosu Uribetxebarria sea tratado dentro de la prisión, lo que de momento ha paralizado su puesta en libertad después de que, el viernes, Instituciones Penitenciarias le concediera el tercer grado que le corresponde por ley.

El mismo viernes, el juez Santiago Pedraz dictó una providencia en la que -obviando el diagnóstico hecho público por el Hospital Donostia- solicitó que el médico forense le remita un nuevo informe sobre el estado de salud de Uribetxebarria que recoja cuál es el «lugar adecuado para el tratamiento de este tipo de dolencias» y si «dicha enfermedad puede ser tratada adecuadamente en los servicios penitenciarios hospitalarios».

La misma petición se ha cursado a «los Servicios Centrales Penitenciarios», al tiempo que se reclama a Instituciones Penitenciarias que aporte al juzgado el expediente incoado «para la aplicación a este interno de la libertad condicional por enfermedad grave». Aunque no está confirmado oficialmente, se espera que ese último trámite se haga hoy mismo, lo que obligaría al juez a decretar la libertad condicional sin más demora, cuando Uribetxebarria ha cumplido doce días en huelga de hambre.

En la entrevista publicada ayer por el diario «El País», Ángel Yuste, también rechaza las críticas que han dirigido al Gobierno del PP ciertas asociaciones de víctimas o sindicatos policiales. «Las decisiones de este tipo son siempre difíciles y a nadie se le escapan las consecuencias, pero creo que la ley tiene una interpretación consolidada en el tiempo y que aplicarla es la mejor forma de servir a los intereses generales. A los que nos piden probar, y es una prueba diabólica -destaca-, que no hemos cedido al chantaje, solo podemos presentar nuestra visión de la legalidad».

Yuste no es nuevo en el cargo, puesto que ya lo ocupó entre 1996 y 2004, bajo el mandato de José María Aznar, y además es funcionario del Cuerpo de Instituciones Penitenciarias.