En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en el Palacio de Ajuria Enea, Urkullu ha señalado que su intención es que toda la política de Memoria, Víctimas y promoción de Derechos Humanos se integre en una única Secretaría General de Paz y Convivencia.
En este sentido, ha anunciado que el secretario general de Paz y Convivencia, dependiente de Lehendakaritza, será, tal y como ya se había publicado, Jonan Fernández; la directora de Derechos Humanos, Mónica Hernando; y el coordinador y asesor de «todas las víctimas» será Txema Urkijo.
Urkullu ha defendido a los tres responsables del área como las personas «idóneas» para llevar a cabo la labor de la nueva Secretaría que aglutinará todas las políticas sobre pacificación, convivencia, memoria, víctimas y derechos humanos.
Ha indicado que ninguno de los tres están afiliados a su partido, el PNV, y que todos tienen tras de sí un «pasado reconocido de esfuerzo en la promoción de los derechos humanos».
El lehendakari ha afirmado que «la acción de paz y convivencia es uno de tres ejes de actuación prioritarios» del Gobierno de Lakua, porque existe «una oportunidad histórica», y ha apuntado que los objetivos serán «trenzar el máximo consenso posible en el ámbito de la paz y la convivencia, sabiendo de la complejidad» que supone este tema.
En este sentido, ha asegurado que en este camino se requiere «consenso institucional, político y social», y ha afirmado que será necesario trabajar «una nueva cultura de la convivencia». Los tres objetivos serán, según ha explicado, «desarrollar la revisión crítica del pasado», consolidar «definitivamente la paz» y fortalecer la convivencia.
A preguntas de los periodistas, ha señalado que el fin de su nombramiento y de la creación de la Secretaría es afianzar la paz y la convivencia desde una visión «inclusiva» y que no se va fijar en las críticas, sino que quiere «mirar al futuro con esperanza e ilusión», aunque habrá que superar «obstáculos y resistencias». El lehendakari ha declinado valorar las críticas vertidas por partidos como PP y UPyD y colectivos como la AVT al nombramiento de Fernández.