El grupo parlamentario del PNV apuesta por «adecuar» la política penitenciaria vigente al nuevo escenario abierto tras el cese definitivo de la lucha armada. Así, propone un cambio en la «interpretación normativa» de la legislación carcelaria «a favor de la reinserción y la paz social». Es la enmienda a la totalidad más significativa de las presentadas hasta el momento ante una iniciativa de UPyD que provocará el debate sobre la política carcelaria en el Pleno de la Cámara de Gasteiz.

El PNV recomienda «desactivar» las medidas de excepción impuestas por los gobiernos de Madrid y París, reconociendo que el alejamiento de los presos políticos vascos se corresponde con «estándares de excepcionalidad». Considera que para avanzar en esta nueva «realidad social» deberán aplicarse los beneficios penitenciarios ordinarios que «legalmente correspondan a todos los presos y las presas».

No obstante, la enmienda firmada por el portavoz jeltzale, Joseba Egibar, también recalca que la política penitenciaria «debe articularse de modo que no impida ni la clarificación de la responsabilidad que hay detrás de cada vulneración de derechos humanos ni la reparación que merece».

Esta es la contrapropuesta de la formación de Iñigo Urkullu ante una Proposición no de Ley (PNL) presentada el pasado 3 de diciembre por el único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro. En la misma, el político unionista defiende la «necesidad de resolver todos y cada uno de los crímenes cometidos por ETA que a día de hoy siguen sin estar resueltos, de modo que las víctimas puedan recibir la justicia que merecen».

En referencia a la política penitenciaria vigente, Gorka Maneiro pide al Parlamento autonómico que «inste al Gobierno de España a que, en el desarrollo y la aplicación de la política penitenciaria, tenga presente la necesidad de que los presos colaboren con las autoridades y la justicia para resolver los delitos terroristas no resueltos».

Estas peticiones, a las que se debe sumar un punto que tiene por objeto que la Fiscalía General del Estado español persevere para esclarecer las acciones armadas de ETA que «aún siguen sin estar resueltas», no han recabado el apoyo del PSE ni tampoco del PP, ya que ambas formaciones han presentado sendas enmiendas de totalidad contra la PNL de Maneiro.

PSE: «Recuperar a los penados»

Por su parte, el PSE realiza una mención a la «reinserción» de los presos políticos, pero no solicita expresamente la derogación de las medidas excepcionales aplicadas a estos presos.

Tal como figura en el texto presentado por el portavoz del grupo socialista, José Antonio Pastor, el PSE propone instar al Gobierno español «a la asunción de una política penitenciaria que permita la recuperación para la democracia de los penados, sobre la base de la decisión individual de cada preso de proclamar la ilegitimidad del uso de la violencia, asumiendo su responsabilidad personal, dentro del marco legal».

Asimismo, el PSE, «consciente de la importancia de mantener la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo, expresa su respaldo al Gobierno vasco y al Gobierno de España, así como al Poder Judicial, en sus esfuerzos para esclarecer los atentados de ETA que aún no han podido ser resueltos».

Al igual que UPyD, su texto no menciona a las víctimas generadas por la FSE o por otros grupos ultras que todavía siguen sin ser esclarecidos, y que son la práctica totalidad.

Un par de cambios

Por su parte, el PP también presentó el miércoles una enmienda de totalidad contra la PNL de UPyD. No obstante, el texto de la formación derechista, firmado por Carmelo Barrio, no cambia por completo la iniciativa de Maneiro. Solo introduce un par de cambios.

La principal variación está relacionada con el papel del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. Mientras que el parlamentario de UPyD solicita al Parlamento que inste al mismo a revisar «todos los asesinatos de ETA que aún siguen sin estar resueltos», Barrio propone que la Cámara apoye la respuesta dada por el fiscal a las víctimas de la organización vasca.

En concreto, el parlamentario del PP hace referencia a la respuesta dada por Torres Dulce el pasado 4 de diciembre, cuando, según recuerda Barrio, el fiscal «manifestó que esos criminales serán objeto de atención especial y que se impulsarán las actuaciones necesarias para que tales hechos tengan la respuesta judicial correspondiente».

Este debate se solapará con otro presentado por el PP y que incide en reclamar a la Cámara que exija la disolución de ETA. Con estas dos iniciativas, las primeras que llevan a la Cámara, PP y UPN definen cuál será su prioridad en esta legislatura.