La evidencia de que la carga que costó la vida a Iñigo Cabacas fue ordenada sin ningún motivo que la justificara aumenta la polémica sobre la decisión del Departamento de no tomar ninguna iniciativa contra el mando y los agentes implicados, que están perfectamente identificados en el ámbito interno. Como reveló ayer GARA, Seguridad confirma que mantiene en su puesto al responsable de la central de Deustua que coordinó la operación –el tristemente famoso «Ugarteko»–. Existe un expediente interno por estos hechos, pero lleva un año parado.

En la comparecencia parlamentaria del 12 de abril de 2012, el entonces consejero de Interior, Rodolfo Ares, abrió su intervención garantizando que se tomarían medidas internas. «Quiero anunciarles que ayer mismo ordené que se abra el correspondiente expediente interno a todos los agentes que intervinieron directamente en esta actuación policial, al objeto de determinar si su actuación se ajustó a los procedimientos establecidos en el trabajo que tiene que desarrollar nuestra policía y en su caso, si fuera necesario, depurar las responsabilidades de acuerdo con el reglamento interno de la Ertzaintza», aseveró.

Sin embargo, en la recta final de aquella larga comparecencia, cuando el número de periodistas y cámaras se había reducido sensiblemente, Ares introdujo una matización que apenas llegó ya a la opinión pública: «No lo he aclarado en mi primera intervención, y quiero hacerlo para que no dé lugar a equívocos. El reglamento interno de la Ertzaintza establece que se abra el expediente, como he indicado, pero que cuando, como en este caso, hay una actuación judicial, el expediente queda paralizado y se completa, se reactiva y completa, independientemente cuál sea la decisión judicial, después de que la Justicia se pronuncie».

Ese mismo criterio ha sido mantenido tras el relevo en el Gobierno de Lakua, según confirmaron a este diario anteayer desde el Departamento que dirige Estefanía Beltrán de Heredia. Y es lo que hace que, pese a la claridad de las grabaciones difundidas por GARA, siga sin procederse siquiera al relevo de los agentes responsables.

Su identidad, por lo demás, está perfectamente acotada, comenzando por la de «Ugarteko» y siguiendo por la de los agentes que realizaron la carga. Según explicó en el Parlamento el entonces director de la Ertzaintza, Antonio Varela, en las tres furgonetas que se colocaron junto al callejón de María Díaz de Haro había 24 ertzainas, ocho por vehículo, pero solo nueve escopetas lanzapelotas, tres en cada furgoneta. Al parecer, solo seis agentes dispararon.

Y, pese a todo ello, en julio pasado el consejero de Interior del PSE trasladó a la familia Cabacas Liceranzu que «era casi imposible conocer la verdad», según notificó esta a la opinión pública mediante un escrito. En ella sus allegados revelaban, y denunciaban, que Interior les había ofrecido una indemnización que rechazaron de plano.

La familia pidió grabaciones

En aquella nota de la familia aparecen algunos datos que en este momento cobran más relevancia tras la publicación de las comunicaciones, de las que no había constancia pública alguna hasta ahora pese a que Ares y Beltrán de Heredia hayan afirmado que fueron puestas a disposición judicial.

En el cuarto punto de la nota la familia Cabacas Liceranzu denunciaba que «en la citada actuación no se siguieron los protocolos de actuación normales en estos casos: no hay grabaciones de los hechos por parte de los agentes, no hay identificación de la asignación de las escopetas, ni del número de pelotas que se dispararon».

Así las cosas, los allegados del malogrado joven hicieron entonces, hace ya nueve meses, una «petición de ayuda a quienes puedan tener algún vídeo o grabación de algún tipo que puedan ayudar al esclarecimiento de lo sucedido».

En el resto de la nota, la familia introducía otras consideraciones que quedan reforzadas ahora por la difusión de las comunicaciones internas de la Ertzaintza. A partir de sus propios datos, se mostraba convencida de que «no hubo altercado ni razón alguna para la intervención policial, por lo que la misma no fue necesaria, ni justificada. La Policía autónoma cargó sin aviso previo, de manera continuada y dirigiendo las escopetas directamente a las personas que allí se encontraban».

Añadía que luego «los agentes obstaculizaron la ayuda a Iñigo, golpeando incluso a quienes se encontraban junto a él atendiéndole». La joven de Málaga, con conocimientos sanitarios, que fue la primera en auxiliarle ha confirmado que un ertzaina trató de apartarle del lugar.

Las grabaciones no dejan lugar a dudas de que la Ertzaintza –tanto los agentes desplazados al callejón como el responsable de Deustua– supieron desde el primer momento que había un herido grave y que la hipótesis principal era un pelotazo, pese a las dos referencias, primero por ignorancia y después con sarcasmo, que se hacen a que pueda tratarse de un desmayo.

Por todo ello, la familia sostenía ya en julio pasado que el Departamento de Interior no estaba actuando con la exigible transparencia. Al mismo tiempo, rechazaba su propuesta de indemnización económica explicando que lo que los allegados quieren es «justicia y garantías de no-repetición. Es nuestro mejor homenaje a Iñigo».