Estos cuatro mossos d'Esquadra fueron indultados por segunda vez en el último Consejo de Ministros después de haberles concedido en febrero pasado un primer indulto parcial por el que se les conmutaban las distintas penas de prisión por una única de dos años de cárcel para cada uno de ellos.

Tras ese primer indulto, la Audiencia Provincial de Barcelona se negó sin embargo a concederles la suspensión de la pena de dos años de cárcel y por tanto debían entrar en prisión, por lo que los cuatro condenados por torturas a un ciudadano rumano solicitaron al Gobierno español un nuevo indulto para eludir la cárcel, que el pasado viernes les fue concedido conmutando la pena de prisión por dos años de multa.

Para estos doscientos jueces, entre los que destacan la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles y el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez García y magistrados vascos como Garbiñe Biurrun, Iñaki Subijana o Juan Carlos Iturri, «conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución».

«Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional», critican.

En el manifiesto, titulado ‘El indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad’, estos jueces defienden que la Audiencia de Barcelona, «en estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal», acordara el cumplimiento de la pena que quedaba tras el primer indulto.

A su juicio, este indulto «supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio».

Recuerdan por ello que el indulto «implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena y solo se justifica cuando su cumplimiento no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada».

Este caso de torturas ocurrió en julio de 2006, cuando cinco mossos d'esquadra detuvieron por error a un ciudadano rumano en Barcelona, le golpearon por todo el cuerpo, le amenazaron y le llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar.

La Audiencia de Barcelona condenó en 2008 a tres de los agentes a seis años y siete meses de prisión, a otro a dos años y tres meses, y al quinto a seis meses de cárcel. Estos agentes recibieron apoyo institucional por parte de la entonces consellera de Justicia, Montserrat Tura (PSC).

El Supremo rebajó en 2009 en un año y diez meses la condena a los tres principales acusados y posteriormente el Gobierno español concedió a cuatro mossos un indulto parcial que redujo la pena a dos años de cárcel, lo que abría la puerta a que se libraran de entrar en prisión.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona se negó a suspenderles la pena de prisión y pidieron el segundo indulto, que les fue otorgado la semana pasada.