Esta mañana se ha conocido la sentencia de la Audiencia de Barcelona en el juicio sobre las torturas sufridas por varios internos de la cárcel de Quatre Camins, en Roca del Vallés (Barcelona), después del motín de 2004. La pena más alta ha sido para el entonces subdirector médico, Xavier Martínez Redondo, condenado a tres años y cinco meses de prisión por siete delitos de atentado contra la integridad moral y otras siete faltas de lesiones.

La misma sentencia explicita, sin embargo, que el cumplimiento máximo de la pena sería de 18 meses, a lo que se suman 1.050 euros en multas y la inhabilitación profesional. Otros cinco funcionarios han sido condenados a penas de entre cuatro y doce meses, que no comportan ingreso en prisión.

Llama la atención que la Audiencia de Barcelona les ha aplicado condenas más bajas de las previstas por el Código Penal para casos de atentado contra la integridad, algo que ha ocurrido al aplicárseles un atenuante por las dilaciones indebidas en el proceso judicial. Unas dilaciones de las que la acusación ejercida por los reclusos ha responsabilizado durante años precisamente a los acusados. De igual forma, resulta sorprendente que la sentencia no reconozca las agresiones a los reclusos como torturas, rechazando la tesis de la acusación y de la propia fiscalía.

Resalta también la condena a la Generalitat de Catalunya -responsable de las prisiones- como responsable civil subsidiaria, lo que implica que deberá pagar las multas de los condenados si estos se declaran insolventes.

Los hechos de 2004

El 30 de abril de 2004, la tensión en la cárcel de Quatre Camins, alimentada por las denuncias de violación de los derechos de los reclusos –en 2002 ya hubo otro motín–, estalló en una serie de altercados en los que resultó gravemente herido un subdirector del centro. Reprimida la protesta, los funcionarios se dispusieron la noche del 30 de abril al 1 de mayo a trasladar a 56 presos supuestamente implicados en el motín a otras cárceles.

Según denuncian los prisioneros afectados, con la ayuda de otros funcionarios que no estaban de servicio, los carceleros crearon un pasillo humano por el que pasaban los internos desde sus celdas hasta el departamento de ingresos, durante el cual fueron agredidos indiscriminadamente con patadas, golpes de puño y de porras de goma.

Tras el motín y las consabidas represiones se iniciaron dos procesos judiciales paralelos: uno contra 17 presos amotinados y el otro contra los funcionarios denunciados por maltratar a los reclusos. Mientras que la sentencia del segundo se ha conocido esta mañana, el primero fue mucho más veloz y acabó en 2008 con la condena de siete reclusos por un delito de homicidio en grado de tentativa y de otros siete por faltas de lesiones –tres fueron absueltos–. Algunos presos vieron incrementada su pena en hasta 19 años más.