En una nota, ELA ha asegurado que Lakua se ha reafirmado en la primera reunión, que «apuesta por la política de recortes aprovechando los decretos que vienen de Madrid para dar cobertura a sus propias medidas».
El sindicato ha exigido la retirada de la propuesta al Gobierno de Urkullu y ha reiterado su petición de que se respete el derecho a la negociación colectiva en el ámbito vasco «sin injerencias externas ni imposiciones, así como defender con firmeza el autogobierno, las políticas sociales y paralizar la destrucción del empleo público».
En ese sentido, han denunciado que la ampliación de la jornada laboral «destruirá empleo y va en contra del logro social de las 35 horas», una ley que, han recordado, «tuvo el apoyo del PNV en el Parlamento».
«El Ejecutivo plantea –ha incidido el sindicato– la desaparición de los días de asuntos particulares; hacer corta y pega del decreto de Rajoy en materia de IT; aceptar los recortes ya impuestos y los que puedan venir dependiendo de la coyuntura económica».
Ante esta «agresión» a los trabajadores, «sin precedentes y de una gravedad extrema», ELA ha animado a los empleados de los servicios públicos a seguir movilizándose para «cambiar de raíz estas políticas neoliberales».
LAB
Desde LAB, Itxaso Ortega ha declarado a Efe que no van «a tirar la toalla» pese a que ha reconocido que ven «difícil» que el Ejecutivo de Lakua dé marcha atrás en su intención de aumentar la jornada laboral.
Ha opinado que el mantenimiento de las 35 horas semanales era una cuestión «indispensable» como garantía de empleo y para no sobrecargar de trabajo a los funcionarios.
Sobre las otras medidas que Lakua pretende aprobar, ha opinado que algunas pueden ser «correctoras» pero ha lamentado que el Ejecutivo de Urkullu no va en la dirección de conseguir un modelo de sociedad que garantice unos servicios públicos de calidad y unas condiciones laborales dignas.
UGT
UGT ha acusado a Lakua de «haber montado un paripé de negociación» en la Mesa de Función Pública y le ha reprochado que haya «impuesto recortes y destrucción de empleo público». En su opinión, el Gobierno de Urkullu se ha «plegado» a los recortes aprobados por el Ejecutivo español al «imponer» la prolongación de la jornada laboral, suprimir días de asuntos particulares y de antigüedad y congelar el salario.
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